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Medida de extinción de dominio en bienes avaluados en más de $30 billones
Bajo la estrategia 'Argenta', la Fiscalía General de la Nación logra afectar estos bienes en casi cuatro años, rompiendo un récord dentro de la entidad.
La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha alcanzado ha impuesto medidas cautelares sobre bienes valuados en más de $30 billones en casi cuatro años. Esta cuantía representa la mayor en la historia de la entidad, bajo la dirección del Fiscal General Francisco Barbosa Delgado.
Estrategia 'Argenta'
La estrategia 'Argenta', liderada por el Fiscal General, tiene como objetivo central afectar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia en general. En el marco de esta iniciativa, se han ejecutado medidas cautelares sobre un total de 31.075 propiedades, adquiridas con dineros ilícitos o utilizadas para la comisión de diversos delitos.
Las acciones emprendidas han abarcado la ocupación de 6.016 predios urbanos y 1.946 rurales, así como 927 establecimientos de comercio. Adicionalmente, se han afectado 18.317 semovientes, 475 sociedades, y 2.859 vehículos, embarcaciones y aeronaves, revelando la amplitud de la operación.
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Impacto directo en grupos narcotraficantes
El trabajo coordinado entre fiscales y equipos de policía judicial ha tenido un impacto significativo en grupos narcotraficantes, afectando bienes valuados en más de $22 billones. Activos vinculados a la explotación ilícita de recursos naturales, redes de contrabando, delitos económicos, bandas de delincuencia común y personas implicadas en actos de corrupción también han sido arrebatados.
Algunos casos de extinción de dominio
Entre los casos relevantes, se destaca la afectación de bienes valuados en más de $4 billones relacionados con una red de lavado de activos vinculada al 'Clan del Golfo'. Asimismo, un megaoperativo en contra de una cadena de almacenes en la Costa Atlántica ha resultado en la ocupación de bienes por más de $1,2 billones.
Todos los bienes afectados durante esta administración han sido entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su adecuada administración, asegurando una gestión eficiente de los recursos confiscados.
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