Francisco Barbosa anuncia acciones legales por presuntas “chuzadas” de la DNI

El exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa anunció que emprenderá acciones legales por las presuntas interceptaciones, seguimientos y actividades de inteligencia que habrían sido realizadas en su contra mientras dirigía la Fiscalía, durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El pronunciamiento se produjo después de que la revista Semana revelara los resultados de una auditoría forense practicada a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella, en la que se documentaron presuntas irregularidades en el funcionamiento de ese organismo durante la administración anterior.

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Según la información publicada por Semana, la revisión habría encontrado indicios de que la DNI operó mediante una estructura paralela que habría sido utilizada para actividades con fines políticos y otras actuaciones presuntamente irregulares.

El informe también señala la existencia de un grupo interno denominado “contrainteligencia de Estado”, que habría reportado directamente al entonces presidente Gustavo Petro.

Otro de los aspectos reseñados en la auditoría corresponde a un supuesto procedimiento mediante el cual se habrían creado amenazas contra determinadas personas para justificar posteriormente la asignación de esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) o de la Policía. Las revelaciones también apuntan a presuntas actividades de seguimiento contra personas que eran consideradas opositoras o que ocupaban cargos desde los cuales tuvieron diferencias con el Gobierno de Petro. Entre los nombres mencionados aparece Francisco Barbosa, quien ejerció como fiscal general de la Nación entre 2020 y 2024.

De acuerdo con Semana, las actuaciones no se habrían limitado a la DNI. La publicación sostiene, con base en la información recopilada, que dentro de las actividades señaladas también aparecen la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y algunos integrantes de la Policía y el Ejército. Una alta fuente de la UIAF consultada por la revista aseguró que, a partir de órdenes de trabajo impartidas desde esa entidad, se habrían realizado escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos relacionadas con Barbosa.

La misma fuente señaló que otras personas también habrían sido objeto de monitoreo. Entre ellas mencionó a la entonces vicefiscal general Martha Mancera; la exprocuradora Margarita Cabello; el excontralor general Carlos Felipe Córdoba; los generales retirados Eduardo Zapateiro, Luis Fernando Navarro y Jorge Luis Vargas; el expresidente Iván Duque; María Fernanda Cabal; Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay. Tras conocer las revelaciones, Barbosa anunció que acudirá el lunes 5 de octubre a la Fiscalía General de la Nación para presentar formalmente una denuncia penal por los hechos que presuntamente ocurrieron mientras estaba al frente del organismo investigador.

El exfiscal indicó que la acción será presentada contra quienes resulten responsables de ordenar, ejecutar, encubrir o recibir información obtenida mediante las presuntas actividades ilegales, independientemente del cargo o nivel jerárquico que hubieran ocupado. “Si los hechos se confirman, constituirían uno de los ataques más graves contra la independencia de la justicia en la historia reciente del país. Hablamos de usar el aparato de inteligencia del Estado para vigilar al Fiscal General, precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del entonces presidente. Eso habría sido un intento de intimidar y neutralizar a la justicia”, señaló Barbosa.

El exfiscal también sostuvo que las autoridades administrativas y los organismos de inteligencia no están facultados para interceptar comunicaciones sin una orden judicial. En su pronunciamiento hizo referencia al artículo 15 de la Constitución Política y a la Ley 1621 de 2013.

Barbosa informó, además, que solicitará formalmente a la UIAF y a la DNI la entrega de la información que exista sobre su persona, incluidas las órdenes de trabajo y los registros relacionados con las presuntas actividades de seguimiento.

También pedirá que sean preservados los documentos y demás elementos que puedan servir como evidencia dentro de las investigaciones que se adelanten para determinar qué ocurrió, quién impartió las órdenes y quiénes participaron en su ejecución.

El exfiscal señaló que, en caso de que las investigaciones involucren a personas con fuero constitucional, acudirá ante las autoridades que tengan competencia para conocer esos casos.

La auditoría que dio origen a las revelaciones examinó información correspondiente al funcionamiento de la DNI durante el Gobierno Petro. Según los reportes conocidos, la revisión comprendió cerca de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo y cinco teléfonos celulares y tabletas, elementos que quedaron a disposición de las autoridades para establecer el alcance de las presuntas irregularidades.

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