Medicina Legal identificó 20 muertos de la Operación Azarías en Guaviare: dos eran menores de edad

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que dos menores de edad se encuentran entre las personas que murieron durante la Operación Azarías, desarrollada por las fuerzas del orden contra estructuras armadas ilegales en la vereda Lagos del Dorado, jurisdicción del municipio de Miraflores, en Guaviare.

La institución informó este viernes 4 de septiembre que recibió un total de 24 cuerpos procedentes de las operaciones militares desplegadas en esa zona del departamento. Los cadáveres ingresaron a Medicina Legal el 1 de septiembre de 2026 para los procedimientos correspondientes de identificación y análisis forense.

Lea también (AngloGold retoma Quebradona, proyecto de cobre con inversiones superiores a $8 billones)

De los 24 cuerpos recibidos, Medicina Legal logró establecer hasta el momento la identidad de 20 personas. Los otros cuatro cadáveres continúan bajo abordaje forense debido a las condiciones en las que fueron entregados, circunstancia que ha dificultado los procedimientos necesarios para determinar plenamente sus identidades.

Según el balance entregado por el organismo, entre las 20 personas identificadas hay ocho mujeres y 12 hombres. Medicina Legal también estableció que dos de ellas eran menores de edad, con lo que confirmó la presencia de menores entre quienes murieron durante la operación militar.

La entidad no reveló las identidades ni las edades de los dos menores y tampoco suministró información adicional sobre las circunstancias específicas en las que murieron durante las acciones desarrolladas en Miraflores.

Los procedimientos para establecer la identidad de los cuatro cuerpos restantes continuarán pese a las condiciones en las que fueron recibidos. Medicina Legal no estableció un plazo para concluir esos análisis y determinar quiénes eran las personas cuyos cadáveres permanecen pendientes de identificación.

En su pronunciamiento, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses manifestó que continuará desarrollando sus procedimientos bajo los principios de independencia técnica y transparencia, como parte de su labor de apoyo a la administración de justicia.

El balance forense fue divulgado cuatro días después de que el presidente Abelardo de la Espriella informara los resultados de la Operación Azarías, que incluyó bombardeos contra estructuras armadas ilegales que mantienen presencia en el arco amazónico.

De acuerdo con la información entregada por el mandatario, entre las personas que murieron durante la incursión se encontraba alias El Tigre, señalado como jefe del frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc. Esta estructura operaba bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, identificado por el Gobierno nacional como el hombre más buscado del país.

El martes 1 de septiembre, después de la operación, De la Espriella se desplazó hasta San José del Guaviare, capital del departamento, donde presentó un balance de las acciones militares. Posteriormente, el presidente publicó un video en el que apareció junto a por lo menos 23 cadáveres que se encontraban dentro de bolsas.

Esos cuerpos corresponderían a los que posteriormente fueron sometidos a los procedimientos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. La entidad, sin embargo, reportó haber recibido 24 cadáveres provenientes de las operaciones realizadas en Guaviare.

La confirmación de los dos menores entre las personas identificadas en la Operación Azarías elevó a seis el número de menores de edad muertos en operaciones militares recientes.

Otros tres menores murieron durante la última semana de agosto en otra operación desarrollada en el departamento del Guaviare. A esos casos se suma un cuarto menor que había fallecido días antes durante un bombardeo militar ejecutado en la región del Catatumbo.

La presencia de menores en zonas donde se desarrollan operaciones contra grupos armados también quedó en el centro de una decisión judicial que ordenó a las autoridades abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos de estas organizaciones cuando exista la posibilidad de afectar a menores de edad.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció el jueves 3 de septiembre que el Gobierno apelará esa decisión. A través de sus redes sociales, el funcionario calificó el fallo como “absurdo e inconstitucional” y manifestó que el Ejecutivo, aunque acatará las determinaciones judiciales, ejercerá los mecanismos disponibles para controvertirlas.

Lara cuestionó específicamente el criterio que ordena abstenerse de realizar una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados en el lugar que será objeto de una acción militar.

“Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información ‘cierta, objetiva o razonablemente verificable’ sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria”, afirmó el ministro.

El jefe de la cartera del Interior también planteó interrogantes sobre los elementos que podrían utilizarse para determinar que existe información razonablemente verificable durante la planeación de una operación. “¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible”, expresó.

Lara sostuvo además que los grupos armados ilegales reclutan y utilizan a menores de edad dentro del conflicto y señaló que un criterio de esa amplitud podría impedir en la práctica el uso de bombardeos contra esas estructuras.

El ministro sustentó esa afirmación en las cifras de la Defensoría del Pueblo sobre reclutamiento de menores. De acuerdo con los datos mencionados por el funcionario, entre 2024 y el 31 de julio de 2026 se registraron 1.173 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales en Colombia.

Otras noticias