Corte Suprema cita a senadora Isabel Zuleta por caso de operativo en celda de alias Pipe Tuluá

La senadora Isabel Zuleta, integrante del Pacto Histórico, deberá comparecer este viernes 26 de junio ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para rendir versión libre dentro de la investigación que adelanta ese alto tribunal por su presunta participación en un procedimiento realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, durante el cual fue hallada e incautada un arma de fuego en la celda de Andrés Felipe Marín, conocido con el alias de Pipe Tuluá, señalado como uno de los principales cabecillas de la estructura criminal La Inmaculada.

De acuerdo con la actuación judicial, la diligencia fue programada para las 8:00 de la mañana por el despacho del magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción y ponente del proceso.

La comparecencia hace parte de una indagación preliminar con la que la Corte busca establecer el alcance de la actuación de la congresista durante el operativo desarrollado en el establecimiento penitenciario y determinar si su presencia se limitó a labores de acompañamiento o si desempeñó funciones que correspondían exclusivamente a las autoridades judiciales y penitenciarias.

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La investigación tuvo origen en diciembre del año pasado, cuando la Corte Suprema decidió abrir una indagación preliminar para esclarecer los hechos ocurridos durante un allanamiento practicado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en la cárcel La Picota.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que las autoridades recibieran información de inteligencia sobre un presunto plan criminal que se estaría organizando desde el interior del centro de reclusión.

Según la información recopilada por los organismos de investigación, el objetivo principal de esa diligencia consistía en ubicar e incautar un arma de fuego que, presuntamente, permanecía oculta en la celda ocupada por alias Pipe Tuluá.

La hipótesis planteada por las autoridades señalaba que ese armamento sería utilizado para ejecutar un atentado contra otro interno del penal, identificado como alias Araña, integrante de los Comandos de Frontera, quien posteriormente fue capturado en Bogotá cuando participaba en actividades relacionadas con los diálogos de paz promovidos por el Gobierno nacional.

Durante el desarrollo del operativo, la senadora Isabel Zuleta estuvo presente en el establecimiento penitenciario acompañando la diligencia.

De acuerdo con la información que hace parte del expediente, en ese procedimiento Andrés Felipe Marín habría entregado voluntariamente el arma de fuego a las autoridades, reconociendo que conocía de su existencia y del propósito para el cual, presuntamente, iba a ser utilizada. Ese episodio constituye uno de los principales elementos que ahora analiza la Corte Suprema de Justicia para determinar cuál fue la intervención de la congresista en los hechos.

El proceso judicial busca establecer si la parlamentaria únicamente observó el desarrollo del allanamiento en ejercicio de funciones relacionadas con el control político o si asumió un papel activo en una actuación reservada a las autoridades encargadas de la investigación penal y del sistema penitenciario.

Para los magistrados resulta relevante definir si existió algún tipo de intervención que pudiera exceder las competencias constitucionales y legales que corresponden a un integrante del Congreso de la República.

La Sala de Instrucción también analiza si la presencia de la senadora pudo influir en el desarrollo del procedimiento adelantado por los investigadores del CTI y por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En esa etapa procesal no se ha formulado imputación alguna, ya que el propósito de la diligencia consiste en escuchar la versión de la congresista y recaudar elementos que permitan definir el rumbo de la investigación.

Los hechos objeto de análisis ocurrieron mientras avanzaba el proceso de extradición de alias Pipe Tuluá hacia Estados Unidos. El cabecilla era requerido por autoridades federales por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

En ese contexto, el presidente Gustavo Petro manifestó públicamente que el jefe criminal habría intentado impedir su traslado mediante ofrecimientos económicos dirigidos a funcionarios públicos. Pese a esas denuncias, la extradición finalmente se materializó y Marín fue puesto a disposición de una corte federal estadounidense.

La actuación de Isabel Zuleta en escenarios relacionados con establecimientos penitenciarios ha sido objeto de otros procesos y controversias.

La Corte Suprema también adelanta actuaciones para esclarecer su participación en actividades desarrolladas en la cárcel de Itagüí, donde el Gobierno impulsó una mesa de paz urbana con representantes de estructuras criminales que operan en Medellín y el Valle de Aburrá.

Ese centro penitenciario fue igualmente escenario de investigaciones administrativas tras la realización de un evento musical protagonizado por el cantante Nelson Velásquez dentro del penal.

A estas actuaciones se suman los cuestionamientos formulados por la exministra de Justicia Ángela María Buitrago, quien aseguró públicamente que durante su gestión recibió observaciones de la congresista frente a distintos operativos realizados por el Inpec en establecimientos carcelarios.

La exfuncionaria manifestó que esas intervenciones fueron interpretadas como intentos de influir en decisiones operativas de las autoridades penitenciarias, situación que dio lugar a un debate sobre la autonomía institucional en el manejo de los centros de reclusión.

En el ámbito político, la senadora también enfrenta denuncias presentadas por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien la señaló de presunto tráfico de influencias y posible obstrucción a la función pública.

Según el mandatario local, la congresista habría intervenido para impedir actuaciones de las autoridades dirigidas contra un cabecilla de estructuras criminales que operan en el Valle de Aburrá.

Dichas acusaciones permanecen bajo conocimiento de las autoridades competentes y hacen parte de procesos independientes al expediente que actualmente tramita la Corte Suprema de Justicia.