Colombiano y su esposa, culpables de millonario fraude de US$1.6 millones con fondos federales en Estados Unidos

Un jurado federal en Utica, Nueva York, declaró culpables al colombiano Luis Pino-Copete, de 42 años, y a su esposa, Jael Watts, de 45, por participar en un esquema mediante el cual presentaron solicitudes falsas para acceder a recursos de programas federales de Estados Unidos destinados a adultos mayores, personas con discapacidad y personas sin hogar.

El veredicto fue emitido el 2 de octubre de 2026, después de un juicio de varias semanas. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pareja intentó obtener más de US$13 millones mediante solicitudes relacionadas con servicios que, según las pruebas presentadas durante el proceso, no habían sido prestados. Las autoridades determinaron que el esquema permitió obtener más de US$1,6 millones.

El centro de la operación era Pearl Transit Corporation, una empresa con sede en Nueva Jersey que afirmaba disponer de conductores en varios estados para transportar a adultos mayores y personas con discapacidad. La compañía también reportaba la prestación de servicios de asistencia dirigidos a personas sin hogar.

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Sin embargo, las investigaciones determinaron que Pearl Transit no tenía contratados a los conductores que aparecían en los documentos entregados a las entidades públicas y tampoco había prestado los servicios incluidos en las solicitudes de reembolso.

Para sustentar los cobros, fueron utilizadas identidades de personas reales y se elaboraron registros falsos de empleados y clientes. Entre las personas que figuraban como beneficiarias de los servicios aparecieron algunas que ya habían fallecido para las fechas en las que, según los documentos, habían sido atendidas por Pearl Transit.

También fueron registradas como conductores personas que no tenían licencia o que nunca habían conducido un vehículo. Una mujer incluida entre los supuestos trabajadores de la compañía únicamente tenía un permiso de aprendizaje cuando fue presentada en los documentos como conductora de Pearl Transit.

El esquema funcionó entre julio de 2019 y octubre de 2025 y estuvo vinculado con recursos administrados a través del Departamento de Transporte y del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos. Entre los programas utilizados estaba la Sección 5310 de la Administración Federal de Tránsito, creada para apoyar servicios de movilidad destinados a adultos mayores y personas con discapacidad.

También fueron involucrados recursos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario y de la Subvención para Soluciones de Emergencia. Una parte de los fondos había recibido financiación durante la pandemia de covid-19 mediante la Ley CARES.

La investigación tomó impulso a finales de 2024, cuando Watts solicitó cerca de US$750.000 al Departamento de Transporte del estado de Nueva York mediante el programa de la Sección 5310. Durante la revisión de la documentación, la Contraloría estatal encontró facturas que generaron sospechas y abrió una auditoría.

Según el Departamento de Justicia, ante esa revisión Watts y Pino-Copete elaboraron documentos falsos y utilizaron identidades robadas con el propósito de acreditar que Pearl Transit había realizado los servicios por los cuales estaba solicitando los recursos.

Para febrero de 2026, el inspector general del Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que la Administración Federal de Tránsito había suspendido a Pino-Copete para participar en transacciones federales. Watts y Pearl Transit ya habían sido suspendidos desde diciembre de 2025.

Pino-Copete figuraba como gerente regional de la compañía, mientras que Watts aparecía como gerente de operaciones. Para ese momento habían presentado comprobantes por US$1.275.550 ante el Departamento de Transporte de Nueva York. Aunque el valor de las solicitudes fraudulentas superó los US$13 millones, la investigación estableció que la pareja consiguió más de US$1,6 millones procedentes de diferentes programas y jurisdicciones de Estados Unidos.

De ese total, US$529.500 correspondieron a fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario del condado de Gwinnett, Georgia; US$429.885 provinieron del programa de la Sección 5310 en Los Ángeles; US$283.000 correspondieron a recursos de la Subvención para Soluciones de Emergencia del condado de Kern, California, y otros US$379.149 fueron obtenidos mediante fondos de la Sección 5310 de Raleigh, Carolina del Norte.

Las autoridades siguieron el movimiento del dinero y establecieron que más de US$1,5 millones obtenidos de manera fraudulenta mediante recursos provenientes de Georgia, Carolina del Norte y California terminaron destinados a gastos personales.

Entre esos desembolsos fueron identificados más de US$100.000 destinados al alquiler de vehículos Porsche y otros US$100.000 gastados en compras en Loro Piana, en Manhattan. La investigación también estableció que durante 2024 la pareja realizó un viaje de casi un año por Colombia, Aruba y varios países europeos.

De acuerdo con la información presentada por el Departamento de Justicia, Watts y Pino-Copete contrajeron matrimonio en Colombia en 2023. El colombiano comenzó a participar en el esquema en enero de 2024. Pino-Copete ingresó a Estados Unidos en enero de 2025 con una visa que había sido expedida en diciembre de 2024. Según las pruebas conocidas durante el proceso, su intervención aumentó después de que Watts fuera acusada inicialmente de fraude electrónico en julio de 2025.

Tras la detención de Watts y la revisión de sus dispositivos electrónicos, los investigadores encontraron conversaciones entre la pareja relacionadas con la preparación de documentos falsos para responder a la auditoría que examinaba las operaciones de Pearl Transit.

Entre las comunicaciones presentadas durante el proceso apareció un mensaje en el que Watts manifestó: “Hay que estar comprometido con este tipo de trabajo... y yo lo estoy”. En otra conversación afirmó: “No son listos... nosotros somos mucho más listos”.

La investigación también abordó solicitudes de recursos vinculadas con supuestas prótesis dentales para personas sin hogar. De acuerdo con las pruebas presentadas ante el jurado, los acusados aseguraban que esos tratamientos eran entregados gratuitamente.

Las autoridades sostuvieron, sin embargo, que las prótesis eran fabricadas en una vivienda mediante una impresora 3D y que las personas pagaban por el escaneo de la boca y por la instalación de las piezas. Durante el juicio, el Departamento de Justicia presentó imágenes y videollamadas en las que aparecía dinero recibido de pacientes. Según el organismo, parte de esos recursos también terminó destinada a gastos personales. Al finalizar el juicio, el jurado declaró culpables a Watts y Pino-Copete de los cargos incluidos en una tercera acusación sustitutiva presentada en el caso.

Watts fue declarada culpable de un cargo de declaración falsa, un cargo de robo de identidad agravado y cinco cargos de fraude electrónico. Además, tanto ella como Pino-Copete fueron encontrados culpables de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de documentos y robo de identidad agravado.

La audiencia en la que se conocerá la sentencia quedó programada para el 21 de enero de 2027 ante el juez federal Anthony J. Brindisi. De acuerdo con el Departamento de Justicia, ambos enfrentan una pena mínima obligatoria de dos años de prisión y una pena máxima de 20 años. También pueden recibir multas de hasta US$250.000 y hasta tres años de libertad condicional supervisada.

A las posibles penas de prisión y sanciones económicas se suma una orden de restitución por al menos US$1,9 millones, dentro del proceso por el esquema mediante el cual fueron utilizados documentos falsificados, identidades reales y una empresa que reportaba servicios que, según las pruebas presentadas ante el jurado, no habían sido prestados.

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