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Lupa a cinco funcionarios de la Unidad de Víctimas por irregularidades en contratos de 2022
El ente de control busca determinar si los pagos realizados en dos contratos para atención a víctimas del conflicto y servicios postales estaban justificados o si hubo incumplimientos por parte de los contratistas.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra cinco funcionarios de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) por presuntas irregularidades en la ejecución de dos contratos celebrados en 2022.
Los investigados son Guillermo Martínez Daza, Jaime Humberto Jiménez Vergel, Enrique Ardila Franco, Héctor Gabriel Camelo Ramírez y Luis José Azcárate García, quienes se desempeñaron como secretario general, coordinador del Grupo de Servicio al Ciudadano, director técnico de reparación y directores técnicos de gestión social y humanitaria, respectivamente.
La Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal indicó que los contratos tenían como objeto prestar servicios durante el proceso de atención al ciudadano y a víctimas del conflicto armado, así como la contratación de un servicio postal. Al parecer, los contratistas no habrían cumplido con las obligaciones pactadas y los pagos girados no estarían debidamente justificados.
Con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales. La investigación se encuentra en etapa preliminar.
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