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De guardianes del Inpec a extorsionistas: grupo de vigilantes carcelarios encabeza banda criminal de 17 miembros
Nombrados para cuidar a los internos pero integran organización delictiva para extorsionar desde la cárcel.
Una investigación de la Fiscalía General de la Nación dejó al descubierto un entramado criminal que, según las autoridades, operaba desde el establecimiento penitenciario El Barne, ubicado en el municipio de Cómbita, Boyacá.
La estructura habría utilizado la infraestructura de la cárcel para ejecutar llamadas extorsivas contra ciudadanos de diferentes regiones del país, con la presunta colaboración de funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes habrían facilitado el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos prohibidos a los pabellones donde permanecían privados de la libertad varios de los implicados.
El caso, llevó a la judicialización de 17 personas, entre ellas cinco dragoneantes del Inpec. La investigación sostiene que el grupo habría conformado una organización con funciones claramente distribuidas para obtener información de potenciales víctimas, suministrarla a internos del penal y ejecutar extorsiones mediante llamadas telefónicas en las que se realizaban amenazas de muerte y exigencias económicas.
De acuerdo con el ente investigador, la red operó principalmente entre enero y diciembre de 2025. Durante ese periodo, los privados de la libertad habrían realizado numerosas llamadas desde distintos pabellones de la cárcel de El Barne, utilizando agendas con información previamente recopilada sobre las víctimas.
Los delincuentes, según la Fiscalía, se identificaban falsamente como integrantes de estructuras armadas organizadas o grupos criminales con el propósito de intimidar a los ciudadanos y obligarlos a realizar consignaciones o giros de dinero bajo amenazas contra su vida o la de sus familiares.
Las pesquisas permitieron establecer que la organización no se limitaba a quienes permanecían recluidos. La estructura también habría contado con colaboradores externos encargados de recopilar datos personales y patrimoniales de las víctimas.
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Entre la información obtenida figuraban la actividad económica, el lugar de residencia, la composición familiar y otros elementos que posteriormente eran entregados a los internos para hacer más creíbles las intimidaciones.
Ese modelo de funcionamiento responde a una modalidad de extorsión ampliamente documentada por las autoridades colombianas. Tanto el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) de la Policía Nacional como el Gaula Militar han advertido en múltiples campañas de prevención que las organizaciones criminales fortalecen sus amenazas cuando poseen información personal de las víctimas, lo que incrementa la presión psicológica para obtener pagos ilícitos.
Las autoridades reiteran que la recomendación frente a este tipo de llamadas es interrumpir la comunicación, no realizar consignaciones y denunciar inmediatamente los hechos.
La investigación también puso el foco sobre presuntas fallas en los controles internos del establecimiento penitenciario.
Según la Fiscalía, cinco funcionarios del Inpec habrían incumplido sus deberes de vigilancia y custodia para permitir el ingreso de teléfonos celulares y otros elementos indispensables para el funcionamiento de la red delictiva.
La introducción de estos dispositivos constituye una de las principales preocupaciones del sistema penitenciario colombiano, pues facilita que organizaciones criminales continúen desarrollando actividades ilícitas desde los centros de reclusión.
Los funcionarios judicializados fueron identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez.
Conforme a la hipótesis de la Fiscalía, su participación habría sido determinante para garantizar que los internos mantuvieran comunicación constante con las víctimas y coordinaran las acciones extorsivas sin ser detectados oportunamente.
Las capturas fueron ejecutadas mediante un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.
Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Bogotá y en municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá, lo que evidencia el alcance territorial de la investigación y la presunta dimensión nacional de la organización.
Durante las audiencias preliminares, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a las 17 personas el delito de extorsión.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente acusador, por lo que el proceso continuará en las etapas judiciales correspondientes, bajo el principio constitucional de presunción de inocencia hasta que exista una decisión definitiva de los jueces competentes.
El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario únicamente al dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez, mientras que los demás procesados continuarán vinculados a la investigación en las condiciones definidas por la autoridad judicial.
La Fiscalía señaló que continuará recopilando elementos materiales probatorios para fortalecer el proceso penal.
El caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores desafíos para el sistema penitenciario colombiano: impedir que las cárceles sean utilizadas como centros de operación de organizaciones dedicadas a la extorsión.
El Inpec ha implementado en los últimos años estrategias como requisas permanentes, bloqueadores de señal, controles tecnológicos y operativos conjuntos con la Fuerza Pública; sin embargo, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Defensoría del Pueblo han advertido que el ingreso ilegal de teléfonos celulares continúa siendo una de las principales vulnerabilidades del sistema carcelario.
Las autoridades insisten en que las llamadas extorsivas provenientes de establecimientos penitenciarios representan una proporción significativa de los casos denunciados en Colombia.
Por ello, recomiendan verificar cualquier información recibida telefónicamente, abstenerse de realizar pagos exigidos bajo amenazas y comunicarse de inmediato con la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional o con las autoridades competentes para activar los protocolos de atención e investigación.
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