Juzgado de penas denuncia a directivo del Inpec por traslado de Carlos Pesebre sin aval judicial

El Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín interpuso una denuncia formal contra el teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, quien se desempeñaba como director de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por presuntamente haber ordenado sin facultad legal el traslado del privado de libertad Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, hacia el evento público realizado en la plazoleta de La Alpujarra el 21 de junio de 2025.

Este episodio, bautizado por la opinión pública como el “tarimazo”, generó múltiples cuestionamientos tras la participación en escena de líderes de estructuras criminales del Valle de Aburrá junto al presidente de la República, Gustavo Petro.

Según el contenido de la denuncia presentada por el juzgado, la resolución que permitió la salida del condenado desde la cárcel de Itagüí se habría expedido el 19 de junio de 2025, dos días antes del evento.

La Resolución 005208, firmada por Ramírez Sanabria, habilitó el desplazamiento de Carlos Pesebre hacia el Centro Administrativo La Alpujarra sin la aprobación previa del juzgado, que es la única autoridad con competencia judicial para otorgar ese tipo de permisos en casos de personas condenadas.

El despacho sostuvo que “ninguna autoridad administrativa puede asumir o usurpar esa función judicial”, estableciendo así el fundamento de su actuación ante los órganos de control.

La controversia gira en torno a la posible extralimitación de funciones por parte del oficial del Inpec, en un contexto donde la presencia de figuras criminales en actos de carácter institucional ha sido objeto de reiterados señalamientos.

En su pronunciamiento, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla indicó que el hecho constituye una transgresión consciente de la ley, al permitir que un condenado participara en un acto público con implicaciones políticas, sin respaldo jurídico y en contravía de los procedimientos establecidos.

Carrasquilla expresó que esta situación no solo implica una violación de los límites institucionales, sino que también podría derivar en responsabilidades penales para los implicados.

Lea también: (Video viral: modelos de OnlyFans arrestadas en Miami tras escándalo en vuelo de American Airlines)

La denuncia radicada por el juzgado también podría abrir la puerta para revisar los procedimientos aplicados en el traslado de otros reclusos que participaron en el mismo evento.

La concejala sostuvo que al menos otros ocho cabecillas de estructuras delictivas del Valle de Aburrá habrían sido movilizados desde centros carcelarios para estar presentes en la jornada del 21 de junio, lo que incrementa el alcance potencial de la investigación.

Este nuevo episodio se suma a otros procesos que ya se encuentran en curso por los hechos relacionados con el “tarimazo”.

En la esfera judicial, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes decidió abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro, lo que marca un hecho significativo en el escenario político del país, dado que se trata de uno de los primeros procesos abiertos por dicho organismo contra un presidente en ejercicio.

En paralelo, cursa una demanda ante el Consejo de Estado contra la senadora Isabel Zuleta, con el fin de obtener la pérdida de su investidura. 
La acción fue interpuesta también en relación con el evento en cuestión.

Además, existe una denuncia penal interpuesta por Claudia Carrasquilla ante la Fiscalía, que podría ampliar el espectro de responsabilidad en función del rol que hayan desempeñado distintos funcionarios en la planeación y ejecución del acto público.

El denominado “tarimazo” se llevó a cabo el 21 de junio de 2025 en la plazoleta del Centro Administrativo La Alpujarra, en Medellín, durante un acto público en el que participó el presidente Gustavo Petro junto a miembros de su gabinete y congresistas.

En esa jornada fueron trasladados desde la cárcel de Itagüí al menos nueve líderes de bandas criminales del Valle de Aburrá para que estuvieran presentes en el evento en el que se presentó como parte de la denominada mesa de paz urbana, un espacio de diálogo entre representantes del Gobierno y grupos del crimen organizado.

La participación de estos presos generó un amplio rechazo entre autoridades, defensores de derechos humanos y sectores de la opinión pública por la presencia de condenados en un escenario político, incluso mientras algunos cumplían penas privativas de la libertad.

Entre los prontuarios de los criminales que estuvieron en la tarima figuran varios antecedentes judiciales por delitos graves.

Por ejemplo, Freyner Alfonso Ramírez García, conocido como alias Carlos Pesebre, ha sido identificado como cabecilla de la estructura delincuencial Robledo y fue capturado en 2013 con múltiples procesos por homicidio y concierto para delinquir.

Otro de los asistentes, José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas, líder de la facción La Terraza, fue condenado a 32 años de prisión por secuestro extorsivo y concierto para delinquir agravado.

También estuvieron Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom, con sentencia por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y otros delitos, y Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo, con condenas por concierto para delinquir agravado.

Otros miembros de la mesa de paz urbana presentes en el acto tenían antecedentes de extorsión, homicidio y participación en estructuras criminales del área metropolitana de Medellín.

Otras noticias