Transportadores protestan en la frontera tras aranceles del 30 % entre Colombia y Ecuador

Desde la medianoche del 1.º de febrero de 2026, comenzó a regir la aplicación de aranceles del 30 % a una amplia gama de productos entre Colombia y Ecuador.

La medida fue adoptada por ambos gobiernos en un contexto de tensiones diplomáticas que ha impactado directamente el comercio binacional, valorado en más de 2.800 millones de dólares anuales, y ha desencadenado reacciones en cadena por parte de gremios, transportadores y autoridades locales.

En la zona fronteriza de Rumichaca, entre los departamentos de Nariño y la provincia ecuatoriana de Carchi, se han reportado congestiones logísticas, con decenas de vehículos de carga detenidos mientras intentaban adelantar despachos antes de la entrada en vigor de las nuevas restricciones.

El flujo habitual de mercancías se ha visto interrumpido y se prevé una caída de hasta el 40 % en el intercambio comercial, según estimaciones de gremios empresariales.

La Asociación Colombiana de Camioneros en Nariño anunció la realización de la “Marcha por la Dignidad Fronteriza”, prevista para el martes 3 de febrero.

La movilización, que congregaría a más de mil conductores, busca llamar la atención de los gobiernos de ambos países y exigir una salida negociada.

De acuerdo con el vicepresidente de esa organización, Manuel Romo, el acto incluirá una caravana vehicular y una caminata que convergerá en el puente internacional de Rumichaca.

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Según declaró, la movilización pretende visibilizar el impacto económico y logístico de los aranceles, cuya aplicación considera incompatible con el marco normativo de la Comunidad Andina.

Desde el sector empresarial, dirigentes como Alfredo Buchelli, director de Fenalco Nariño, alertaron sobre los riesgos asociados al cierre comercial.

El dirigente explicó que el mayor volumen de exportaciones lo realiza Colombia hacia Ecuador y que el sobrecosto del 30 % vuelve menos competitivos a los productos colombianos frente a los de terceros países como Perú.

Agregó que el impacto será especialmente notorio en regiones como Ipiales, que dependen del comercio transfronterizo.

Buchelli también advirtió sobre un posible aumento del contrabando y del uso de pasos irregulares ante la reducción del flujo formal.

Afirmó que las restricciones podrían empujar a algunas empresas a modificar sus rutas de exportación, lo que requeriría inversiones adicionales y plazos más prolongados para recuperar mercados perdidos.

La imposición inicial del arancel fue anunciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, el pasado 21 de enero durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos.

El mandatario justificó la medida como una “tasa de seguridad” en respuesta a lo que calificó como una falta de cooperación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en zonas fronterizas.

Según explicó, Ecuador enfrenta un déficit comercial superior a los 1.000 millones de dólares anuales y una creciente presión por el tráfico de drogas que atraviesa su territorio hacia mercados internacionales.

En respuesta, el Gobierno colombiano aplicó un arancel del 30 % a cerca de 50 productos ecuatorianos, entre ellos alimentos básicos, materias primas agrícolas y artículos de uso industrial.

Además, suspendió temporalmente la venta de energía eléctrica a Ecuador.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la decisión se tomó con el objetivo de garantizar la seguridad energética nacional. Indicó que los intercambios podrían retomarse si se restablecen condiciones de confianza entre ambos países.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la suspensión del suministro eléctrico ha generado sobrecostos diarios cercanos a los 2 millones de dólares para Ecuador, que ha debido recurrir a fuentes de generación más costosas, como las plantas térmicas.

Como medida adicional, Ecuador elevó en un 900 % la tarifa por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que conecta campos colombianos con puertos ecuatorianos.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explicó que por este sistema circulan alrededor de 30.000 barriles diarios, de los cuales al menos 10.000 pertenecen a la empresa estatal colombiana.

Según Roa, el incremento tarifario afecta la competitividad del crudo colombiano exportado por esa vía y encarece las operaciones logísticas.

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