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Funcionaria de la Cancillería imputada por presunto detrimento patrimonial

Las presuntas acciones irregulares habrían alcanzado los $399 millones.

Funcionaria de la Cancillería imputada por presunto detrimento patrimonial
Por LeidyHernandez | Lun, 01/11/2021 - 07:20 Créditos: Cancillería

Claudia Esperanza Amaya Vargas es la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue imputada por la Fiscalía General por presuntamente haber participado en un detrimento patrimonial para la entidad que alcanzó los $399 millones.

Por eso, una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Dirección Seccional de Bogotá imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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Imputación contra la funcionaria de la Cancillería / Fiscalía General

 

La señalada en las acciones ilegales y funcionaria de Cancillería no admitió su responsabilidad. Mientras que se conoció que entre septiembre de 2016 y enero de 2018, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó tres contratos, cuyo valor total ascendió a $828 millones.

Se esperaba adquirir y poner en funcionamiento un sistema único integrado para la gestión de documentos electrónicos acorde a las guías dispuestas por el Archivo General de la Nación. Dado lo anterior, se tendrían que haber ejecutado contratos para brindar soporte técnico y mantenimiento evolutivo al sistema.

Sin embargo, se constató que los tres contratos se hicieron de manera directa por falta de oferentes y que la señora Amaya Vargas, en su calidad de supervisora de estos procesos, al parecer suscribió el informe final de supervisión e interventoría certificando el cumplimiento total de las obligaciones contractuales, a pesar de que el objeto no se cumplió a cabalidad.

Así las cosas, la procesada no habría realizado ninguna recomendación ni observaciones que permitieran evidenciar tal incumplimiento. Además, el material de prueba de la Fiscalía indicaría que la investigada posiblemente se concertó con un particular y otro servidor público para asumir funciones de sus superiores.

Entonces otorgó paz y salvos de los convenios en mención, sin que se ejecutaran y así la entidad sufrió un detrimento patrimonial por valor de $399 millones. Cabe resaltar que en el marco de este mismo proceso, serán imputados también otros particulares y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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