Corte Suprema niega tutela a alias Papá Pitufo y mantiene proceso penal y extradición

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso penal y el trámite de extradición contra Diego Marín Buitrago, conocido como alias Papá Pitufo, al negar la acción de tutela con la que buscaba invalidar las actuaciones en su contra tanto en Colombia como en Europa.

El alto tribunal concluyó que no se evidencian vulneraciones a derechos fundamentales y que el procesado aún cuenta con mecanismos judiciales ordinarios para ejercer su defensa.

La decisión, adoptada por la Sala de Casación Penal el 10 de marzo en primera instancia, determinó que la tutela resulta improcedente al no cumplirse el requisito de subsidiariedad.

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Según la Corte, el juicio en Colombia no ha iniciado y existen etapas procesales pendientes en las que Marín podrá controvertir las decisiones judiciales.

Diego Marín Buitrago es señalado por la Fiscalía como uno de los principales articuladores del contrabando en Colombia.

Las investigaciones lo vinculan con una red que habría operado en puertos estratégicos como Buenaventura y Cartagena, mediante el pago de sobornos a funcionarios públicos y agentes de control aduanero para facilitar el ingreso ilegal de mercancías.

Las autoridades sostienen que entre 2023 y 2024 esa estructura habría entregado más de mil millones de pesos en dádivas, lo que le permitió consolidar un esquema criminal con alcance nacional.

El caso tomó dimensión internacional tras la emisión de una orden de captura en marzo de 2024, que derivó en una circular roja de Interpol. Marín fue ubicado inicialmente en Valencia, España, donde obtuvo libertad provisional, pero posteriormente salió de ese país y fue recapturado en Portugal.

Desde entonces, Colombia ha adelantado solicitudes de extradición ante las autoridades europeas, proceso que sigue en curso y cuya definición depende, en parte, de la solicitud de asilo presentada por el procesado en territorio portugués.

En la tutela, Marín alegó la presunta vulneración de su derecho al debido proceso, al considerar que no pudo ejercer su defensa material durante las audiencias en Colombia.

También cuestionó la legalidad de la circular roja de Interpol y de los procedimientos de captura en el exterior, bajo el argumento de que la orden inicial habría perdido vigencia.

La Corte Suprema desestimó estos planteamientos. En relación con la extradición, precisó que se trata de un trámite administrativo en desarrollo que debe resolverse dentro de los canales propios de ese procedimiento, sin que la tutela sea el mecanismo adecuado para intervenir.

Sobre el proceso penal, el alto tribunal concluyó que no se configura un perjuicio irremediable. Además, estableció que Marín tenía conocimiento de las actuaciones en su contra y, pese a ello, no compareció en varias oportunidades, lo que llevó a su declaratoria como contumaz y permitió avanzar en el proceso en su ausencia.

“La tutela no es una tercera instancia”, reiteró la Corte al advertir que este mecanismo constitucional no puede emplearse para reabrir discusiones ya resueltas por los jueces naturales.

Con esta decisión, el proceso penal en Colombia continúa su curso. La audiencia preparatoria está programada para los próximos meses, dentro de un expediente en el que Marín enfrenta cargos por concierto para delinquir y cohecho.

En paralelo, el trámite de extradición sigue dependiendo de las decisiones de las autoridades portuguesas. Aunque un tribunal de ese país ya autorizó su envío a Colombia, el proceso ha tenido dilaciones por recursos judiciales y la solicitud de protección internacional presentada por el investigado.

El caso de alias Papá Pitufo se mantiene como uno de los expedientes más relevantes en materia de contrabando y corrupción en el país.

Las autoridades lo consideran una figura clave en estructuras ilegales que han afectado el control aduanero y las finanzas públicas, en un fenómeno que, según estimaciones recientes, representa miles de millones de dólares en pérdidas para la economía nacional.

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