Fiscalía allana clínica donde estaba señalado cerebro de Aremca

La Fiscalía General de la Nación allanó la habitación de la Clínica La Asunción, en Barranquilla, donde permanecía hospitalizado Gustavo Bolaño Pastrana, procesado por su presunta participación como uno de los principales responsables del caso Aremca y quien tiene vigente una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

El procedimiento fue realizado el lunes 14 de septiembre en la habitación 335 del centro asistencial y posteriormente fue legalizado por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá.

Durante la diligencia, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía encontraron e incautaron un teléfono celular y una agenda que se encontraban en la habitación ocupada por Bolaño Pastrana.

Según lo expuesto por la Fiscalía durante la audiencia de legalización, la libreta tendría anotaciones relacionadas con una estrategia dirigida a desacreditar y atacar al fiscal encargado de la investigación por las presuntas irregularidades con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) que dieron origen al caso Aremca.

En la audiencia también se conoció información relacionada con el supuesto uso de un teléfono celular desde la clínica para consultar las redes sociales de una mujer vinculada al mismo proceso y que estaría adelantando conversaciones con la Fiscalía para obtener un principio de oportunidad.

De acuerdo con lo presentado ante el juzgado, una fuente entregó a los investigadores capturas de pantalla en las que, según el ente acusador, aparecería Bolaño Pastrana siguiendo la cuenta de la procesada.

La Fiscalía señaló que esta circunstancia podría representar un riesgo debido al proceso de colaboración que la mujer adelanta con la justicia.

Bolaño Pastrana permanecía internado en la Clínica La Asunción pese a que desde abril tiene vigente una medida de aseguramiento que ordena su privación de la libertad en un establecimiento carcelario.

Tras la imposición de la medida, el procesado permaneció inicialmente recluido en el Búnker de la Fiscalía General de la Nación y estaba previsto que posteriormente fuera trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Sin embargo, terminó hospitalizado en Barranquilla después de manifestar problemas de salud asociados con un “dolor en el pecho”.

La Fiscalía cuestionó las circunstancias relacionadas con su permanencia en el centro médico. Según información conocida por las autoridades, Bolaño Pastrana habría realizado anticipadamente un abono de $10 millones para permanecer durante un mes en la clínica. No obstante, su hospitalización se habría extendido por un periodo superior.

Ante esta situación, el ente investigador solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) revisar las condiciones en las que se encontraba el procesado y pidió que fuera revocada la decisión que había permitido su permanencia en Barranquilla.

El Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, además de legalizar el allanamiento, ordenó al Inpec adoptar de manera inmediata las medidas de vigilancia, seguridad y control necesarias para garantizar el cumplimiento de la medida de aseguramiento.

La orden judicial establece que se debe impedir que Bolaño Pastrana tenga acceso a teléfonos celulares o a otros medios de comunicación mediante los cuales pueda establecer contactos no autorizados mientras permanece en el centro hospitalario.

La situación se conoce días antes de una nueva diligencia judicial relacionada con la medida de aseguramiento del procesado. Para el próximo 22 de septiembre está prevista una audiencia en la que se solicitaría sustituir la detención intramural de Gustavo Bolaño Pastrana por detención domiciliaria.

El proceso contra Bolaño Pastrana hace parte de la investigación que la Fiscalía General de la Nación dio a conocer en abril por las presuntas irregularidades cometidas mediante la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) en proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

La investigación estableció la presunta existencia de un entramado que habría utilizado la figura de los esquemas asociativos de municipios para obtener la ejecución de proyectos financiados con regalías y posteriormente direccionar contratos relacionados con esas iniciativas.

Como parte de las actuaciones judiciales, funcionarios del CTI adelantaron diligencias en Arauca, Barranquilla y Cantagallo, Bolívar, que permitieron la captura de nueve personas señaladas de participar en las actividades investigadas.

Entre los nombres divulgados por la Fiscalía se encontraba el de Gustavo Bolaño Pastrana, junto con representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de Aremca.

Según la investigación, las nueve personas se habrían articulado para conseguir que alcaldías y gobernaciones designaran a Aremca como ejecutora de recursos provenientes del Sistema General de Regalías.

Después de obtener esa designación, los investigados presuntamente participaron en el direccionamiento irregular de 101 proyectos por una cuantía superior a $496.000 millones.

Los proyectos tenían como finalidad la ejecución de obras civiles, interventorías y planes relacionados con asuntos ambientales, saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros sectores.

Las iniciativas se desarrollaban en los departamentos de Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.

Los elementos materiales probatorios recopilados por los investigadores indicaron que los procesos contractuales habrían desconocido los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva.

La Fiscalía también encontró elementos relacionados con la posible apropiación de $3.200 millones provenientes de regalías en proyectos que debían ser ejecutados en el departamento de Arauca.

Otra de las líneas de la investigación está relacionada con recursos correspondientes a la contribución especial de obra pública. Según el ente acusador, Aremca presuntamente dejó de efectuar retenciones por aproximadamente $14.000 millones correspondientes a ese concepto.

La contribución especial de obra pública establece un aporte equivalente al 5 % del valor total de los contratos celebrados con entidades estatales y sus recursos están destinados a financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los capturados los delitos de concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares.

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