Fiscalía revela que crimen de María Camila Potosí habría sido pactado por $4 millones

La investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación sobre el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que cursaba un embarazo de ocho meses, continúa aportando nuevos elementos sobre la forma en que, según la hipótesis del ente acusador, se organizó y ejecutó el crimen ocurrido en el Valle del Cauca.

Durante las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, los fiscales del caso expusieron la reconstrucción de los hechos, identificaron el presunto papel de cada uno de los cinco capturados y revelaron la suma de dinero que, de acuerdo con la investigación, habría sido pactada para llevar a cabo el homicidio.

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Según lo expuesto ante el juez de control de garantías, la Fiscalía sostiene que la muerte de María Camila Potosí no obedeció a un hecho espontáneo, sino a un plan que habría sido preparado con anterioridad y que involucró a varias personas con funciones definidas.

De acuerdo con la teoría del caso, el objetivo consistía en privar de la libertad a la joven, asesinarla y extraer mediante un procedimiento violento a la bebé que esperaba.

Uno de los aspectos presentados durante la diligencia judicial fue la existencia de un presunto acuerdo económico entre Yulieth Cecilia Angulo Escobar y los demás implicados.

Conforme a la información expuesta por el ente investigador, el pago establecido para quienes participarían en la ejecución del plan habría sido de cuatro millones de pesos, suma que, según la Fiscalía, correspondía a la retribución por intervenir en las distintas etapas del secuestro, el homicidio y la extracción de la recién nacida.

Las autoridades indicaron que esta información hace parte del conjunto de evidencias recopiladas durante las últimas semanas y que será sometida a valoración dentro del proceso penal que apenas inicia.

Los cinco capturados fueron presentados ante la justicia e imputados, entre otros delitos, por feminicidio agravado, secuestro simple agravado y las demás conductas penales que la Fiscalía considera se desprenden de los hechos investigados.

Como ocurre en esta etapa procesal, las imputaciones no constituyen una condena y todos los procesados conservan la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia ejecutoriada.

Durante la audiencia, los fiscales también explicaron cómo, según la investigación, se habría desarrollado el plan desde meses antes del crimen. La hipótesis señala que Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría construido una relación de confianza con María Camila Potosí simulando que también se encontraba en estado de embarazo.

Esa versión, de acuerdo con el ente acusador, habría permitido mantener una cercanía permanente con la víctima hasta el día en que ocurrieron los hechos.

La reconstrucción presentada por la Fiscalía establece que el 16 de julio Angulo Escobar pasó a recoger a María Camila en una motocicleta con el argumento de acompañarla a una pañalera ubicada en el sector conocido como Alto de Polvorines.

Sin embargo, el recorrido no habría tenido como destino ese establecimiento comercial. Según la investigación, la mujer condujo a la víctima hacia una vivienda que había sido conseguida con anterioridad y que, presuntamente, sería utilizada para ejecutar el plan criminal.

Una vez ambas ingresaron al inmueble, la Fiscalía sostiene que Nixon Steven Mondragón Cuero intervino directamente en la agresión.

Conforme a la hipótesis presentada ante el juez, el hombre habría atacado a la joven con un arma cortopunzante en repetidas oportunidades, causándole lesiones que posteriormente le ocasionaron la muerte.

El ente acusador afirma que, después del ataque, se produjo la extracción de la bebé que María Camila llevaba en su vientre.

Respecto a los demás procesados, la Fiscalía explicó que Kevin Alexis López Orozco habría tenido a su cargo la coordinación logística de la operación y, además, la concertación del pago acordado con los demás participantes.

Los investigadores consideran que su intervención fue determinante para organizar los movimientos previos y posteriores a la ejecución del crimen.

En cuanto a Juan José Narváez Rodríguez, el ente investigador señaló que habría conducido el vehículo utilizado para transportar el cuerpo de la víctima desde el lugar donde ocurrieron los hechos hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde posteriormente fue abandonado con el propósito de dificultar la acción de las autoridades y retrasar el esclarecimiento del caso.

Por su parte, Edwin García Zuluaga habría cumplido funciones de vigilancia en los alrededores del inmueble. Según la Fiscalía, su papel consistía en observar el entorno y advertir sobre la posible llegada de integrantes de la Policía u otras autoridades mientras se desarrollaban las acciones descritas por la investigación.

Uno de los elementos que mayor atención generó durante la diligencia fue precisamente la revelación del monto que, según el ente acusador, habría sido ofrecido a quienes participaron en el plan.

La Fiscalía indicó que el acuerdo económico alcanzaba los cuatro millones de pesos, cantidad que, conforme a la investigación, representaba la compensación por colaborar en la ejecución del secuestro, el homicidio y la extracción de la bebé.

Los investigadores también mantienen otra línea de análisis relacionada con el presunto móvil del caso. De acuerdo con la hipótesis presentada por la Fiscalía, Yulieth Cecilia Angulo habría fingido durante varios meses que estaba embarazada con el propósito de hacer creer a su pareja sentimental que la niña que esperaba María Camila era su hija, situación que, según los investigadores, constituiría uno de los motivos que explican la planificación del crimen. Esta tesis hace parte del proceso investigativo y deberá ser debatida en las siguientes etapas judiciales.

Mientras avanzan las actuaciones procesales, también se conocieron imágenes captadas después de la captura de Yulieth Cecilia Angulo Escobar.

El registro audiovisual, grabado al interior de la estación de Policía Fray Damián, en Cali, muestra el momento en que la procesada ingresa a las instalaciones destinadas para la reclusión temporal.

Durante el recorrido, otras mujeres privadas de la libertad lanzan expresiones desde el interior del lugar.

La información suministrada por las autoridades indica que la mujer permanece bajo medidas de seguridad mientras continúan las diligencias relacionadas con la legalización de su captura, la imputación de cargos y la definición de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.

Paralelamente, los investigadores continúan incorporando nuevas evidencias al expediente. Entre los elementos recopilados figuran registros de cámaras de seguridad, interceptaciones autorizadas por autoridad judicial, análisis forenses practicados por expertos, inspecciones técnicas y el material obtenido durante los allanamientos efectuados en Cali y otros municipios del Valle del Cauca.

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