Gobierno trasladó de Cespo a La Picota a Andrés Calle, Álex Vernot, Víctor Gamboa y otros detenidos

El Gobierno nacional, bajo la administración del presidente Abelardo de la Espriella y con Iván Cancino al frente del Ministerio de Justicia, avanzó en su decisión de retirar de instalaciones policiales a personas privadas de la libertad que no pertenecen a la fuerza pública.

La medida llegó este miércoles 9 de septiembre al Centro de Estudios Superiores de la Policía, Cespo, en Bogotá, desde donde fueron trasladados a la cárcel La Picota cuatro procesados y condenados vinculados con casos judiciales de impacto nacional.

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Entre los trasladados se encuentran el expresidente de la Cámara de Representantes Andrés David Calle Aguas, procesado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva, quien enfrenta procesos penales relacionados con actuaciones durante su administración; el abogado Alexandre Philippe Vernot, conocido como Álex Vernot, condenado dentro del denominado caso Hyundai, y Emiro Rojas Granados, exsubdirector del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), condenado por la persecución y tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque.

El traslado supone que los cuatro dejan las instalaciones del Cespo y pasan al sistema penitenciario ordinario bajo custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en el Complejo Carcelario y Penitenciario de Bogotá, conocido como La Picota.

La decisión hace parte de la política puesta en marcha por el Gobierno de De la Espriella para retirar de guarniciones de la Policía y de las Fuerzas Militares a personas privadas de la libertad que no tengan relación con esas instituciones.

El objetivo es que las instalaciones policiales y militares recuperen su función y que los procesados o condenados cumplan las medidas privativas de la libertad en establecimientos administrados por el sistema penitenciario.

En el caso del Cespo, la situación tenía una característica particular. Las denominadas casas fiscales y otros espacios de alojamiento de la institución no fueron concebidos como un establecimiento penitenciario para políticos, empresarios, abogados o particulares involucrados en procesos penales.

Estos inmuebles tienen como finalidad alojar a integrantes de la Policía, entre ellos oficiales que se encuentran temporalmente en Bogotá por razones del servicio, cursos, comisiones u otras actividades institucionales.

Sin embargo, durante los últimos años las instalaciones comenzaron a ser utilizadas como sitio de reclusión para personas sin vínculo con la Policía. De esta manera, procesados y condenados terminaron permaneciendo en espacios con características distintas a las de un establecimiento penitenciario convencional.

La permanencia de civiles en esas instalaciones convirtió al Cespo, en la práctica, en una alternativa de reclusión para determinados detenidos que, por decisiones administrativas, judiciales o relacionadas con su seguridad, fueron ubicados allí en lugar de permanecer en establecimientos carcelarios administrados directamente por el Inpec.

No existe, sin embargo, una fecha oficial que pueda señalarse como el momento exacto en que el Cespo comenzó a funcionar bajo esta modalidad. Su utilización se consolidó progresivamente durante los últimos años.

La administración de De la Espriella decidió modificar ese esquema. Desde sus primeros días de gobierno comenzaron traslados de personas privadas de la libertad entre diferentes establecimientos del país.

Según información conocida sobre las decisiones adoptadas por el Inpec, durante el 7 y 8 de agosto se produjeron 403 traslados: 39 durante el día de la posesión presidencial y otros 364 al día siguiente.

Las medidas no estuvieron relacionadas exclusivamente con presos de alto perfil. Entre las razones consideradas por las autoridades penitenciarias se encuentran condiciones de seguridad, clasificación de los internos, solicitudes de familiares, recomendaciones de directores de establecimientos, descongestión carcelaria y protección de personas privadas de la libertad y funcionarios.

Ahora la reorganización alcanzó directamente al Cespo y a cuatro de sus internos más conocidos.

Andrés Calle permanece privado de la libertad por el proceso derivado del escándalo de corrupción de la UNGRD.

La investigación contra el entonces representante a la Cámara tomó fuerza en 2024 después de las declaraciones de antiguos directivos de la entidad sobre la presunta entrega de recursos a congresistas para favorecer proyectos del Gobierno en el Legislativo.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó el 7 de mayo de 2025 medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Calle y el entonces senador Iván Name.

Posteriormente, el 27 de agosto de ese año, la Corte acusó a ambos por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

En el expediente contra Calle, los investigadores sostienen que el entonces presidente de la Cámara habría recibido $1.000 millones provenientes del entramado de corrupción de la UNGRD.

Según la hipótesis judicial, el dinero habría sido entregado en octubre de 2023 en su apartamento de Montería y estaría relacionado con el interés de antiguos directivos de la entidad y funcionarios del Gobierno en conseguir respaldo para proyectos que se tramitaban en el Congreso.

Calle ha permanecido privado de la libertad mientras avanza el proceso. Su defensa ha buscado la revocatoria de la medida de aseguramiento, pero las decisiones judiciales han mantenido su detención preventiva.

Otro de los trasladados es Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, alcalde de Villa de Leyva. El mandatario se encontraba recluido en instalaciones policiales desde mayo de 2026, cuando fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía.

Gamboa enfrenta más de una actuación judicial. En enero de 2026, la Fiscalía le imputó, como presunto coautor, los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen constitucional o legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Ese expediente está relacionado con un contrato de prestación de servicios suscrito con Javier Alexánder Múnevar González para desempeñarse como supervisor de maquinaria amarilla.

La Fiscalía investiga las circunstancias en las que se produjo esa contratación y si existieron irregularidades relacionadas con el régimen de inhabilidades.

El mandatario también fue capturado en mayo para responder dentro de otro proceso por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción. Su situación judicial seguía en desarrollo cuando se produjo la orden de sacarlo de las instalaciones policiales y trasladarlo a La Picota.

La defensa, además, ha buscado un principio de oportunidad dentro de uno de los procesos.

Álex Vernot también dejó el Cespo. Su situación es diferente porque sobre él existe una condena de seis años de prisión por soborno en actuación penal.

El abogado quedó involucrado en el expediente relacionado con el empresario Carlos Mattos y el denominado caso Hyundai.

La investigación estableció que Vernot participó en una maniobra para ofrecer dinero a un testigo con el propósito de que dejara de colaborar con la Fiscalía en las investigaciones que comprometían a Mattos.

Vernot había sido absuelto en primera instancia, pero posteriormente fue condenado en segunda instancia. La Corte Suprema de Justicia revisó el caso mediante el mecanismo de doble conformidad y en julio de 2025 ratificó la condena de seis años. Tras esa determinación fue capturado para cumplir la pena.

El cuarto trasladado es Emiro Rojas Granados, quien ocupó el cargo de subdirector del antiguo DAS. Rojas fue condenado por su responsabilidad en la persecución contra la periodista Claudia Julieta Duque, uno de los casos que documentaron las actuaciones ilegales desarrolladas desde el desaparecido organismo de inteligencia contra periodistas.

El proceso estableció responsabilidades por los hostigamientos y torturas psicológicas sufridos por Duque mientras investigaba asuntos relacionados con el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón, ocurrido en agosto de 1999.

Rojas Granados y el exdetective del DAS Néstor Javier Pachón Bermúdez fueron declarados responsables de tortura y concierto para delinquir. En julio de 2026, la Corte Suprema de Justicia negó acciones de tutela con las cuales buscaban controvertir las decisiones judiciales, con lo que quedaron en firme las condenas.

Los cuatro casos reúnen situaciones jurídicas diferentes. Calle está sometido a un proceso relacionado con el escándalo de la UNGRD; Gamboa enfrenta investigaciones por actuaciones asociadas con su administración municipal; Vernot cumple una condena por soborno en actuación penal, y Rojas Granados fue condenado por las torturas contra Claudia Julieta Duque.

El elemento común era el lugar en el que permanecían privados de la libertad: instalaciones del Centro de Estudios Superiores de la Policía.

El Gobierno decidió acabar con esa situación y disponer que las guarniciones policiales y militares dejen de utilizarse como sitios de reclusión para civiles.

En el caso del Cespo, la determinación implica que las casas fiscales y alojamientos vuelvan a destinarse a integrantes de la institución y que quienes tengan órdenes judiciales de detención o condenas sean ubicados en establecimientos del sistema penitenciario.

El movimiento de Calle, Gamboa, Vernot y Rojas hacia La Picota se suma así a la reorganización carcelaria iniciada por la nueva administración desde agosto.

La decisión cambia las condiciones de reclusión de cuatro hombres vinculados con procesos que van desde corrupción administrativa y sobornos hasta violaciones de derechos humanos y pone fin, para ellos, a su permanencia en las instalaciones del Cespo.

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