Funcionarios de Medicina Legal investigados por presunta manipulación de pruebas en muerte del coronel Óscar Dávila

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra diez funcionarios del Instituto Nacional de Medicina Legal por presuntas irregularidades en el manejo de las pruebas relacionadas con la muerte del coronel Óscar Dávila, oficial de la Policía Nacional asignado a la Casa de Nariño y hallado sin vida el 9 de junio de 2023 en Bogotá.

Aunque la Fiscalía General de la Nación concluyó que se trató de un suicidio, nuevas indagaciones apuntan a que peritos, técnicos y auxiliares forenses habrían accedido al sistema de forma indebida y manipulado información técnica clave. El dictamen oficial indicó que Dávila se disparó en la cabeza con el arma de su conductor dentro de una camioneta oficial en la localidad de Teusaquillo. Sin embargo, ahora se cuestiona la cadena de custodia y el tratamiento de las evidencias que sustentaron esa conclusión.

Según reveló el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Mauricio Rodríguez Tamayo, los investigados —seis hombres y cuatro mujeres— habrían accedido a las pruebas sin tener competencia funcional. Una auditoría interna encontró que 23 personas ingresaron al caso, aunque solo 12 estaban autorizadas legalmente. Incluso un exfuncionario cuyo usuario seguía activo consultó el expediente.

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Entre los señalados se encuentran Domingo Enrique Pérez Tovar, Jorge Alfonso Casas Martínez, Beatriz Eugenia Visbal Mora, Natasha Ariza Bello, Yuliet Alexandra Sánchez Rodríguez, Mónica Ivonne Garzón Pineda, Alejandro Salamanca Fonseca, Álvaro García Cardozo, Francisco José Calle Rúa y Diego Fernando Urbano Reyes. A todos se les decretaron pruebas para establecer si su acceso fue irregular y si hubo modificaciones en los informes periciales.

El caso del coronel Dávila ha estado marcado por controversias. El oficial fue vinculado al escándalo de interceptaciones ilegales a exempleadas de Laura Sarabia, entonces jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro. Fue señalado como responsable de coordinar operaciones de inteligencia desde una oficina de la DIAN y de ordenar una prueba de polígrafo tras la desaparición de dinero en la residencia de Sarabia.

Aunque el Gobierno respaldó la tesis del suicidio, voces del ámbito político y de organizaciones de derechos humanos han pedido una revisión independiente, considerando el contexto institucional en el que ocurrió su muerte. El caso está ahora en manos de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, que definirá si hubo fallas disciplinarias que comprometan la integridad del proceso.

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