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SIC formula pliego de cargos a Enel, AES y Celsia por presuntas prácticas indebidas en el mercado eléctrico

Según la entidad las tres empresas pudieron afectar la competencia por su proceder.

Nueva Superindustria
Por Agencia Periodismo Investigativo | Mar, 04/08/2026 - 09:23 Créditos: Tomada de https://www.superfinanciera.gov.co/ SIC formula pliego de cargos a Enel, AES y Celsia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra las empresas Enel Colombia S.A. E.S.P., AES Colombia & Cía. S.C.A. E.S.P. y Celsia Colombia S.A. E.S.P.

La autoridad de competencia considera que existen elementos preliminares que permiten inferir la posible realización de conductas orientadas a limitar la libre competencia económica dentro del Mercado de Energía Mayorista (MEM), un escenario en el que diariamente se define buena parte del precio de la electricidad que finalmente pagan hogares, comercios e industrias del país.

La decisión, anunciada por la Superintendencia este martes no constituye una sanción ni una declaración de responsabilidad. Se trata de la apertura formal de una etapa administrativa en la que las compañías investigadas podrán ejercer plenamente su derecho de defensa, presentar pruebas y controvertir los hallazgos preliminares de la autoridad.

Sin embargo, el alcance del expediente convierte el caso en uno de los más importantes en materia de competencia económica dentro del sector energético colombiano.

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La actuación administrativa tiene origen en una denuncia presentada por el Ministerio de Minas y Energía el 11 de enero de 2022. En ese momento, el Gobierno Nacional manifestó preocupación por los incrementos registrados en los precios de la energía negociada en la Bolsa de Energía y solicitó a la autoridad de competencia verificar si esos comportamientos obedecían exclusivamente a las condiciones normales del mercado o si podían existir actuaciones que alteraran el proceso competitivo.

A partir de esa denuncia comenzó una investigación de alta complejidad técnica, económica y jurídica. Durante varios años, la Superintendencia recopiló información proveniente de diferentes agentes del sector eléctrico, autoridades regulatorias y administradores del mercado.

También realizó visitas administrativas a las empresas investigadas, solicitó documentación especializada y recibió declaraciones de personas con amplio conocimiento sobre el funcionamiento del sistema eléctrico colombiano.

El volumen de información analizada fue considerable. La entidad explica que la investigación implicó revisar un elevado número de transacciones realizadas en la Bolsa de Energía, estudiar variables regulatorias, evaluar información económica y técnica y analizar un periodo suficientemente amplio para establecer si existían patrones repetitivos que pudieran constituir una conducta restrictiva de la competencia.

Como resultado de ese análisis preliminar, la SIC identificó indicios según los cuales, entre los años 2022 y 2025, las empresas investigadas habrían presentado de manera reiterada ofertas de venta de energía en la Bolsa con precios que se apartaban significativamente del costo de oportunidad del recurso hídrico.

Según la autoridad, dichas ofertas se habrían mantenido en niveles considerablemente superiores a los que, en principio, corresponderían bajo determinadas condiciones del mercado, sin que en esta etapa preliminar se hubieran encontrado explicaciones técnicas, económicas u operativas suficientes que justificaran ese comportamiento.

Uno de los elementos que la investigación considera especialmente relevante es el nivel de almacenamiento de agua registrado por los embalses asociados a las plantas hidroeléctricas de las compañías investigadas.

De acuerdo con la información analizada por la Superintendencia, en distintos momentos dichos embalses presentaban niveles iguales o superiores al 90% de su capacidad útil.

Esa circunstancia adquiere importancia porque, conforme al análisis efectuado por la entidad y a las reglas que rigen el mercado eléctrico, cuando existe una alta disponibilidad del recurso hídrico las ofertas de generación hidroeléctrica normalmente deberían aproximarse a los niveles mínimos previstos por la regulación, salvo que existan razones objetivas de carácter técnico, económico u operativo que expliquen un comportamiento diferente.

Precisamente sobre ese punto gira buena parte de la investigación administrativa. La Superintendencia sostiene que, hasta el momento, no habría encontrado elementos suficientes que expliquen las diferencias observadas entre las condiciones del recurso hídrico disponible y los precios ofertados por las empresas investigadas, razón por la cual decidió formular el pliego de cargos y continuar el proceso administrativo.

El análisis de la SIC también pone el foco sobre el funcionamiento de la Bolsa de Energía, mecanismo mediante el cual se determinan los precios de las transacciones de corto plazo dentro del Mercado de Energía Mayorista.

El comportamiento de ese mercado tiene efectos que van mucho más allá de las relaciones comerciales entre generadores y comercializadores.

Los precios que allí se forman sirven como referencia para múltiples operaciones dentro del sistema eléctrico nacional y pueden incidir en el costo de adquisición de energía para los comercializadores, especialmente aquellos que no tienen completamente cubierta su demanda mediante contratos de largo plazo.

Por esa razón, cualquier alteración del proceso competitivo podría tener efectos económicos de gran alcance. La Superintendencia advierte que, de comprobarse las conductas investigadas, estas habrían tenido la capacidad de modificar la formación del precio de la energía, reducir la participación de generación hidráulica en el despacho nacional, favorecer tecnologías con mayores costos relativos e introducir señales de precios que no reflejarían las condiciones objetivas de disponibilidad del recurso hídrico.

En términos prácticos, un escenario de esa naturaleza podría afectar la eficiencia económica del mercado eléctrico, alterar los incentivos competitivos entre los distintos agentes del sector y generar impactos para comercializadores, empresas y consumidores finales que dependen del comportamiento del Mercado de Energía Mayorista.

La investigación también resalta que la libre competencia constituye uno de los pilares del funcionamiento de los mercados estratégicos para la economía colombiana.

En sectores como el energético, donde participan múltiples agentes y donde los precios tienen incidencia directa sobre millones de usuarios, la transparencia y el adecuado funcionamiento de los mecanismos de competencia adquieren especial relevancia para garantizar eficiencia en la asignación de recursos.

La Superintendencia recordó que continuará ejerciendo sus funciones con independencia y rigor técnico, respetando plenamente las garantías procesales de las empresas investigadas. 

El organismo enfatizó que el proceso administrativo apenas entra en una nueva etapa y que las compañías tendrán la oportunidad de ejercer su defensa antes de que exista una decisión definitiva.

La entidad igualmente destacó que la protección de la libre competencia contribuye al fortalecimiento institucional y guarda relación con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre ellos el ODS 7, relacionado con la energía asequible y no contaminante; el ODS 12, sobre producción y consumo responsables; y el ODS 16, orientado a fortalecer instituciones sólidas y transparentes.

El expediente continuará ahora con el desarrollo del procedimiento administrativo previsto en la legislación colombiana. Durante esa etapa se practicarán las pruebas correspondientes, se evaluarán los argumentos de defensa de las empresas investigadas y, posteriormente, la Superintendencia determinará si existen o no responsabilidades por presuntas infracciones al régimen de protección de la libre competencia económica.

Mientras tanto, el caso permanece como una de las investigaciones más relevantes para el sector energético nacional, debido a las implicaciones que tiene el funcionamiento competitivo del Mercado de Energía Mayorista sobre la estabilidad del sistema eléctrico, la formación de precios y los costos que finalmente asumen millones de usuarios en Colombia.

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