JEP imputa a 27 excomandantes de las FARC por desapariciones, masacres y violencia sexual

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 27 excomandantes de las extintas FARC por su presunta responsabilidad en desapariciones forzadas, homicidios, masacres, atentados, desplazamientos, torturas, violencia sexual y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de la JEP concluyó que estos hechos no fueron acciones aisladas, sino parte de patrones criminales mediante los cuales las estructuras guerrilleras ejercieron control político, militar y social en varias zonas del país.

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Entre los imputados figuran cuatro integrantes del último Secretariado con responsabilidad sobre los bloques Sur y Oriental: Rodrigo Londoño, conocido como "Timochenko"; Julián Gallo, "Carlos Antonio Lozada"; Jaime Alberto Parra, alias "Mauricio Jaramillo" o "El Médico"; y Milton de Jesús Toncel, alias "Joaquín Gómez", además de otros 23 comandantes señalados de ejercer mando y control sobre las estructuras responsables de los crímenes.

La JEP también advirtió sobre los altos niveles de impunidad que rodearon estos hechos durante años. Según el tribunal, el 97% de los casos nunca llegó a juicio en la justicia ordinaria y cerca del 90% permanecía en etapa preliminar, lo que dejó a miles de víctimas esperando durante décadas una decisión que estableciera responsabilidades.

En estos casos, la Jurisdicción Especial para la Paz identificó tres grandes patrones de criminalidad. El primero corresponde a hechos cometidos durante las hostilidades, como tomas guerrilleras, emboscadas, ataques contra estaciones de Policía y el uso de minas antipersonal que afectaron a población civil. Allí aparecen episodios como las tomas de Mitú y Miraflores y ataques en los que murieron niños, campesinos, militares y policías. 

El segundo se relaciona con el control territorial ejercido por la guerrilla, que derivó en desplazamientos forzados, desapariciones, homicidios, torturas, extorsiones y violencia sexual. El auto recoge testimonios de campesinos que relataron haber vivido bajo un sistema de gobierno impuesto por la guerrilla, donde se regulaba la vida cotidiana, se imponían castigos, se cobraban extorsiones y se perseguía a quienes desobedecían órdenes, rechazaban el reclutamiento o eran señalados de colaborar con la Fuerza Pública.

El tercero agrupa atentados en zonas urbanas, entre ellos el ataque al Club El Nogal, la casa bomba en Neiva, la moto bomba en Villavicencio y los rockets lanzados durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez. La JEP sostiene que las antiguas FARC desarrollaron una estrategia clandestina basada en atentados con explosivos y asesinatos selectivos que buscaban generar terror y demostrar capacidad operativa.

Sobre el asesinato del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, la decisión señala que existen elementos suficientes para concluir que al menos “dos de los sicarios pertenecían a la red urbana de las FARC” bajo el mando de Julián Gallo, entonces conocido como “Carlos Antonio Lozada”. No obstante, la Sala aclaró que no tiene la misma certeza frente a los móviles intelectuales del crimen, por lo que dejó abierta la posibilidad de la participación de otros actores y mantuvo la competencia de la Fiscalía y de la Comisión de Acusaciones para continuar las investigaciones.

La decisión también incorpora, por primera vez, una imputación conjunta con el Caso 11 sobre violencia basada en género. Según la JEP, integrantes de los bloques Sur y Oriental utilizaron la violencia sexual como mecanismo de castigo, sometimiento y control contra mujeres civiles, documentando casos de agresiones durante operaciones militares, incluido un caso registrado durante la toma de Puerto Rico, Meta, donde fueron agredidas sexualmente diez mujeres, entre ellas una menor de 13 años.

La investigación fue sustentada con los testimonios de 2.436 víctimas, 76 informes (37 de ellos elaborados por organizaciones de víctimas y comunidades), expedientes de la Fiscalía, investigaciones previas de la JEP y las versiones rendidas por 82 comparecientes. 

Ahora, los 27 imputados deberán decidir si aceptan o rechazan los cargos. Si reconocen su responsabilidad y cumplen con los compromisos del sistema de justicia transicional, serán llamados a una audiencia pública y posteriormente el Tribunal para la Paz definirá una sanción restaurativa. De lo contrario, sus expedientes pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP y, de ser encontrados responsables, enfrentarán penas de hasta 20 años de prisión.

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