Nuevo lío para Juliana Guerrero: juez ordenó investigar otro posible delito

Un juez de conocimiento de Bogotá compulsó copias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue a Juliana Andrea Guerrero Jiménez por la posible comisión de otro delito relacionado con el caso de los títulos académicos expedidos de manera irregular por la Fundación Universitaria San José.

La decisión judicial se conoció este miércoles 9 de septiembre, el mismo día en que Guerrero reconoció su responsabilidad por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro del proceso relacionado con la obtención y utilización de títulos de pregrado de esa institución universitaria.

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Guerrero llegó a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación mediante el cual aceptó su participación en los hechos investigados. Como consecuencia del acuerdo, deberá cumplir una pena de tres años de prisión, además de una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos y el pago de una multa equivalente a 100 salarios mínimos.

Sin embargo, durante el trámite judicial surgió un nuevo asunto que deberá ser examinado por la Fiscalía. El juez dispuso compulsar copias para determinar si Guerrero pudo incurrir en falsedad ideológica en documento público en calidad de determinadora.

“Se efectuará la respectiva compulsa de copias ante la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se investigue a Juliana Andrea Guerrero Jiménez por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento público en calidad determinadora”, señaló el juez.

El funcionario judicial explicó que el proceso que actualmente se adelanta contra Guerrero se encuentra relacionado con la utilización de documentación para acreditar una condición académica que no tenía y, de esa manera, buscar un nombramiento en el Gobierno nacional.

“Frente a este aspecto, recuérdese que los hechos jurídicamente relevantes —y yo fui claro desde el principio en esta diligencia—, los hechos por los cuales está siendo investigada la señora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, son el uso de ese documento para acreditar una calidad que no tenía para obtener un nombramiento. No más, no menos”, indicó el juez.

La nueva compulsa de copias significa que la Fiscalía deberá indagar de manera separada los hechos puestos en su conocimiento y establecer si existe mérito para avanzar en una investigación por esa posible conducta.

El caso contra Guerrero se originó por las irregularidades relacionadas con los documentos académicos que utilizó para acreditar su formación profesional. De acuerdo con el escrito de acusación presentado por la Fiscalía, durante 2025 la joven registró ante el Departamento Administrativo de la Función Pública dos hojas de vida que contenían información diferente sobre sus estudios.

El propósito de esos registros, según el proceso, era acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para asumir como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad.

En la primera hoja de vida aparecían estudios técnicos en Contabilización de las Operaciones Comerciales, obtenidos en 2018, además de formación adelantada en el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, entre 2017 y 2018.

Posteriormente fue registrado otro documento en el que figuraban estudios de Contaduría Pública y Contabilización de las Operaciones Comerciales. En esa información se indicaba que Guerrero había cursado once y cuatro semestres, respectivamente, hasta julio de 2025.

Las pruebas recopiladas durante la investigación establecieron que Guerrero no había asistido a las clases correspondientes, tampoco había presentado las evaluaciones exigidas ni realizado la Prueba Saber Pro.

La situación llevó a la junta directiva de la Fundación Universitaria San José a anular las acreditaciones académicas después de establecerse que Guerrero no había estado matriculada en los programas con los cuales se respaldaron los títulos.

La investigación también involucró al entonces secretario general de la institución universitaria, Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien fue destituido por la junta directiva el 22 de septiembre de 2025 después de haber avalado la expedición de los diplomas relacionados con Guerrero.

Gutiérrez también llegó posteriormente a un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y aceptó el delito de falsedad en documento público.

Según lo establecido dentro del proceso, el exsecretario general firmó y aprobó resoluciones en las que se hacía constar que Guerrero había cumplido los requisitos académicos necesarios para obtener los títulos de contadora y tecnóloga en gestión contable.

Esos documentos daban por cumplidos requisitos académicos que, de acuerdo con las pruebas recopiladas por las autoridades, Guerrero no había satisfecho.

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