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Fiscalía pedirá declarar asesinato de Miguel Uribe como crimen de lesa humanidad
Pormenores de la decisión del ente acusador.

La Fiscalía General de la Nación prepara una solicitud formal para que el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025, sea tipificado como crimen de lesa humanidad.
El propósito es impedir que el proceso prescriba y extender las investigaciones hasta dar con todos los responsables, incluidos los determinadores o autores intelectuales.
La decisión se produce después de que el ente acusador modificara la imputación inicial, pasando de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado, tras el fallecimiento del dirigente el 11 de agosto de 2025, luego de permanecer 65 días en una unidad de cuidados intensivos y someterse a 18 cirugías.
El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Uribe Turbay, argumentó que el homicidio se enmarca dentro de los parámetros del derecho penal internacional que definen los crímenes de lesa humanidad.
Según explicó, no se trató de un ataque aislado, sino de una acción sistemática contra un líder político de oposición, con un trasfondo político dirigido a afectar al partido Centro Democrático.
Mosquera afirmó que la Fiscalía comparte esta interpretación y que se han adelantado reuniones para establecer la ruta procesal que permitiría formalizar la declaratoria.
Durante las exequias del senador, su padre, Miguel Uribe Londoño, pidió que el caso se catalogara como delito de lesa humanidad, insistiendo en la necesidad de establecer la verdad total de los hechos y capturar a todos los responsables.
Señaló que el ataque coincidió con el momento en que su hijo impulsaba propuestas centradas en la recuperación de la seguridad ciudadana como base para alcanzar la paz.
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La calificación del asesinato como crimen de lesa humanidad permitiría mantener abierta la acción penal sin límite temporal, de acuerdo con las normas internacionales y su incorporación al ordenamiento jurídico colombiano.
El desafío principal para la Fiscalía será demostrar que el atentado formó parte de un patrón sistemático de persecución política y que no se trató de un hecho aislado.
Fuentes de inteligencia han vinculado el homicidio con la estructura armada de la Segunda Marquetalia, atribuyendo la orden de ejecución a su mando militar en el momento, alias “el Zarco Aldinever”.
Sin embargo, la muerte de este presunto responsable complica la obtención de testimonios directos y exige la recolección de pruebas documentales y técnicas que permitan esclarecer la cadena de mando.
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