Frisby España abrirá cinco restaurantes mientras avanza el litigio con la marca colombiana

Frisby España S. L. anunció que seguirá adelante con su proyecto de apertura de cinco restaurantes en territorio español, aun cuando permanece activo el proceso judicial que sostiene con la compañía colombiana Frisby S.A. BIC por el uso de la marca en la Unión Europea.

La información fue divulgada mediante un comunicado oficial difundido por el portavoz de la firma, Charles Dupont, en el que se expone el calendario previsto para el inicio de operaciones y se detalla el estado del litigio que se tramita en la Audiencia Provincial de Alicante.

Según el documento, ese tribunal notificó que el 18 de marzo emitirá una decisión sobre el recurso de apelación presentado por la empresa española contra las medidas cautelares que actualmente le impiden utilizar la denominación comercial.

Dichas restricciones ordenaron suspender toda actividad identificada con la marca objeto de disputa, al advertir posibles riesgos para la compañía colombiana en materia de confusión y afectación económica.

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Como consecuencia, la firma española retiró de sus redes sociales y de su página web cualquier referencia publicitaria, salvo la información relacionada con el proceso.

Dupont señaló que la empresa espera reiniciar operaciones poco después del pronunciamiento de la Audiencia, si esta levanta las medidas vigentes.

Añadió que la organización confía en que el proceso permita aclarar las diferencias jurídicas y reactivar el proyecto empresarial diseñado para varios puntos del país.

El comunicado resalta que la compañía se ha ceñido a las disposiciones judiciales y ha ajustado su identidad gráfica con el fin de atender las órdenes emitidas, al tiempo que propone alternativas para reducir la confrontación legal.

La apelación introducida por Frisby España se apoya en tres argumentos centrales.

El primero sostiene que los derechos invocados por la marca colombiana podrían no estar vigentes en el territorio relevante.

El segundo plantea que la empresa de Colombia no tendría notoriedad suficiente en España, argumento respaldado en un informe de la Universidad Complutense de Madrid.

El tercero indica que no existe competencia directa entre ambas organizaciones, por operar en mercados diferenciados y contar con públicos distintos.

La compañía europea publicó estos fundamentos en su página web para explicar su posición jurídica.

La empresa añadió que todas sus actuaciones se han realizado bajo el principio de buena fe, lo que justificaría los ajustes hechos en su identidad visual y la búsqueda de acuerdos para evitar un aumento del conflicto.

Afirmó que ha procurado mantener una relación respetuosa con el marco normativo y que sus decisiones buscan prevenir interpretaciones equívocas sobre sus intenciones comerciales.

En la misma comunicación, Frisby España incluyó el anuncio de su próximo plan de aperturas: dos restaurantes en Madrid y uno en Barcelona, Málaga y Sevilla.

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La firma señaló que estos establecimientos se encuentran listos para iniciar actividades en cuanto exista una decisión favorable que permita restablecer el uso de la marca.

También indicó que el proyecto hace parte de su estrategia de expansión y que su ejecución depende del levantamiento de las medidas provisionales.

El litigio ha generado pronunciamientos públicos entre las dos partes. La empresa española expresó en su comunicado que le generan preocupación recientes declaraciones de la directiva de la firma colombiana, difundidas en medios nacionales, al considerar que exponen una narrativa incompleta del proceso. 

Según Frisby España, tales afirmaciones habrían omitido elementos procesales como la ausencia de uso efectivo de la marca en el territorio español, la validez del registro de la compañía europea ante la Unión Europea y la disposición reiterada —asegura la firma— para reducir el conflicto judicial o limitar su actividad comercial mientras se resolvía la controversia.

La compañía española añadió otro punto: que su contraparte habría obtenido un incremento relevante de ingresos a partir de la movilización de apoyo nacional generada por la divulgación parcial del caso.

Calificó ese escenario como un “enriquecimiento indebido” y sostuvo que dicho beneficio se habría originado en una interpretación del proceso que no incluía información completa sobre las posiciones jurídicas en disputa.

Ante este planteamiento, Frisby España solicitó al juzgado una pericial contable especializada para valorar activos, intangibles y posibles impactos reputacionales de las dos empresas.

El objetivo es establecer, con criterios técnicos, si existe una afectación económica y cuál sería su alcance.

Según sus estimaciones, las pretensiones acumuladas podrían alcanzar varias decenas de millones de euros, cifra que dependerá del resultado de la pericial y del avance del litigio.

Mientras se acerca la fecha en la que la Audiencia Provincial de Alicante emitirá su decisión, ambas partes mantienen estrategias distintas para sustentar sus posiciones.

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