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Rechiflan a Juliana Guerrero en la UPC en medio del escándalo por títulos falsos
Sectores estudiantiles la siguen cuestionando.
La presencia de la delegada del Gobierno Nacional, Juliana Andrea Guerrero Jiménez, en decisiones clave de la Universidad Popular del Cesar (UPC) sigue generando rechazo en sectores estudiantiles, en medio de cuestionamientos por la transparencia institucional y presuntas influencias políticas.
La controversia se intensificó tras la elección del nuevo rector de la universidad, Guillermo Andrés Echevarría Gil, realizada el pasado 9 de marzo de 2026 por el Consejo Superior Universitario. La sesión, que duró aproximadamente ocho minutos, fue ampliamente criticada por representantes estudiantiles y actores académicos, quienes denunciaron falta de deliberación y posibles irregularidades en el proceso.
Diversos voceros estudiantiles han señalado que la elección se llevó a cabo sin un análisis suficiente de los requisitos de los aspirantes, lo que ha despertado dudas sobre la legalidad del procedimiento. Según testimonios recogidos por medios nacionales, algunos estudiantes afirmaron que la decisión se tomó “a sus espaldas” y sin participación efectiva de la comunidad universitaria.
Además, se ha advertido que el proceso estaría enmarcado en dinámicas de influencia política dentro de la universidad pública, fenómeno que, según líderes estudiantiles, no sería aislado sino parte de una tendencia nacional de intervención en instituciones de educación superior.
La participación de Juliana Guerrero, quien actúa como delegada de la Presidencia ante el Consejo Superior de la UPC, fue uno de los puntos más controvertidos. Su presencia en la votación ha sido cuestionada no solo por el contexto político del proceso, sino también por los procesos judiciales que enfrenta.
Guerrero está siendo investigada por presuntas irregularidades en la obtención de títulos académicos, en un caso que ha generado amplio debate público. De acuerdo con las investigaciones, habría obtenido su título profesional en condiciones que no cumplirían con los requisitos académicos exigidos.
Pese a ello, participó en la elección del rector como representante del Gobierno nacional, lo que ha sido interpretado por sectores críticos como una señal de respaldo político a su permanencia en espacios de decisión.
A las críticas se suman versiones que apuntan a posibles intereses políticos en la designación del rector. Investigaciones periodísticas han señalado que el proceso podría haber contado con el respaldo de estructuras políticas regionales, particularmente del entorno del congresista Alfredo “Ape” Cuello.
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Este escenario ha reforzado las denuncias sobre la captura de instituciones públicas por parte de clanes políticos, una problemática históricamente señalada en el departamento del Cesar.
El rechazo a Guerrero no es reciente. Desde 2025, organizaciones estudiantiles habían solicitado su salida del Consejo Superior Universitario, argumentando falta de idoneidad y cuestionando su papel dentro de la institución.
Juliana Andrea Guerrero Jiménez es una joven que irrumpió en la escena pública colombiana en 2025, cuando el presidente Gustavo Petro la presentó durante un consejo de ministros televisado, marcando su entrada formal al escenario político nacional. Hasta ese momento, su trayectoria era poco conocida a nivel nacional, aunque había tenido vínculos con procesos juveniles y administrativos, y estudios iniciales en instituciones como la Universidad Popular del Cesar, antes de trasladarse a Bogotá para continuar su formación técnica y profesional.
El país comenzó a reconocer su nombre con mayor fuerza en agosto de 2025, cuando su hoja de vida fue publicada en el portal oficial de la Presidencia como candidata a ocupar el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. La designación generó controversia inmediata, luego de que congresistas y sectores académicos advirtieran posibles inconsistencias en sus credenciales académicas, especialmente en relación con los requisitos exigidos para el cargo.
Las dudas sobre su formación derivaron en un escándalo nacional cuando se estableció que los títulos que presentó —como tecnóloga en gestión contable y contadora pública— habrían sido expedidos por la Fundación Universitaria San José sin cumplir requisitos legales esenciales, como la presentación de las pruebas Saber Pro o Saber TyT. Incluso, el Icfes confirmó que dichos exámenes no habían sido presentados, lo que invalidaba los títulos.
La controversia escaló cuando la propia institución educativa decidió anular los títulos otorgados a Guerrero tras un proceso interno que evidenció irregularidades académicas, incluida la ausencia de registros que acreditaran el cumplimiento del programa. Este hecho frustró su llegada al viceministerio y abrió investigaciones disciplinarias y penales en su contra.
Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación avanzó en el caso e imputó cargos por fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, al considerar que los títulos habrían sido utilizados para cumplir requisitos legales en procesos de nombramiento dentro del Estado. Según el ente acusador, los documentos fueron incluso cargados en plataformas oficiales como el Sigep para respaldar su aspiración al cargo.
A pesar del escándalo, Guerrero ha mantenido cercanía con el Gobierno nacional y participación en espacios de decisión, como su rol en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, lo que ha generado nuevas críticas desde sectores estudiantiles y políticos. Su caso, además, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles de una polémica mayor sobre presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos en la Fundación San José, que involucra a varios funcionarios públicos.
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