Gobierno Petro evaluó intercambio con el ELN por dos agentes del CTI secuestrados

El Gobierno del expresidente Gustavo Petro adelantó durante 2025 gestiones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) para buscar la liberación de dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía que permanecían secuestrados desde mayo de ese año.

Las conversaciones, tramitadas a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), incluyeron una propuesta de la guerrilla para intercambiar a los agentes por cuatro integrantes de esa organización que se encontraban privados de la libertad.

Los funcionarios retenidos eran Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, integrantes del CTI. De acuerdo con la información conocida sobre las comunicaciones entre las partes, el ELN planteó inicialmente un intercambio que también hacía referencia a dos integrantes de la Dijín, pero posteriormente concentró su propuesta en los dos funcionarios de la Fiscalía.

Una de las primeras comunicaciones conocidas está fechada el 11 de junio de 2025. En ella, el ELN manifestó que tenía bajo su poder a dos funcionarios del CTI y a dos integrantes de la Dijín y planteó la situación de miembros de esa guerrilla que permanecían encarcelados.

La organización señaló que buscaba establecer un mecanismo para intercambiar a las personas retenidas por integrantes de sus estructuras privados de la libertad.

En comunicaciones posteriores, el ELN precisó los nombres de cuatro hombres cuya liberación solicitaba a cambio de entregar a Pacheco Oviedo y López Estrada. La lista estaba integrada por José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada.

El Frente de Guerra Oriental del ELN sostuvo en una de las cartas que la propuesta se adelantaba bajo orientación de su Comando Central.

En el documento también mencionó las gestiones realizadas por el Gobierno de Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas y su Misión de Verificación, así como por la Iglesia católica y la Conferencia Episcopal Colombiana, con el propósito de buscar una salida a la retención de los dos integrantes del CTI.

En esa comunicación, el ELN presentó formalmente los nombres de los cuatro integrantes de la organización que pretendía incluir en el intercambio. Según el grupo armado, la propuesta se desarrollaría dentro de un acuerdo que enmarcaba en el Derecho Internacional Humanitario y tendría como contraprestación la liberación de Pacheco Oviedo y López Estrada.

Entre los hombres solicitados estaba Ramiro Pulgarín Hernández, conocido como alias El Burro, señalado como integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN. Fue capturado en mayo de 2021 en Saravena, Arauca, cuando ingresaba al país desde Venezuela.

La Fiscalía vinculó a Pulgarín Hernández con homicidios de más de 30 integrantes de la Fuerza Pública y líderes sociales registrados en Arauca, Boyacá y Casanare.

Otro de los nombres incluidos por el ELN fue Joel Quintero Uribe, alias Manteco. Su captura ocurrió en mayo de 2020 en Arauquita, Arauca, durante una operación militar dirigida contra una estructura de esa guerrilla.

Las autoridades lo señalaron como cabecilla del frente Domingo Laín Sáenz y establecieron que llevaba más de una década vinculado a esa organización.

La lista también incluía a José Rosely Cruz Laverde, quien se encontraba recluido en la cárcel de El Barne, en Boyacá, donde cumplía una condena de 17 años por homicidio agravado.

El cuarto hombre solicitado era Fredy Buitrago Parada, quien permanecía privado de la libertad en la cárcel de La Dorada, Caldas, por el delito de rebelión agravada.

Los cuatro habían sido capturados durante el Gobierno del expresidente Iván Duque. Algunas de las operaciones que permitieron sus capturas tuvieron apoyo de organismos de inteligencia extranjeros.

Mientras esas comunicaciones avanzaban, Petro había planteado públicamente la posibilidad de acudir a un intercambio humanitario para lograr la liberación de los funcionarios retenidos por el ELN.

En sus pronunciamientos públicos no dio a conocer los nombres de los integrantes de la guerrilla solicitados ni los términos que estaban siendo considerados.

Las gestiones continuaron durante 2025. En septiembre de ese año, el ELN remitió una comunicación a Jorge Arturo Lemus, quien se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, en la que aceptó la posibilidad de conformar comisiones para avanzar en las conversaciones.

La organización manifestó su disposición para realizar una reunión en la que pudieran definirse los mecanismos del eventual intercambio. En medio de esas gestiones también se produjo un encuentro en Arauca con acompañamiento de organizaciones internacionales.

Para ese momento, la propuesta de intercambio ya estaba siendo examinada por organismos de control y la DNI estableció condiciones para continuar evaluando la posibilidad de alcanzar un acuerdo.

En una respuesta dirigida al ELN, Lemus indicó que cualquier mecanismo de esa naturaleza tendría que representar un alivio humanitario para personas que no participaran directamente en las hostilidades.

La DNI planteó entonces parámetros diferentes a los formulados por la guerrilla para determinar qué personas privadas de la libertad podrían ser consideradas.

La Dirección Nacional de Inteligencia señaló que el Gobierno podía estudiar la eventual libertad de cuatro excombatientes del ELN que estuvieran presos, pero condicionó esa posibilidad a situaciones relacionadas con su estado de salud o su edad.

Una de las alternativas planteadas contemplaba que se tratara de personas con enfermedades graves y que tuvieran dificultades para recibir los tratamientos médicos requeridos mientras permanecían recluidas.

La segunda condición establecía que los posibles beneficiarios fueran mayores de 70 años.

La comunicación de la DNI no estableció que José Rosely Cruz Laverde, Ramiro Pulgarín Hernández, Joel Quintero Uribe y Fredy Buitrago Parada, los cuatro hombres solicitados por el ELN, cumplieran con esas condiciones.

El Gobierno también exigió que cualquier eventual acuerdo contemplara la liberación sin condiciones de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, así como de los integrantes de la Fuerza Pública que permanecieran retenidos por la organización.

Dentro de las condiciones formuladas, Lemus solicitó al ELN entregar pruebas de supervivencia de las personas secuestradas. La petición buscaba comprobar su estado y establecer que no hubieran sido sometidas a torturas o tratos degradantes durante el cautiverio.

La DNI propuso además conformar una comisión que pudiera adelantar una negociación presencial. Según lo planteado en la comunicación, el encuentro tendría que desarrollarse en un lugar neutral, con acompañamiento de las Naciones Unidas y bajo condiciones de seguridad para quienes participaran.

El proceso no llegó a concretar el intercambio planteado por el ELN. Las conversaciones quedaron suspendidas después de que las autoridades verificaron la identidad y el perfil de los integrantes de esa organización cuya libertad había sido solicitada como parte del eventual canje.

De esta manera, las comunicaciones conocidas muestran que durante 2025 existieron gestiones entre el ELN y la Dirección Nacional de Inteligencia alrededor de un posible mecanismo para conseguir la liberación de los dos funcionarios del CTI.

La guerrilla planteó entregar a los agentes a cambio de cuatro de sus integrantes privados de la libertad, mientras que la DNI fijó condiciones humanitarias para estudiar la salida de excombatientes encarcelados y exigió que los secuestrados fueran puestos en libertad sin condiciones.

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