Padres de dos niños en Santa Rosa de Cabal podrían ser judicializados por presunto maltrato infantil

Las autoridades de Santa Rosa de Cabal, en Risaralda, avanzan en la investigación de un presunto caso de maltrato infantil que involucra a dos niños de 2 y 3 años, luego de que fueran hallados en una situación que motivó la intervención inmediata de la Policía, la Comisaría de Familia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y los organismos encargados de la protección de la niñez.

Mientras se desarrollan las actuaciones administrativas y penales, los menores permanecen bajo observación médica y psicológica en el Hospital San Vicente de Paúl, donde especialistas evalúan su estado de salud físico y emocional.

El caso comenzó a ser atendido por las autoridades después de que ciudadanos alertaran sobre la situación de los menores y suministraran información que permitió ubicar la vivienda donde se encontraban.

En las imágenes conocidas por las autoridades se observaba a los dos niños ubicados entre una ventana y las rejas de una residencia, una condición que, según las primeras hipótesis, habría correspondido a una forma de castigo.

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A partir de esa denuncia se activaron de inmediato los protocolos previstos para la atención de posibles casos de vulneración de derechos de menores de edad.

El comandante de la Policía del departamento de Risaralda, coronel Jaime Enrique Higgins, informó que una vez conocida la situación se dispuso el desplazamiento de uniformados hasta el lugar para verificar las condiciones en las que permanecían los niños y garantizar su protección.

Como resultado de esa intervención fueron retirados del sitio y puestos bajo custodia de las entidades competentes para iniciar el proceso de restablecimiento de sus derechos.

El oficial explicó que la actuación institucional se desarrolló en coordinación con las autoridades de protección a la infancia y que el objetivo inicial fue preservar la integridad de los menores mientras se recopilaban los elementos necesarios para establecer lo ocurrido.

Asimismo, indicó que el procedimiento incluyó entrevistas, inspecciones y la recopilación de información que será incorporada a la investigación.

La Policía precisó que, de confirmarse la existencia de conductas que constituyan maltrato infantil o cualquier otra forma de vulneración de derechos, el expediente será remitido a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las actuaciones penales correspondientes y determine las eventuales responsabilidades de los padres o de cualquier otra persona involucrada en los hechos.

Mientras avanza esa etapa investigativa, los dos menores permanecen hospitalizados en el centro asistencial municipal, donde reciben atención integral.

El protocolo contempla exámenes médicos para identificar posibles lesiones y valoraciones psicológicas destinadas a establecer si existieron afectaciones emocionales derivadas del entorno o de las circunstancias denunciadas.

La personera de Santa Rosa de Cabal, Verónica Catalina Ríos, explicó que la atención médica hace parte del procedimiento obligatorio previsto para este tipo de situaciones y que no se limita a revisar el estado físico de los niños.

Según indicó, los profesionales también analizan su condición emocional y su comportamiento con el propósito de identificar posibles indicadores de afectación psicológica que permitan orientar las decisiones de protección.

Por su parte, el comandante de la Policía informó que el primer concepto emitido por el personal médico no evidenció señales de lesiones físicas en los menores.

Sin embargo, aclaró que ese resultado preliminar no pone fin a las investigaciones, debido a que las autoridades deben establecer si existieron otras modalidades de maltrato o de vulneración de derechos que no necesariamente dejan evidencia corporal.

En paralelo con la valoración clínica, funcionarios de la Comisaría de Familia iniciaron un proceso administrativo de restablecimiento de derechos para analizar el entorno en el que residían los niños, verificar las condiciones familiares y determinar si existían antecedentes o factores que pudieran representar riesgos para su desarrollo y bienestar.

Dentro de ese procedimiento se estudia la posibilidad de que algún integrante de la familia extensa pueda asumir de manera temporal el cuidado de los menores.

No obstante, las autoridades han señalado que cualquier decisión estará condicionada a que ese núcleo familiar cumpla los requisitos establecidos por la ley para garantizar un ambiente seguro y libre de riesgos.

La personera explicó que la prioridad consiste en asegurar un lugar adecuado donde los niños puedan permanecer mientras se define su situación jurídica y administrativa.

Para ello, la Comisaría de Familia adelantará entrevistas, visitas y verificaciones que permitan establecer si existen familiares aptos para asumir su cuidado sin comprometer su seguridad.

Las autoridades también deberán determinar si resulta conveniente restringir el contacto de los menores con sus padres durante el desarrollo de las investigaciones, decisión que dependerá de las conclusiones obtenidas por los equipos interdisciplinarios y de las medidas de protección que sean adoptadas dentro del proceso administrativo.

En caso de que no se identifique un familiar que reúna las condiciones necesarias para asumir esa responsabilidad, los niños permanecerán bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En ese escenario serían ubicados en un hogar de paso mientras concluyen las actuaciones administrativas y se define la medida definitiva que garantice la protección de sus derechos.

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