Concejo de Bogotá aprueba en primer debate reforma tributaria del alcalde Galán que aumenta impuestos

El Concejo de Bogotá aprobó este miércoles 9 de septiembre, en primer debate, el proyecto de reforma tributaria presentado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, iniciativa que contempla cambios en varios impuestos de la capital, entre ellos el de Industria y Comercio (ICA) y el relacionado con el alumbrado público.

El proyecto superó la primera etapa de discusión en la Comisión de Hacienda del Concejo, donde obtuvo ocho votos a favor y tres en contra. Con este resultado, la iniciativa continuará su trámite antes de que los concejales adopten una decisión definitiva sobre su aprobación.

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La reforma fue radicada por la administración distrital y ha contado con el acompañamiento de la secretaria de Seguridad, Ana María Cadena. Después de superar la discusión en la Comisión de Hacienda, el siguiente paso será llevar el proyecto a la plenaria del Concejo de Bogotá.

Para avanzar con ese procedimiento se espera que el Concejo sea convocado a sesiones extraordinarias, escenario en el que los cabildantes podrán discutir nuevamente el contenido de la propuesta y decidir mediante votación si la aprueban o la rechazan.

La iniciativa del alcalde Carlos Fernando Galán busca aumentar varios impuestos que se cobran en Bogotá. Entre las modificaciones planteadas se encuentran incrementos relacionados con el ICA y el alumbrado público, recursos que hacen parte de la propuesta financiera presentada por la administración distrital.

El proyecto ha generado cuestionamientos y posiciones diferentes entre sectores políticos de la ciudad. Mientras algunos consideran que Bogotá requiere nuevos recursos para financiar la modernización del alumbrado y otros proyectos, otros sectores se han opuesto al aumento de las cargas tributarias para los ciudadanos.

Una de las concejales que ha expresado su oposición es Diana Diago, quien aseguró que existen denuncias sobre la manera como se estarían consiguiendo apoyos políticos para garantizar la aprobación de la reforma tributaria.

Diago afirmó que habría señalamientos según los cuales se estarían ofreciendo alcaldías locales a cambio de respaldos para el proyecto. También sostuvo que durante la sesión del Concejo intentaron impedir que expresara sus cuestionamientos frente a la iniciativa.

“Hay graves denuncias que dicen que aparentemente están repartiendo alcaldías locales para comprar apoyos a la reforma tributaria. Hoy me intentaron silenciar en la sesión en el Concejo de Bogotá, pero jamás me van a callar ante la ciudadanía”, manifestó la concejal.

La cabildante agregó que los ciudadanos deben conocer lo que ocurre durante la discusión del proyecto y cuestionó que se busque avanzar con nuevos impuestos.

“Cuando el Concejo les da la espalda a los ciudadanos y a toda costa quiere aprobar impuestos para satisfacer a unos cuantos y perjudicar a la población, son los ciudadanos los que deben alzar la voz”, señaló.

La votación registrada este miércoles en la Comisión de Hacienda no significa todavía que la reforma tributaria haya quedado aprobada de manera definitiva.

El resultado de ocho votos a favor y tres en contra permite que el proyecto continúe hacia la siguiente etapa del trámite en el Concejo.

La iniciativa deberá ser discutida en la plenaria de la corporación, donde los concejales tendrán que definir si respaldan o niegan la propuesta presentada por la administración de Galán.

Si la plenaria del Concejo de Bogotá aprueba el proyecto, la reforma pasará posteriormente a sanción del alcalde Carlos Fernando Galán. Cumplido ese procedimiento, la medida podrá entrar en vigencia con los cambios tributarios contemplados en el texto aprobado.

La aprobación en primer debate se produjo en medio de una discusión que trasciende el cobro del alumbrado público. Uno de los principales cuestionamientos se concentra en que la administración de Carlos Fernando Galán pretende obtener alrededor de $1,26 billones adicionales al año mediante la reforma, mientras desde distintos sectores del Concejo se reclama mayor eficiencia en el manejo de los recursos que actualmente recibe la ciudad.

El proyecto tendría efectos fiscales durante la próxima década y contempla modificaciones que recaerían sobre actividades económicas y propietarios de determinados inmuebles.

El ICA se convirtió en uno de los puntos de mayor controversia. La propuesta aumenta las tarifas para actividades como el comercio de vehículos y motocicletas, servicios financieros y de seguros y la comercialización de bebidas alcohólicas y productos de tabaco.

La concejal Diana Diago sostuvo que cerca del 72,8 % del nuevo recaudo proyectado para 2027 provendría de este impuesto, por lo que cuestionó que buena parte de los recursos adicionales termine saliendo de empresas, comerciantes y sectores que generan empleo. Otros concejales han advertido que elevar estas tarifas puede incrementar los costos de operar en Bogotá.

A esa discusión se suma el cobro destinado a financiar el alumbrado público. La reforma plantea una sobretasa al impuesto predial, con tarifas diferenciadas de acuerdo con el tipo de inmueble y la capacidad de pago.

Aunque los estratos 1, 2 y 3, algunos hogares clasificados en los grupos A, B y C del Sisbén y determinados pequeños comercios quedarían con tarifa cero, otros propietarios, establecimientos comerciales, industrias y actividades financieras tendrían que asumir el nuevo cobro.

Los opositores sostienen que, independientemente de las excepciones contempladas, la medida representa una nueva presión sobre el bolsillo de una parte de los bogotanos.

La controversia también se concentra en el destino de los recursos. Diago cuestionó que se proyecten alrededor de $4,2 billones durante diez años para el alumbrado público mediante compromisos que alcanzarían a futuras administraciones.

Al debate se agregó la propiedad de la infraestructura utilizada para prestar el servicio, pues la mayor parte de los activos del sistema continúa en manos de Enel. Este escenario ha llevado a varios concejales a reclamar explicaciones sobre qué infraestructura quedará finalmente en poder del Distrito y qué recibirá Bogotá a cambio de los recursos que se pretende recaudar.

Los reparos ocurren, además, mientras sectores del Concejo cuestionan la gestión de la administración Galán y sostienen que antes de aumentar los impuestos debería demostrarse que se agotaron las posibilidades de austeridad y eficiencia en el gasto.

Los críticos recuerdan otros incrementos que han tenido impacto sobre los ciudadanos, entre ellos las tarifas de TransMilenio y de los parqueaderos, y consideran que agregar nuevas cargas tributarias termina aumentando el costo que deben asumir hogares, propietarios, comerciantes y empresarios.

Bajo ese argumento, la oposición sostiene que la Alcaldía busca más recursos sin resolver primero los cuestionamientos existentes sobre la administración de los dineros públicos.

La reforma enfrenta incluso cuestionamientos sobre su trámite. El concejal Jairo Avellaneda pidió archivarla al advertir presuntos vicios de procedimiento relacionados con la acumulación de los proyectos de acuerdo 709 y 724 de 2026 y con las competencias para presentar iniciativas que crean o modifican tributos distritales.

A esto se sumaron denuncias de Diana Diago sobre supuestos ofrecimientos de alcaldías locales para conseguir respaldos al proyecto, afirmaciones que la concejal presentó públicamente durante la discusión.

Así, el proyecto llegará a la plenaria rodeado de una disputa que combina el aumento del ICA, el cobro para el alumbrado, el impacto sobre los contribuyentes, el manejo de los recursos públicos y cuestionamientos políticos y jurídicos sobre la forma como ha avanzado la iniciativa.

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