Alex Saab llega a un acuerdo con Estados Unidos: entregará US$195 millones y colaborará con la justicia

Alex Nain Saab Morán se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y acordó colaborar con las autoridades estadounidenses en investigaciones relacionadas con corrupción y contratos públicos en Venezuela.

La declaración se produjo el 15 de septiembre ante la jueza Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Saab aceptó entregar US$195 millones y cooperar con las autoridades en investigaciones federales en curso. La Fiscalía estadounidense informó que enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque la sentencia definitiva será determinada por la jueza. 

La audiencia de sentencia está prevista para el 20 de enero de 2027. La cooperación acordada podría ser considerada por la Fiscalía y por la jueza al momento de definir las condiciones de la sentencia, de acuerdo con el proceso judicial.

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La nueva acusación contra Saab se centra en operaciones vinculadas con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa creado por el Gobierno venezolano para distribuir alimentos y otros productos a sectores de la población.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Saab admitió haber participado durante varios años en un esquema mediante el cual empresas controladas por él y sus asociados obtenían contratos del Gobierno venezolano para importar alimentos y otros productos.

Los fiscales estadounidenses sostienen que el esquema incluyó pagos indebidos a funcionarios venezolanos, compañías utilizadas para ocultar a los verdaderos beneficiarios, facturas falsas y documentación de envíos presuntamente manipulada. De acuerdo con la acusación, parte de los recursos obtenidos fueron posteriormente transferidos a través de cuentas bancarias internacionales, incluidas cuentas en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia también ha señalado que la investigación incluyó operaciones relacionadas con petróleo de Petróleos de Venezuela (PDVSA). Según la acusación presentada en mayo de 2026, Saab y otros implicados habrían utilizado sus relaciones con funcionarios venezolanos para acceder a petróleo de la compañía estatal y realizar operaciones destinadas a generar recursos para el esquema investigado.

El acuerdo de culpabilidad contempla que Saab coopere con fiscales estadounidenses en investigaciones federales. Esa cooperación ha generado expectativa sobre la información que podría entregar acerca de funcionarios, contratistas y empresarios relacionados con las operaciones investigadas.

Reportes periodísticos publicados después de la audiencia señalan que las investigaciones podrían incluir posibles pagos a personas cercanas al entorno político de Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos. Sin embargo, estos señalamientos hacen parte de líneas de investigación y de información reportada por medios de comunicación, por lo que la eventual responsabilidad de terceros deberá establecerse mediante procesos judiciales independientes. (El Diario)

Entre los aspectos mencionados en esos reportes aparecen presuntos pagos y negocios relacionados con familiares y personas cercanas a funcionarios del Gobierno venezolano. Las autoridades estadounidenses no han anunciado, en el comunicado oficial sobre la declaración de culpabilidad, nuevas acusaciones contra esas personas a partir de la cooperación de Saab.

La investigación también ha despertado interés en Colombia debido a los vínculos empresariales que Saab mantuvo con el país antes de trasladar buena parte de sus operaciones a Venezuela.

Reportes periodísticos han mencionado posibles conexiones entre negocios relacionados con Venezuela, empresas colombianas y personas cercanas a figuras políticas del país. Entre los asuntos bajo revisión aparecen operaciones petroleras, negocios relacionados con PDVSA y posibles gestiones comerciales alrededor de compañías que han tenido actividades en Colombia.

Estas referencias todavía deben diferenciarse de los hechos que Saab reconoció formalmente ante la justicia estadounidense. En el acuerdo conocido públicamente, su declaración de culpabilidad está relacionada con la conspiración para lavar recursos derivados de un esquema de corrupción y fraude asociado principalmente con contratos públicos venezolanos

Por esa razón, cualquier eventual implicación de empresarios, funcionarios o dirigentes colombianos deberá establecerse a partir de pruebas y actuaciones judiciales, y no únicamente por la aparición de sus nombres en reportes sobre la investigación.

Saab ya había enfrentado un proceso en Estados Unidos.

Esta no es la primera vez que Saab enfrenta un proceso judicial en Estados Unidos. En 2021 fue extraditado desde Cabo Verde a Miami por una acusación relacionada con lavado de dinero derivado de un esquema de sobornos.

En diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concedió clemencia y Saab regresó a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros. Posteriormente, fiscales estadounidenses abrieron una nueva investigación y presentaron una nueva acusación en enero de 2026. Saab fue trasladado nuevamente a Estados Unidos en mayo de este año. 

La nueva causa es independiente de aquella investigación anterior. En el proceso actual, Saab aceptó responsabilidad por conspiración para lavar dinero y acordó cooperar con las autoridades.

Qué sigue en el proceso

El próximo paso será la audiencia de sentencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida. Saab enfrenta legalmente una pena máxima de 20 años por el delito por el que se declaró culpable, aunque la pena que finalmente se imponga dependerá de la decisión judicial y de los factores contemplados por las normas federales de Estados Unidos. 

También está pendiente determinar qué información aportará Saab a los investigadores y si esa cooperación dará lugar a nuevas investigaciones, acusaciones o procesos contra otras personas.

Por ahora, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado su declaración de culpabilidad, el acuerdo para entregar US$195 millones y su compromiso de colaborar con las autoridades. Las posibles consecuencias para terceros dependerán de las pruebas que sean obtenidas y de las decisiones que adopten los fiscales y los tribunales.

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