Publicidad
Epa Colombia fue trasladada esposada de pies y manos desde la cárcel de Picaleña
Gobierno impone orden en los establecimientos carcelarios.
Daneidy Barrera Rojas, conocida como “Epa Colombia”, fue trasladada desde el complejo penitenciario de Picaleña hasta Ibagué bajo un dispositivo de seguridad en el que salió esposada de pies y manos y con cadenas, mientras continúa privada de la libertad por la condena que le impuso la justicia por los daños ocasionados al sistema TransMilenio durante las protestas de noviembre de 2019.
El desplazamiento se produjo el jueves 10 de septiembre desde el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, Coiba, conocido como Picaleña, donde Barrera permanece recluida desde agosto.
La creadora de contenido fue llevada a diligencias judiciales en la capital del Tolima bajo las medidas de custodia establecidas por las autoridades penitenciarias.
La imagen de Barrera esposada contrasta con las condiciones que tuvo durante varios meses en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en Bogotá, lugar al que había sido trasladada en agosto de 2025 después de permanecer inicialmente en la cárcel El Buen Pastor.
Durante su estadía en esa guarnición surgieron cuestionamientos por los elementos y las condiciones a los que presuntamente tuvo acceso mientras cumplía una condena intramural.
Las alertas comenzaron a conocerse con mayor detalle en marzo de 2026, cuando trascendió un informe sobre la permanencia de Barrera en la Escuela de Carabineros.
Según la información conocida entonces, entre noviembre de 2025 y enero de 2026 le habrían encontrado cinco teléfonos celulares, elementos cuyo ingreso y utilización están restringidos para las personas privadas de la libertad.
Los reportes también hicieron referencia a equipos de sonido y a la presencia de un vehículo Mini Cooper morado dentro de las instalaciones de la Escuela de Carabineros.
El caso llevó al Inpec a abrir una investigación para establecer cómo se habrían producido esos hechos y si existieron responsabilidades de funcionarios encargados de la custodia.
El entonces director del Instituto sostuvo que no podían existir internos con privilegios dentro del sistema penitenciario.
A esos episodios se sumaron posteriormente señalamientos relacionados con procedimientos estéticos que Barrera presuntamente habría recibido mientras se encontraba privada de la libertad.
Un informe de la Policía consignó que el 2 de junio de 2026 la interna presentó inflamación en los labios y pequeñas equimosis en el rostro, situación que generó nuevas verificaciones sobre las condiciones en las que permanecía recluida. Barrera negó haberse sometido a esos procedimientos.
La acumulación de cuestionamientos sobre su permanencia en la Escuela de Carabineros antecedió su salida de esa guarnición.
El 7 de agosto de 2026 fue trasladada a Picaleña, en Ibagué, donde existe un pabellón para mujeres privadas de la libertad. Versiones publicadas inicialmente señalaron que el movimiento ocurrió por instrucción del nuevo Gobierno; posteriormente, su abogada, Wendy Herrera, sostuvo que la determinación correspondió al Inpec y negó que hubiera sido autorizada directamente por el presidente Abelardo de la Espriella.
No se ha localizado un pronunciamiento público del Instituto que precise el acto administrativo y la autoridad específica que adoptó la decisión.
El traslado a Picaleña significó que Barrera dejara la Escuela de Carabineros y regresara a un establecimiento penitenciario ordinario para continuar cumpliendo la sentencia que pesa en su contra.
Su recorrido por el sistema carcelario comenzó el 29 de enero de 2025, cuando fue capturada después de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena. Días después ingresó a la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
El proceso penal se originó en los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019, durante las manifestaciones que se desarrollaban en Bogotá.
Barrera causó daños en una estación de TransMilenio, afectó infraestructura del sistema y registró parte de sus actuaciones. La Fiscalía la procesó por perturbación en servicio de transporte público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.
El 10 de diciembre de 2019, después de una primera audiencia en la que no había aceptado responsabilidad, Barrera decidió allanarse a los cargos.
La Corte Suprema estableció posteriormente que la aceptación fue libre, consciente, voluntaria e informada y que había recibido asesoría sobre sus consecuencias jurídicas.
En primera instancia recibió una pena menor, pero el proceso cambió después de la apelación. En 2021, el Tribunal Superior de Bogotá modificó la decisión y estableció una condena de 63 meses y 15 días de prisión, es decir, cinco años, tres meses y 15 días. La decisión también tuvo efectos sobre la posibilidad de acceder a mecanismos sustitutivos de la prisión.
La defensa acudió a la Corte Suprema de Justicia y cuestionó, entre otros aspectos, la condena por instigación a delinquir con fines terroristas. Sin embargo, la Sala de Casación Penal concluyó que no se habían vulnerado las garantías fundamentales de Barrera durante la aceptación de cargos y mantuvo la sentencia. En enero de 2025 ordenó hacer efectiva su captura para que cumpliera la pena.
Desde entonces, la defensa de la empresaria ha promovido diferentes actuaciones encaminadas a modificar su situación jurídica y obtener su libertad, mientras ella continúa descontando la condena. Su reclusión ha pasado por El Buen Pastor, la Escuela de Carabineros de Bogotá y, desde el 7 de agosto de 2026, Picaleña.
Ahora, desde ese establecimiento penitenciario, Barrera debe ser movilizada cuando su presencia física sea requerida por una autoridad judicial.
En el traslado del 10 de septiembre fue conducida bajo custodia, esposada de manos y pies y con cadenas, una escena que marca una diferencia frente a las condiciones que generaron cuestionamientos durante su permanencia en la Escuela de Carabineros.
La empresaria continúa cumpliendo la pena de 63 meses y 15 días impuesta por los hechos de 2019, mientras su defensa mantiene las acciones jurídicas dirigidas a revisar su situación y el tiempo que debe permanecer privada de la libertad.
El traslado a Picaleña, entretanto, cerró la etapa de su reclusión en la guarnición policial que quedó bajo investigación después de conocerse los celulares, el vehículo y otros presuntos beneficios a los que habría tenido acceso.
Otras noticias
Etiquetas
