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La historia de juez penal militar que pidió $40 millones a capitán del Ejército para ayudarlo en un proceso
Detalles de la imputación por concusión.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por el delito de concusión, luego de señalarlo de presuntamente exigir $40 millones a un capitán del Ejército Nacional a cambio de favorecerlo dentro de un proceso penal militar que se encontraba bajo su conocimiento.
De acuerdo con la información divulgada este 16 de septiembre, los elementos materiales probatorios recopilados por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción indican que Ardila Arias habría solicitado el dinero mientras ejercía como funcionario judicial y tenía a su cargo las diligencias relacionadas con el oficial.
Los hechos que dieron origen a la investigación se remontan al 11 de marzo de 2025, cuando el Ejército Nacional desarrolló una operación en zona rural de San José del Fragua, Caquetá, contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas.
Durante sobrevuelos realizados con drones fueron observados varios hombres que vestían prendas camufladas y portaban fusiles.
Posteriormente, según la Fiscalía, se estableció que se trataba de integrantes del Ejército que habrían reportado unas coordenadas diferentes a las correspondientes al sitio donde realmente se encontraban.
A raíz de esos hechos, un capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público.
El proceso quedó bajo responsabilidad de Javier Ardila Arias, quien, según la información conocida, no impuso medida de aseguramiento contra los militares involucrados.
La investigación de la Fiscalía sostiene que el 7 de abril de 2025 el entonces juez penal militar se habría reunido con el capitán investigado en una cantina de Florencia, Caquetá.
Durante ese encuentro, presuntamente le exigió $40 millones con el ofrecimiento de beneficiarlo judicialmente en el proceso que estaba bajo su despacho.
Tres días después, Ardila Arias y el oficial se habrían encontrado nuevamente. En esa oportunidad, según los elementos recopilados por el ente investigador, el entonces funcionario judicial habría reiterado la solicitud del dinero.
Ante la insistencia en la exigencia de los $40 millones, el capitán decidió poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. La denuncia dio paso a las actuaciones que terminaron con la imputación contra el exjuez penal militar.
La Fiscalía le atribuyó el delito de concusión, conducta relacionada con el servidor público que, abusando de su cargo o de sus funciones, exige o induce a una persona a entregar dinero u otra utilidad.
La imputación se sustenta en la presunta solicitud económica que habría realizado Ardila Arias al oficial cuyo proceso se encontraba bajo su conocimiento.
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