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Justicia francesa condena a Marine Le Pen a 15 meses de inhabilidad
El tribunal de apelación de París le impuso además un año de prisión domiciliaria bajo control de brazalete electrónico y 100.000 euros de multa.
La justicia francesa condenó este martes a la líder ultraderechista Marine Le Pen a 15 meses de inhabilitación y a un año de prisión a domicilio bajo control de brazalete electrónico. Si bien el tiempo de inhabilitación no le impide legalmente postularse a la presidencia en 2027, la pena de arresto domiciliario deja su candidatura en el aire.
Le Pen no podía presentarse a las próximas elecciones debido a una condena dictada en marzo de 2025, que la sentenció a dos años de prisión firme, 100.000 euros (US$114.000) de multa y cinco años de inhabilitación inmediata por malversación de fondos públicos europeos durante su periodo como eurodiputada.
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Sin embargo, la política recurrió esa decisión, y el fallo del tribunal de apelación de París se anunciaba como crucial a diez meses de la elección presidencial, en momentos en que la ultraderecha lidera los sondeos, aunque todavía debe confirmar quién será su cabeza de cartel: la propia Le Pen o su delfín, Jordan Bardella.
La decisión del tribunal de condenarla a 15 meses de inhabilitación le abrió nuevamente la puerta para presentarse a la presidencia, ya que se tienen en cuenta los meses que ya cumplió desde marzo de 2025 con la primera condena. Al inicio de la lectura de la sentencia, el tribunal señaló que las penas de inhabilitación dictadas fueron ponderadas por "la libertad de las candidaturas" y "la libre elección de los electores", condición, según el propio tribunal, "de la expresión democrática".
Además de la inhabilitación, la corte le impuso a Le Pen 100.000 euros de multa y tres años de prisión, uno de ellos de obligado cumplimiento, que la líder ultraderechista puede cumplir a domicilio con un brazalete electrónico.
La política, de 57 años, ya había advertido la semana pasada que solo se presentaría a la contienda si podía hacer campaña "libremente", sin tener que pedir autorización judicial para desplazarse, condición que la pena de brazalete electrónico le impediría en principio cumplir.
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