Tribunal Superior de Bogotá ordenó libertad inmediata del exministro Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este jueves 5 de noviembre de 2026 la libertad inmediata del exministro del Interior Luis Fernando Velasco Chávez, procesado por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), al considerar que actualmente no existen elementos suficientes para establecer que represente un peligro para la comunidad o que pueda continuar utilizando instituciones del Estado para cometer las conductas delictivas que le atribuye la Fiscalía General de la Nación.

La determinación permite que el exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro continúe afrontando en libertad el proceso penal relacionado con presuntas irregularidades en la contratación pública y el supuesto direccionamiento de recursos estatales para obtener respaldo de congresistas a iniciativas del Ejecutivo.

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Uno de los argumentos centrales del Tribunal está relacionado con el retiro de Velasco de la actividad gubernamental y las circunstancias políticas actuales, que, según la corporación, impiden establecer que el exministro conserve las mismas posibilidades de intervención en las entidades públicas que tenía durante el periodo en el que habrían ocurrido los hechos investigados.

Durante la exposición de los fundamentos de la decisión, el magistrado señaló que no encontraba elementos para sostener que Velasco pudiera seguir utilizando la estructura administrativa del Estado con los propósitos que le atribuye el organismo investigador.

“No se ve cómo Luis Fernando Velasco Chávez podría seguir instrumentalizando la estructura estatal si es que alguna vez lo hizo”, expresó el magistrado, de acuerdo con los apartes de la decisión conocidos este jueves.

El pronunciamiento estuvo relacionado con los argumentos de la Fiscalía sobre la necesidad de mantener una medida de aseguramiento para evitar que los presuntos integrantes de la organización investigada continuaran desarrollando actividades que comprometieran recursos públicos.

Frente a ese planteamiento, el Tribunal sostuvo que las circunstancias que habrían permitido la ejecución de las conductas investigadas cambiaron con la terminación del gobierno de Gustavo Petro, del cual Velasco hizo parte como ministro del Interior.

La corporación también examinó las diferencias entre la anterior administración nacional y el Gobierno actual. En ese contexto, el magistrado describió a la administración vigente como “una antítesis” del gobierno al que perteneció el exfuncionario, expresión utilizada al explicar por qué no encontraba acreditado el riesgo de continuidad de las presuntas conductas delictivas.

La decisión se refiere específicamente a la necesidad de mantener la privación preventiva de la libertad y no resuelve la responsabilidad penal de Velasco por los hechos que le atribuye la Fiscalía.

El exministro está acusado de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, conductas relacionadas con una supuesta organización que habría intervenido en la asignación de contratos de entidades estatales para conseguir apoyos políticos en el Congreso de la República.

Según la investigación de la Fiscalía, Velasco y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla González habrían participado en acuerdos para favorecer intereses de determinados congresistas mediante proyectos y contratos de la UNGRD y del Instituto Nacional de Vías (Invías).

Las actuaciones investigadas se remontan a 2023, cuando el Gobierno nacional tramitaba iniciativas legislativas y requería respaldos parlamentarios para avanzar en su agenda. El ente acusador sostiene que algunos funcionarios habrían utilizado la contratación pública como mecanismo de negociación con integrantes del Congreso.

Dentro de esa investigación aparecen actuaciones relacionadas con proyectos de infraestructura y atención de emergencias en diferentes departamentos, así como gestiones adelantadas por funcionarios y asesores de las entidades involucradas.

Velasco ha rechazado los señalamientos en su contra y el proceso continúa ante la justicia.

La situación judicial de Velasco ha tenido varias modificaciones desde diciembre de 2025. El 18 de ese mes, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su privación de la libertad en un establecimiento carcelario, pese a que la Fiscalía había solicitado inicialmente que la medida preventiva se cumpliera en su residencia.

Posteriormente, el 30 de abril de 2026, el Tribunal confirmó la medida de aseguramiento que lo mantenía privado de la libertad. Ese mismo día, la Fiscalía formalizó la acusación contra Velasco y Bonilla ante la Corte Suprema de Justicia por los hechos relacionados con la contratación de la UNGRD.

El 6 de agosto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema resolvió una acción de tutela presentada por la defensa de Velasco y ordenó dejar sin efectos la medida de aseguramiento que se había impuesto en su contra. La corporación encontró una vulneración del debido proceso porque la autoridad judicial había dispuesto una modalidad de detención más restrictiva que la solicitada por el organismo acusador.

Sin embargo, el 19 de agosto, el Tribunal Superior de Bogotá legalizó una nueva captura del exministro y le impuso detención preventiva domiciliaria. También le prohibió comunicarse con otros investigados dentro del expediente de la UNGRD.

Esta última medida es la que antecedió a la decisión adoptada el 5 de noviembre, mediante la cual el Tribunal dispuso nuevamente su libertad, después de examinar las condiciones actuales relacionadas con los riesgos que habían sustentado su privación preventiva.

En paralelo, el proceso penal ha continuado ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La corporación tenía programadas audiencias preparatorias para el 4 y el 5 de noviembre de 2026, dentro del expediente que involucra a los exministros Velasco y Bonilla, según el calendario oficial de actuaciones judiciales.

En las diligencias preparatorias, la defensa del exministro ha formulado reparos relacionados con el acceso a los elementos probatorios entregados por la Fiscalía, asunto que forma parte de las actuaciones previas al juicio.

La acusación comprende presuntas irregularidades en contratos y proyectos relacionados con los municipios de Cotorra, en Córdoba; El Salado, en Bolívar, y Saravena, en Arauca. La Fiscalía ha señalado que las actuaciones investigadas habrían involucrado contratos de obra e interventoría por aproximadamente 90.000 millones de pesos, cuyo direccionamiento atribuye a integrantes del supuesto entramado de corrupción.

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