Fiscalía formaliza acusación contra exconsejera presidencial Sandra Ortiz por corrupción en la UNGRD

La Fiscalía General de la Nación presentó este jueves ante un juez de la República el escrito de acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones durante el mandato de Gustavo Petro, señalada como una de las principales protagonistas en el entramado de presunta corrupción que involucra a exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), miembros del Congreso de la República y funcionarios del Ejecutivo.

El proceso penal avanza sobre los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que le fueron imputados en calidad de coautora.

Según el expediente judicial, Ortiz habría desempeñado un papel de intermediaria entre altos funcionarios del Gobierno y congresistas con poder de decisión legislativa, en un esquema orientado, presuntamente, a facilitar la aprobación de iniciativas del Ejecutivo mediante la entrega de dinero en efectivo, contratos oficiales y beneficios políticos.

La investigación indica que Ortiz, durante su permanencia en la Casa de Nariño, contaba con acceso directo al círculo presidencial y gestionaba vínculos con líderes legislativos desde su rol institucional.

Su nombre aparece en múltiples declaraciones juradas rendidas por exfuncionarios de la UNGRD, entre ellos, el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes señalaron que su intervención fue decisiva en los acercamientos con el entonces presidente del Senado, Iván Name, a quien el Ejecutivo consideraba un interlocutor complejo por su postura crítica frente a las reformas estructurales propuestas desde el Gobierno.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, Sandra Ortiz habría sido designada para coordinar la entrega de un soborno de tres mil millones de pesos al senador Name, con el propósito de asegurar su respaldo, o al menos su neutralidad, en votaciones clave.

Las diligencias judiciales sostienen que este encargo le habría sido conferido por Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Los elementos probatorios apuntan a que el dinero fue entregado en dos momentos distintos, en efectivo, en el domicilio del congresista ubicado al norte de Bogotá.

Las entregas, según la Fiscalía, se realizaron utilizando vehículos oficiales asignados a Ortiz por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo cual ha motivado a esa entidad a solicitar formalmente ser reconocida como víctima dentro del proceso penal, al considerar que sus recursos logísticos fueron utilizados para fines contrarios a la ley.

El caso también vincula al representante a la Cámara Andrés Calle, presidente de esa corporación en el mismo periodo, quien habría recibido mil millones de pesos dentro del mismo esquema.

La suma total comprometida en los sobornos ascendería así a cuatro mil millones de pesos, provenientes, según la Fiscalía, de un contrato adjudicado por la UNGRD para la compra de 40 carrotanques que debían suministrar agua potable a comunidades en La Guajira. Este contrato, cuya ejecución quedó inconclusa, constituye una de las piezas clave en la trazabilidad del presunto desvío de recursos públicos.

La tesis de la Fiscalía sostiene que, más allá de la apropiación de dineros destinados a atender la emergencia humanitaria en ese departamento del norte del país, existió una estructura paralela de gestión política ilícita con fines de manipulación institucional. 

En este sentido, la acusación contra Sandra Ortiz tiene un valor estratégico dentro del proceso penal, al ser considerada por los investigadores como un eslabón operativo con capacidad de conexión entre los ejecutores materiales de los pagos y los beneficiarios políticos.

La exconsejera, quien fue militante del partido Alianza Verde hasta su expulsión en medio del escándalo, permanece privada de la libertad en una guarnición militar, mientras enfrenta el juicio.

La Fiscalía ha reiterado que, en caso de ser hallada culpable, la pena podría alcanzar los diez años de prisión. Aunque existe la posibilidad de una eventual negociación judicial, los registros del proceso dan cuenta de al menos dos intentos previos de preacuerdo que no prosperaron.

En el mismo proceso, fue imputado Carlos Ramón González, quien enfrenta cargos por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos.

En su caso, la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural con carácter urgente, aunque la audiencia de definición quedó programada para el próximo 17 de junio, en espera de nuevos elementos de juicio y de la participación de la defensa.