Corte Suprema investiga a Gloria Arizabaleta por presuntas gestiones en procesos contra Gustavo Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, dentro de un proceso que busca establecer si, durante su paso por la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, incurrió en conductas irregulares relacionadas con los expedientes que se adelantaban contra el presidente Gustavo Petro.

La decisión quedó consignada en un auto de 46 páginas elaborado por el magistrado instructor Misael Rodríguez, documento en el que la corporación judicial expone el material probatorio recaudado hasta el momento, entre el que figuran declaraciones juramentadas, registros de reuniones, conversaciones a través de aplicaciones de mensajería, videos de cámaras de seguridad, informes de geolocalización de teléfonos celulares y otros elementos documentales que, según la Corte, justifican la apertura de una investigación penal.

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La actuación judicial tiene origen en una denuncia presentada después de que Arizabaleta, cuando presidía la Comisión de Investigación y Acusaciones, profiriera una decisión mediante la cual ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro por una presunta participación en política.

Sin embargo, el expediente conocido por la Corte no se limita al análisis de esa determinación, sino que se extiende a una serie de actuaciones que, de acuerdo con los investigadores, habrían ocurrido antes y durante la tramitación de los procesos que involucraban al jefe de Estado.

El despacho del magistrado instructor sostiene que existen elementos que ameritan verificar si la excongresista utilizó su investidura para realizar gestiones relacionadas con dichos expedientes y si buscó influir en funcionarios del Gobierno nacional o en servidores públicos con competencias sobre los mismos.

Uno de los principales ejes de la investigación corresponde a los encuentros sostenidos entre Gloria Arizabaleta, el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, y el entonces secretario de la Comisión de Investigación y Acusaciones, Jairo Corzo.

Según la reconstrucción realizada por la Corte Suprema, estas reuniones ocurrieron en distintos momentos entre 2025 y 2026 y hacen parte del conjunto de hechos que ahora son objeto de verificación judicial.

De acuerdo con el expediente, uno de los primeros encuentros habría tenido lugar entre octubre y noviembre de 2025 en un restaurante de Bogotá que dispone de salones privados. Durante su declaración ante la Corte, Alejandro Carranza manifestó que en esa reunión Arizabaleta le solicitó servir de intermediario para establecer un canal de comunicación con integrantes del Gobierno nacional.

Según el testimonio del abogado, la exrepresentante le manifestó que pretendía desarrollar una gestión política relacionada con los procesos que cursaban contra el presidente Petro en la Comisión de Investigación y Acusaciones.

Carranza también afirmó que Arizabaleta expresó su interés en que esos expedientes fueran resueltos antes de un eventual cambio de gobierno.

La Corte considera que esa declaración constituye uno de los elementos que deben ser contrastados con el resto de las pruebas recopiladas durante la investigación, razón por la cual decidió incorporar registros adicionales sobre comunicaciones y desplazamientos de los involucrados.

Otro de los episodios analizados ocurrió el 27 de enero de 2026 en la residencia de Gloria Arizabaleta, ubicada en el sector de La Calera, en las afueras de Bogotá.

Según los registros incorporados al expediente, primero arribó al inmueble Jairo Corzo y posteriormente ingresó el abogado Alejandro Carranza.

La reconstrucción de ese encuentro se fundamenta en distintos elementos probatorios recopilados por la Sala de Instrucción, los cuales buscan establecer el contenido y propósito de la reunión, así como la participación de cada uno de los asistentes.

La investigación también hace referencia a una tercera reunión realizada el 8 de junio de 2026 en un establecimiento comercial Buffalo Wings de Bogotá. Para reconstruir ese encuentro, la Corte examinó imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, registros de comunicaciones y otros elementos tecnológicos que permitieron ubicar a los asistentes en el lugar y la hora señalados.

Durante su declaración, Carranza afirmó que en esa conversación Gloria Arizabaleta habló sobre la cantidad de votos que serían necesarios dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones para adoptar determinadas decisiones relacionadas con los expedientes contra el presidente Petro.

Según el relato entregado por el abogado, la entonces congresista habría señalado que era necesario "buscar los votos" y "negociar" para alcanzar una mayoría. Carranza manifestó ante la Corte que respondió indicando que esa propuesta le parecía improcedente y que no estaba dispuesto a participar en una actuación de esa naturaleza.

En la misma declaración, el abogado sostuvo que Arizabaleta expresó inconformidad porque el presidente Gustavo Petro no respondía a sus mensajes y formuló críticas dirigidas al entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La Sala de Instrucción también incorporó al expediente información relacionada con una reunión que presuntamente se realizó en febrero de 2026 en la Casa de Nariño y en la que habrían participado la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Nhora Mondragón, Gloria Arizabaleta, Jairo Corzo y Alejandro Carranza.

De acuerdo con el testimonio rendido por Mondragón, durante ese encuentro la excongresista solicitó el nombramiento de una mujer en un cargo directivo de Fiduprevisora y posteriormente le remitió la hoja de vida de esa persona mediante la aplicación Signal.

Para corroborar la existencia de esa reunión, la Corte analizó registros de ubicación de teléfonos celulares correspondientes a los participantes. El cruce de la información permitió identificar coincidencias en antenas de telefonía asociadas a la Casa de Nariño y al Palacio de Nariño el 20 de febrero de 2026, fecha que el auto identifica como el momento en que habría ocurrido el encuentro.

Otro componente de la investigación corresponde a los presuntos acercamientos entre Gloria Arizabaleta y el entonces ministro de Hacienda, Germán Ávila.

La asesora del ministro, María Mónica Martínez, declaró ante la Corte que recibió por lo menos cinco llamadas telefónicas de la entonces representante, quien solicitaba reuniones privadas y planteaba la posibilidad de realizarlas en lugares reservados.

Por su parte, Germán Ávila manifestó ante los investigadores que, a su juicio, Arizabaleta buscaba concretar un acuerdo indebido relacionado con las decisiones que posteriormente podrían adoptarse dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones.

Esa versión quedó incorporada al expediente como uno de los testimonios que deberán ser confrontados durante el desarrollo del proceso.

La Corte Suprema también incorporó registros correspondientes al 9 de junio de 2026, fecha en la que Gloria Arizabaleta radicó el auto mediante el cual ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro.

Los investigadores consideran que la secuencia temporal entre las reuniones previamente documentadas y esa actuación administrativa constituye un aspecto que requiere un análisis judicial más profundo.

Dentro de las diligencias practicadas por la Sala de Instrucción también figura el allanamiento realizado a la residencia de la excongresista en La Calera, procedimiento mediante el cual fueron recaudados nuevos elementos probatorios que ahora hacen parte del expediente.

Con fundamento en el conjunto de testimonios, registros tecnológicos, evidencia documental y demás pruebas recopiladas hasta esta etapa procesal, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió abrir investigación formal contra Gloria Arizabaleta por los presuntos delitos de prevaricato, tráfico de influencias y revelación de secreto.

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