Gobierno ordena cerrar zona de Comandos de la Frontera en Putumayo: 99 integrantes en incertidumbre

El Gobierno nacional ordenó terminar, a partir del próximo 30 de septiembre, la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en Valle del Guamuez, Putumayo, donde permanecían concentrados 99 integrantes de los Comandos de la Frontera como parte del proceso adelantado durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

La decisión deja pendiente la situación jurídica y el tránsito hacia la vida civil de las personas que llegaron a ese lugar después de los acercamientos entre el anterior Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura de la que hacen parte los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.

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La zona fue establecida como resultado de las conversaciones desarrolladas en el marco de la política de “paz total” y recibió desde mediados de este año a integrantes de la organización armada que habían aceptado concentrarse mientras avanzaban los mecanismos acordados con el Estado.

La orden de finalizar la ZUT se conoció después de que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella firmara la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de la Frontera. Ambas decisiones modificaron las condiciones bajo las cuales permanecían concentrados los integrantes de esa estructura en Putumayo.

Aunque la terminación quedó fijada para el 30 de septiembre, el desmonte de la zona requiere una serie de actuaciones previas. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz deberá coordinar hasta esa fecha las medidas administrativas, sociales, migratorias, jurídicas, logísticas y de seguridad necesarias para completar el cierre.

La resolución también establece que, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su expedición, deberá adoptarse un Plan Interinstitucional de Cierre y Transición. Ese plan tendrá que ejecutarse, como máximo, el 30 de septiembre y deberá establecer las acciones de las entidades involucradas en el proceso.

Mientras se define la transición, integrantes de los Comandos de la Frontera que permanecían en la ZUT solicitaron garantías para sus vidas y pidieron que se establezca una ruta que les permita continuar hacia la vida civil.

En un video en redes sociales uno de los hombres concentrados manifestó que la decisión de abandonar las armas respondía precisamente a la intención de no regresar a ellas. “Si dejamos el fusil es porque ya no queremos volver a usar un fusil, ya queremos la ruta por la que vamos encomendados todos los aquí presentes”, afirmó.

Otro de los integrantes pidió “una solución concreta de los problemas jurídicos” que enfrentan quienes se encuentran en la zona y solicitó acompañamiento del Gobierno para continuar el proceso, incluida la presencia de un vocero.

La resolución sobre Valle del Guamuez se produjo junto con otras decisiones mediante las cuales fueron revocadas las designaciones de negociadores que participaban en los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

La Oficina del Consejero Comisionado de Paz mantiene actualmente la responsabilidad sobre la atención de la ZUT y tendrá a su cargo la coordinación de su cierre.

Para ello deberá trabajar con las entidades que tienen competencias relacionadas con las personas concentradas, entre ellas la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

De acuerdo con el artículo 4 de la resolución, la ARN deberá “definir individualmente el ingreso y la continuidad de las personas reconocidas como desmovilizados (...) en el proceso de reintegración”. Esto implica revisar la situación de cada una de las personas que cumplan las condiciones establecidas para acceder o continuar en los programas correspondientes.

El cierre, sin embargo, ocurre en medio de la incertidumbre entre algunos de los integrantes que habían avanzado en el proceso. Una fuente citada bajo reserva por El Colombiano señaló que tanto la extradición de alias Araña como la decisión de terminar la ZUT modificaron el escenario para las personas que permanecían concentradas.

La situación también abrió la posibilidad de que algunos integrantes abandonen el proceso y regresen a las armas. Una persona que permanecía en el lugar aseguró a Cambio que había intranquilidad entre quienes se encontraban en la zona y que algunos optaron por marcharse.

“La situación es de mucha intranquilidad; estaban nerviosos por lo que pudiera pasar y tomaron sus pocas cosas y se fueron”, relató. Consultada sobre el destino de quienes abandonaron el lugar, respondió: “No se sabe. Se internaron en la selva, volvieron al monte”.

El futuro de los programas destinados a atender estos procesos coincide, además, con la proyección presupuestal de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Según el presupuesto presentado por el Gobierno para 2027, la entidad tendría una reducción cercana al 46 % de sus recursos.

Alejandra Miller, quien dirigió la ARN durante el gobierno de Gustavo Petro, cuestionó el impacto que tendría esa disminución sobre la operación de la agencia.

Según manifestó, la reducción presupuestal, sumada a las restricciones sobre contratación y Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), afectaría los programas y las dependencias territoriales de la entidad.
“Recortar el presupuesto, congelar los procesos de contratación pública y los CDP (Certificados de Disponibilidad Presupuestal), impiden el actual y futuro funcionamiento de la ARN. Esto es casi un cierre de facto de los programas y las territoriales de la entidad”, señaló Miller.

La terminación de la zona de Valle del Guamuez se suma a las decisiones adoptadas por el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a los procesos de diálogo que estaban en marcha con organizaciones armadas ilegales durante la administración anterior.

De la Espriella había anunciado desde la campaña presidencial que su política frente a estas estructuras estaría basada en el sometimiento a la justicia y en operaciones de la Fuerza Pública, en reemplazo de los diálogos adelantados como parte de la “paz total”.

Ese planteamiento fue reiterado desde su primer discurso como presidente. “Disponen de un mes para organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, manifestó entonces al referirse a los grupos armados ilegales y a la política desarrollada por el gobierno anterior.

La decisión sobre los Comandos de la Frontera, junto con la revocatoria de las designaciones relacionadas con los diálogos con el ELN y el EGC, forma parte de las medidas mediante las cuales el actual Gobierno está terminando los mecanismos de negociación establecidos durante la administración Petro.

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