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Un alcalde de Chocó entre los seis capturados por minería ilegal

Son responsables de contaminación ambiental y la destrucción de zonas de reserva. Se les señala de extraer oro de manera ilegal. Uno de los financiadores y articuladores sería el alcalde de Medio San Juan.

Un alcalde de Chocó entre los seis capturados por minería ilegal
Por LeidyHernandez | Vie, 08/04/2022 - 07:42 Créditos: Fiscalía General

La Fiscalía General de la Nación logró un contundente golpe contra la minería ilegal en el departamento del Chocó. Se trató de la captura de seis presuntos miembros de la organización ‘Zares II’, entre quienes se encuentra el alcalde de Medio San Juan, José Oliver Moreno.

El alcalde local junto a cinco personas son procesadas tras ser señalados de extraer ilegalmente oro en áreas protegidas en Chocó y venderlo mediante diferentes maniobras. Así mismo, se iniciaron labores de ocupación de 14 bienes afectados en Risaralda, Antioquia y Chocó.

El golpe al patrimonio ilícito y la estructura se logró a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, y en un trabajo articulado con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional.

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Minería ilegal desarrollada por Los Zares II, banda desarticulada por las autoridades nacionales / Fiscalía General

 

Según el material de prueba de las autoridades, 'Los Zares II' son responsables de la contaminación ambiental y la destrucción de varias zonas de reserva forestal y territorios de comunidades afrocolombianas en Chocó, producto de la agresiva extracción ilícita de oro.

Los capturado como presuntos integrantes de la organización fueron judicializados. Entre los denominados articuladores se identificó a:

  • Isaac de Jesús Vargas Urieta, señalado de controlar los entables en Atrato, Río Quito y Paimado
  • José Oliver Moreno, alcalde de Medio San Juan o Andagoya (Chocó), quien tendría complejos mineros en inmediaciones de los ríos Tamaná y San Juan, los cuales funcionaban clandestinamente y mediante el uso de dragas y excavadoras.
  • José Darlinton Agualimpia Mosquera, supuesto hombre de confianza del procesado alcalde municipal y el encargado de manejar directamente los frentes de minería
  • Los demás investigados estarían vinculados a la búsqueda del metal precioso sobre las diferentes fuentes hídricas.
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Alcalde José Oliver Moreno junto a los demás capturados por minería ilegal / Fiscalía General 

 

Tras operaciones de las autoridades, se constató deforestación, pérdida de ecosistemas nativos, afectación al suelo y la capa vegetal, así como contaminación física y química del agua por el vertimiento de sustancias tóxicas.

Por otro lado, la Fiscalía estableció que el oro obtenido, al parecer, era amparado con títulos mineros que conseguía la red mediante diferentes maniobras y certificaciones de compañías y proveedores fachada. Así, supuestamente, le daba una apariencia de legalidad para comercializarlo.

Ante los hallazgos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los seis presuntos integrantes de ‘Los Zares II’ los delitos de:

  1. Concierto para delinquir
  2. Explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales
  3. Financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica
  4. Contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero.
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Incautación de bienes tras los hallazgos contra Los Zares II / Fiscalía General

 

La Fiscalía solicitó la imposición de medidas de aseguramiento privativas de la libertad contra los procesados; sin embargo, el juez de control de garantías no accedió a la petición. La decisión fue apelada.

Por otro lado, una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre cuatro inmuebles rurales, ocho urbanos y dos establecimientos de comercio.

Los bienes, cuyo valor alcanzaría los 3.000 millones de pesos, pertenecerían a ‘Los Zares II’. 11 de estas propiedades fueron ocupadas en diligencias realizadas en Istmina (Chocó), Pereira (Risaralda) y Medellín (Antioquia).

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