Gobierno denuncia presuntas irregularidades en 11 cajas de compensación intervenidas

El Gobierno Nacional denunció nuevos hallazgos sobre presuntas irregularidades administrativas, contractuales y financieras en 11 de las 42 cajas de compensación familiar que han sido objeto de medidas de intervención en Colombia. Los casos, según el Ejecutivo, corresponden a situaciones detectadas durante la revisión de actuaciones relacionadas con la administración anterior y serán trasladados a los organismos de investigación y control.

El vocero del Gobierno, Miller Soto, informó que las revisiones realizadas hasta el momento permitieron identificar situaciones que deberán ser examinadas por las autoridades para establecer si existen responsabilidades. Los hallazgos se concentran en cajas sometidas a diferentes tipos de medidas administrativas y forman parte del proceso de revisión que adelanta el Ejecutivo desde el inicio de la actual administración.

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Uno de los casos señalados corresponde a Comfamiliar Atlántico, intervenida desde julio de 2026. De acuerdo con la información presentada por el Gobierno, en esta entidad fueron detectados cambios en la estructura administrativa y la creación de cargos durante los últimos días de la administración anterior.

La revisión también encontró contratos cuya duración superaría el periodo de intervención de la caja. Estos acuerdos forman parte de la documentación que será examinada para determinar las condiciones en las que fueron suscritos, su alcance y sus efectos sobre la administración de la entidad.

En Comfamiliar Atlántico también fueron identificadas posibles incompatibilidades y relaciones contractuales entre personas vinculadas con la caja y el organismo encargado de ejercer su vigilancia. A esto se suman modificaciones de contratos que podrían haber generado efectos económicos, denuncias sobre presunto acoso laboral y posibles maniobras fraudulentas.

La ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, anunció que la documentación recopilada será puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Estas entidades serán las encargadas de establecer, dentro de sus competencias, si las actuaciones identificadas pueden derivar en responsabilidades penales, disciplinarias o fiscales.

El Gobierno también se refirió a la situación de Comfenalco Antioquia. En este caso, la ministra López Fuentes habló de la existencia de una presunta red de intereses políticos que denominó “telaraña azul” y que, según los señalamientos oficiales, habría buscado ejercer un control irregular sobre recursos administrados por la entidad.

Las afirmaciones relacionadas con Comfenalco Antioquia corresponden a señalamientos e hipótesis formulados por el Gobierno y deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades competentes. Hasta que concluyan las actuaciones correspondientes, los hallazgos no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.

Según la información reportada sobre las medidas adoptadas en el sector, 11 cajas de compensación se encuentran bajo algún tipo de intervención. Seis tienen intervención administrativa total, una registra intervención parcial de su consejo directivo y cuatro están en proceso de levantamiento de la medida.

Dentro de este grupo aparecen Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira. Sobre estas entidades también existen actuaciones y seguimientos relacionados con sus órganos de dirección y control, planes de mejoramiento, transparencia y garantías del debido proceso.

“De acuerdo con información reportada sobre el sector, las 11 cajas bajo algún tipo de medida incluyen seis con intervención administrativa total, una con intervención parcial de su consejo directivo y cuatro que se encuentran en proceso de levantamiento de la medida. Entre ellas aparecen Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y Comfaguajira, entidades sobre las cuales la Procuraduría también ha advertido situaciones que son objeto de seguimiento, relacionadas con sus órganos de dirección y control, planes de mejoramiento, transparencia y debido proceso”, afirmó Soto.

Los hallazgos conocidos en las cajas de compensación se incorporan a la revisión que el Gobierno viene realizando sobre actuaciones de la administración anterior. Parte de esa información fue recopilada previamente en el denominado “Libro de la Verdad”, documento entregado el pasado 18 de agosto a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Según la Presidencia de la República, el documento fue elaborado bajo la coordinación del vicepresidente José Manuel Restrepo y contiene información recopilada durante el proceso de transición entre administraciones. El propósito anunciado por el Ejecutivo fue entregar a las autoridades los casos en los que se encontraron elementos que podrían requerir investigaciones adicionales.

El “Libro de la Verdad” reúne 82 casos relacionados con presuntas irregularidades atribuidas a actuaciones de la administración anterior. Los asuntos incluidos corresponden a diferentes sectores y abarcan contratación pública, administración de recursos sociales, entidades estatales, infraestructura y programas dirigidos a población vulnerable.

El Gobierno ha señalado que la inclusión de un caso dentro del documento no representa una declaración de responsabilidad contra las personas mencionadas. La determinación sobre la existencia de conductas penales, disciplinarias o fiscales corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y las demás autoridades que tengan competencia en cada expediente.

El vicepresidente José Manuel Restrepo también indicó que la entrega del documento en agosto no significó el cierre del proceso de revisión. De acuerdo con lo anunciado, los ministerios deberán continuar identificando y reportando los hechos encontrados en sus entidades, dependencias y sectores.

Para este propósito se mantendrá un mecanismo de articulación entre el Gobierno y la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. Los nuevos documentos o hallazgos que aparezcan después de la elaboración del informe inicial podrán ser trasladados a esas instituciones para que determinen si procede la apertura o continuación de investigaciones.

El proceso tendrá un nuevo corte al finalizar septiembre. La instrucción impartida por el Gobierno establece que cada ministerio y cartera deberá entregar al presidente un informe con las irregularidades y hallazgos identificados desde el 7 de agosto, cuando comenzó la actual administración.

En esos reportes serán incorporados los casos detectados después de la elaboración del “Libro de la Verdad”, incluidos los relacionados con las cajas de compensación familiar. La recopilación continuará durante los próximos días y los documentos que, según cada entidad, ameriten una revisión por posibles irregularidades deberán ser enviados a los organismos competentes.

De esta manera, las situaciones denunciadas en Comfamiliar Atlántico, Comfenalco Antioquia y las demás cajas sometidas a medidas administrativas pasarán a formar parte del proceso de revisión que adelanta el Gobierno. Serán las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales las encargadas de verificar los hechos, determinar el alcance de los hallazgos y establecer si existen responsabilidades individuales.

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