Procuraduría asegura que no hay pruebas de que Iván Name recibiera $3.000 millones en sobornos

El Consejo de Estado se prepara para adoptar una decisión en primera instancia dentro del proceso de pérdida de investidura contra el expresidente del Senado Iván Name Vásquez, mientras la Procuraduría General de la Nación sostiene que no existen pruebas suficientes para establecer que el excongresista recibió $3.000 millones en sobornos relacionados con el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El magistrado Jorge Edison Portocarrero radicó el 25 de agosto un proyecto de fallo ante una sala especial de pérdida de investidura del Consejo de Estado. La decisión corresponde al proceso iniciado hace dos años con el propósito de que Name perdiera su investidura como senador. La demanda fue presentada en 2024 por Juan Carlos Calderón España, hermano de Germán Calderón España, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

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Dentro del trámite, el Consejo de Estado escuchó los argumentos del exsenador de la Alianza Verde, de su abogado y sobrino, Fahid Name Gómez, y del procurador sexto delegado ante el Consejo de Estado, José Darío Castro Uribe. El representante del Ministerio Público se opuso a las pretensiones de la demanda durante una audiencia y también mediante un documento presentado el 23 de julio.

La posición de la Procuraduría se concentra en que dentro del proceso no fueron acreditadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que Name habría utilizado su condición de presidente del Senado para ejercer influencia, presión o constreñimiento sobre Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones y también integrante de la Alianza Verde.

Name y Ortiz están vinculados a procesos penales por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con contratos y pagos de sobornos en la UNGRD. Ortiz permaneció privada de la libertad desde diciembre de 2024, intentó negociar con la Fiscalía mediante mesas de trabajo y recuperó su libertad en mayo de 2026 por vencimiento de términos, aunque continúa vinculada al proceso.

La demanda de pérdida de investidura contra Name se fundamentó en la causal de presunto tráfico de influencias. Según el señalamiento que originó el caso, el entonces presidente del Senado habría recibido $3.000 millones a cambio de facilitar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el Congreso. La Procuraduría considera que esa conducta no quedó demostrada dentro del expediente de pérdida de investidura.

Uno de los puntos examinados corresponde al origen de la supuesta orden para entregar el dinero. Según lo expuesto en el proceso, Sandra Ortiz habría intervenido en la entrega de los recursos, pero la orden habría sido impartida directamente por Carlos Ramón González, expresidente de la Alianza Verde y entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), al exdirector de la UNGRD Olmedo López.

El procurador José Darío Castro Uribe se refirió a los testimonios de López y del exsubdirector de la UNGRD Sneyder Pinilla, quienes suscribieron principios de oportunidad con la Fiscalía. De acuerdo con la posición del Ministerio Público, ninguno señaló a Name como la persona que solicitó la entrega de los $3.000 millones.

La Procuraduría fue más allá y sostuvo que dentro del proceso de pérdida de investidura tampoco pudo demostrarse que Name hubiera recibido efectivamente el dinero. Agregó que, incluso en el supuesto de que los recursos hubieran llegado al exsenador, tampoco se acreditó que este hubiera apoyado las iniciativas legislativas del Ejecutivo como contraprestación.

Según el argumento presentado ante el Consejo de Estado, Name mantuvo posiciones contrarias a diferentes proyectos impulsados por el Gobierno y votó en contra de algunas de esas iniciativas. Este elemento fue utilizado por el Ministerio Público para controvertir la tesis según la cual el supuesto pago habría tenido como finalidad obtener el respaldo del entonces presidente del Senado para las reformas gubernamentales.

Para la Procuraduría, al contrastar los indicios surgidos de las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla con la ausencia de pruebas de que Name utilizara su cargo para obtener un beneficio indebido, permanece una duda sobre los hechos atribuidos al excongresista. El Ministerio Público también insistió en que no está demostrado dentro de este trámite que el exsenador hubiera recibido los $3.000 millones.

La decisión queda ahora en manos del magistrado Jorge Edison Portocarrero y de los integrantes de la sala especial de pérdida de investidura Pedro Pablo Vanegas Gil, William Edgardo Barrera Muñoz, Myriam Stella Gutiérrez Argüello y Germán Eduardo Osorio Cifuentes. Name ya no ocupa una curul en el Congreso, pero el proceso deberá concluir con una determinación sobre la demanda presentada en su contra.

De manera paralela, el proceso penal por los hechos de la UNGRD continúa. Name permanece detenido preventivamente en la cárcel La Picota y ha participado de manera virtual en las actuaciones relacionadas con el proceso de pérdida de investidura. El expresidente de la Cámara de Representantes Andrés Calle también está vinculado al expediente penal por los presuntos pagos realizados con recursos provenientes del entramado de corrupción.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó que Name y Calle deben permanecer privados de la libertad. La decisión tuvo en cuenta que la justicia todavía busca establecer la ubicación precisa de Carlos Ramón González y obtener su testimonio dentro del juicio contra los dos excongresistas.

La Sala de Primera Instancia de la Corte decretó el testimonio de una persona que se encuentra en el exterior. Esa circunstancia tiene incidencia sobre los términos de la detención preventiva, debido a que las normas aplicables permiten prolongarla cuando se ordena la práctica de pruebas fuera del país.

El proceso penal también incorporará otras pruebas. Jaime Dussán deberá declarar sobre el trámite de la reforma pensional en el Congreso. Pedro José Castro Espinosa tendrá que aportar los soportes de un préstamo superior a $2.000 millones que habría adquirido y cuyos recursos, según la investigación, estarían relacionados con el dinero entregado a Sneyder Pinilla.

Además, un perito especializado en criptomonedas participará para establecer si existieron movimientos por aproximadamente $1.000 millones que Pinilla habría transferido en Bogotá y retirado posteriormente en Montería para pagar una presunta coima a Andrés Calle en el apartamento que ocupaba cuando era congresista.

La investigación contra Name y Calle avanzó desde mayo de 2025, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema ordenó sus capturas. Tres meses después fueron acusados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación. La acusación fue impugnada, pero posteriormente quedó en firme, lo que permitió continuar con la etapa preparatoria y avanzar hacia el juicio.

Según las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, Name habría recibido $3.000 millones, mientras que Calle habría obtenido $1.000 millones. Pinilla ha señalado ante la justicia que los recursos utilizados para los presuntos sobornos habrían salido de los sobrecostos relacionados con la compra de 40 carrotanques destinados al suministro de agua potable en La Guajira.

La finalidad de los pagos, de acuerdo con esa versión, habría sido agilizar en el Congreso el trámite de reformas del Gobierno, principalmente la pensional. Carlos Ramón González habría dado la orden de entregar los recursos y los pagos habrían llegado a los entonces congresistas en octubre de 2023.

Sandra Ortiz aparece en la investigación como la presunta intermediaria para recibir y trasladar parte del dinero. La Fiscalía comenzó a investigarla después de que Sneyder Pinilla la señalara de haber recibido los $3.000 millones destinados supuestamente a Name. De acuerdo con la investigación, Ortiz habría entregado maletas con dinero al entonces senador en un apartamento del norte de Bogotá.

Pinilla, por su parte, ha reconocido que entregó a Andrés Calle dinero en Montería y ha aportado conversaciones que, según su versión, respaldan el señalamiento sobre el pago. La Fiscalía imputó a Sandra Ortiz los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, mientras que Carlos Ramón González fue señalado por cohecho, peculado y lavado de activos.

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