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Juez suspende contrato de escoltas de la UNP por $78.000 millones tras acciones judiciales
La decisión responde a tutelas sobre presuntas irregularidades en el proceso, que también había sido cuestionado por el presidente electo.
Un juez ordenó la suspensión del proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos, luego de que se interpusieran varias acciones judiciales que cuestionan el desarrollo del proceso.
La medida fue adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, que atendió solicitudes de suspensión provisional en el marco de seis acciones de tutela presentadas contra la convocatoria. Como parte de la decisión, se ordenó a la entidad notificar a las uniones temporales interesadas y publicar el auto que formaliza la suspensión.
De acuerdo con la información oficial, una de las tutelas fue presentada por un escolta que alegó modificaciones injustificadas en el alcance del proceso contractual. Según el recurso, la convocatoria habría sido ajustada para cubrir únicamente determinadas zonas del país, excluyendo otras que, según el demandante, cuentan con condiciones técnicas y jurídicas similares.
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El documento judicial advierte que estos cambios podrían generar riesgos para la estabilidad laboral de algunos trabajadores, al considerar que se afectarían principios como la confianza legítima y el trato equitativo entre los participantes del proceso.
El proceso ya había sido objeto de cuestionamientos por parte del presidente electo, Abelardo De La Espriella, cuyo equipo solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación para revisar la legalidad del contrato. La preocupación se centraba en que la adjudicación se llevara a cabo antes del cambio de gobierno.
Además, desde el equipo de transición se ha pedido analizar la provisión de miles de cargos dentro de la entidad durante la recta final de la actual administración, en medio de advertencias sobre posibles impactos administrativos y presupuestales.
La suspensión del proceso implica que, por el momento, la UNP no podrá avanzar en la adjudicación del contrato hasta que se resuelvan de fondo las acciones judiciales en curso. Esto podría retrasar la implementación de nuevos esquemas de protección y generar ajustes en la planificación operativa de la entidad.
El caso se produce en un contexto de revisión de contratos y decisiones administrativas adoptadas en el cierre del actual gobierno, mientras el equipo entrante adelanta el proceso de empalme de cara a la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.
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