Juez del caso Plus Ultra imputa a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero

Un juez de España ordenó la imputación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación conocida como el caso Plus Ultra. La misma decisión fue adoptada respecto a María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria del exmandatario.

La medida fue tomada luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara formalmente que las tres comparezcan en calidad de investigadas. La petición también había sido promovida previamente por la acusación popular. Las fechas de las declaraciones serán definidas posteriormente mediante una nueva resolución judicial.

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En el auto, el magistrado no especifica los delitos concretos que se atribuyen a las hijas de Zapatero ni a su secretaria. Sin embargo, recuerda que el expresidente está siendo investigado principalmente por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Respecto a Alba y Laura Rodríguez Espinosa, el juez señala que ambas figuran como administradoras formales de Whathefav, una sociedad que los investigadores consideran instrumental para recibir fondos presuntamente vinculados a las gestiones realizadas por Zapatero para favorecer la concesión del rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra Líneas Aéreas.

Según la resolución, la presunta participación de la empresa en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relacionadas con los hechos investigados justifica que sus administradoras sean llamadas a declarar como investigadas y no como testigos.

El magistrado argumentó que una citación en calidad de testigos las obligaría a decir la verdad y a no reservar información, lo que podría comprometer su derecho fundamental a no declarar contra sí mismas ni confesarse culpables. Por ello, concluyó que la condición de investigadas es necesaria para garantizar plenamente sus derechos procesales.

En cuanto a María Gertrudis Alcázar Jiménez, el juez sostiene que existen elementos suficientes para atribuirle una participación relevante dentro de la estructura investigada. De acuerdo con informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la secretaria habría desempeñado funciones operativas clave siguiendo instrucciones directas de Zapatero.

La investigación la sitúa como una pieza esencial en la coordinación, elaboración y respaldo documental de las operaciones bajo sospecha. Según el análisis de correos electrónicos intervenidos, Alcázar habría participado en la preparación de documentación destinada a dar apariencia formal a pagos realizados y recibidos por el entramado societario investigado.

En la misma resolución, el juez rechazó otras diligencias solicitadas tanto por la acusación popular unificada como por la defensa de Zapatero.

Entre ellas, desestimó una petición del expresidente para ampliar una solicitud de cooperación judicial dirigida a Estados Unidos. La defensa buscaba incorporar información relacionada con la incautación del teléfono móvil de un empresario investigado, dispositivo en el que se encontraron mensajes considerados comprometedores para el exjefe del Gobierno español.

El magistrado indicó que primero deberá recibirse la respuesta de las autoridades estadounidenses sobre la autorización para utilizar ese material en un eventual juicio. Solo entonces se evaluará la necesidad de profundizar en aspectos adicionales relacionados con la obtención y el contenido de dicho teléfono móvil.

La decisión representa un nuevo avance en una investigación que sigue ampliándose y que examina las circunstancias que rodearon el rescate público concedido a Plus Ultra, así como las presuntas actuaciones de intermediación y movimientos financieros vinculados al caso.