Fiscalía imputó al hermano de Daniel Quintero por contratos de más de $17.600 millones

La Fiscalía General de la Nación imputó a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, por su presunta participación en un esquema de corrupción relacionado con seis convenios públicos celebrados entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, cuyo valor superó los $17.656 millones.

Durante la audiencia realizada este jueves 10 de septiembre de 2026, la Fiscalía le formuló cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

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En la misma diligencia fueron procesados Álvaro Alonso Villada, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera de la entidad, y los contratistas Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega.

Según la exposición realizada por la Fiscalía ante el Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, Miguel Andrés Quintero habría intervenido como articulador de un mecanismo destinado a direccionar seis convenios que, formalmente, tenían como propósito la adquisición de insumos de bioseguridad a través del Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

Los contratos investigados fueron celebrados durante 2020 y 2021 y, en conjunto, superaron los $17.656 millones. La Fiscalía sostiene que alrededor de estos procesos se habría establecido un acuerdo para exigir un porcentaje del valor de los contratos antes de que fueran adjudicados.

Durante la imputación, la fiscal delegada señaló que el porcentaje presuntamente exigido correspondía al 15 % del valor total de los contratos y que su entrega habría sido establecida como condición para que los negocios fueran adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí.

“Existía un acuerdo destinado para obtener una contraprestación económica ilícita del 15 % del valor total de los contratos, como requisito para que fuesen adjudicados al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Utilizaron la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá para lograr este resultado”, manifestó la fiscal durante la audiencia.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, Miguel Andrés Quintero se habría reunido con Misael Cadavid, representante legal de la institución bomberil y quien actualmente figura como testigo de la Fiscalía. En esos encuentros, según la tesis presentada por el ente investigador, se habrían acordado los cobros relacionados con los procesos contractuales.

La Fiscalía también sostuvo que Quintero Calle habría participado en el esquema pese a no ocupar un cargo dentro del Área Metropolitana del Valle de Aburrá ni tener competencia legal para intervenir en la administración de los recursos públicos involucrados en los convenios.

“Habría plantado la idea criminal en los altos funcionarios públicos y otros ya imputados, con el propósito de favorecer determinados contratistas y obtener una ganancia económica”, indicó la fiscal al referirse al papel que, según la investigación, habría desempeñado Miguel Andrés Quintero.

La imputación también abordó la participación atribuida a Álvaro Alonso Villada, quien ocupó la Subdirección de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana. Según la Fiscalía, su llegada al cargo se produjo después de una recomendación de Miguel Quintero al entonces director de la entidad, Juan David Palacio.

Una vez posesionado, Villada habría intervenido en decisiones relacionadas con la planta de personal y en los procedimientos administrativos necesarios para la suscripción de los documentos vinculados con los contratos que ahora son materia de investigación.

“Orientó el esquema delictivo promovido por el señor Quintero Calle. Coordinó las decisiones para el manejo de la planta de personal de la entidad”, explicó la fiscal durante la diligencia al describir las funciones que, según la investigación, habría desempeñado el exfuncionario.

Dentro de los elementos probatorios presentados por la Fiscalía también aparecen conversaciones de WhatsApp registradas en 2025. Según lo expuesto durante la audiencia, en esos mensajes Miguel Andrés Quintero habría enviado hojas de vida con el propósito de conseguir la vinculación de personas cercanas en la entidad, entre ellas dos exsubsecretarias de Medellín.

La investigación busca establecer de qué manera se habría utilizado la estructura administrativa del Área Metropolitana del Valle de Aburrá tanto para los movimientos de personal como para adelantar los procedimientos contractuales relacionados con los seis convenios cuestionados.

Durante la audiencia se presentó una situación relacionada con la publicidad de la diligencia. El Juzgado 27 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín ordenó suspender la transmisión pública de la sesión virtual a solicitud de la defensa de Miguel Andrés Quintero.

La petición estuvo sustentada en la reserva sobre el nombre y la imagen del procesado. Como consecuencia de la decisión judicial, la exposición de los hechos correspondientes al delito de peculado por apropiación se desarrolló sin transmisión pública.

Miguel Andrés Quintero, Álvaro Alonso Villada, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación. El proceso penal continuará con las actuaciones previstas para resolver las solicitudes relacionadas con medidas de aseguramiento y las etapas posteriores del caso.

La investigación contra Miguel Andrés Quintero tuvo entre sus antecedentes las denuncias formuladas durante 2020 y 2021 por concejales de oposición y por la veeduría Todos por Medellín.

Los cuestionamientos se concentraron en la supuesta influencia que habría ejercido el hermano del entonces alcalde Daniel Quintero sobre procesos de contratación y designaciones de funcionarios durante la administración municipal.

A esas denuncias se sumaron investigaciones periodísticas que revisaron contratos y registros disponibles en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop. Los documentos examinados llevaron a plantear interrogantes sobre relaciones entre contratistas, funcionarios públicos y personas del entorno de Miguel Andrés Quintero.

La información recopilada y las denuncias presentadas hicieron que el caso llegara a organismos de control, entre ellos la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría, que comenzaron a revisar posibles irregularidades relacionadas con contratación pública y presuntas influencias en decisiones administrativas.

La actuación conocida este 10 de septiembre representa una nueva etapa del proceso penal, con la formulación de cargos contra Miguel Andrés Quintero y los otros tres vinculados.

Al no aceptar los delitos imputados, corresponderá a las autoridades judiciales continuar el trámite y determinar, con base en las pruebas que sean presentadas durante el proceso, la responsabilidad de cada uno de los investigados.

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