Gobierno De la Espriella declara estratégico el gasoducto con Venezuela para importar gas natural

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella incluyó la recuperación del gasoducto binacional Antonio Ricaurte, que conecta a Colombia con Venezuela, entre los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico (PINES), con el propósito de rehabilitar la infraestructura y habilitar una nueva fuente de importación de gas natural.

La decisión permitirá coordinar desde la Vicepresidencia de la República la participación de las entidades estatales encargadas de adelantar las gestiones técnicas, administrativas y regulatorias necesarias para recuperar esta conexión energética.

La iniciativa forma parte de la misión de Recursos Estratégicos y Energía y contempla incorporar inicialmente 50 millones de pies cúbicos diarios de gas venezolano al mercado colombiano, volumen equivalente aproximadamente al 5 % de la demanda nacional.

La infraestructura dispone de una capacidad nominal de transporte de hasta 450 millones de pies cúbicos diarios, aunque alcanzar ese nivel dependerá de las condiciones técnicas que se establezcan durante su rehabilitación.

La decisión fue adoptada por la Comisión Intersectorial de Proyectos Estratégicos, después de la postulación del Ministerio de Minas y Energía y la evaluación técnica del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

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La declaratoria permitirá articular las actuaciones de las entidades públicas relacionadas con la recuperación del gasoducto, cuya operación permanece suspendida desde hace más de una década.

El vicepresidente José Manuel Restrepo destacó que la recuperación de esta conexión hace parte de las medidas gubernamentales destinadas a ampliar la disponibilidad de gas natural.

La iniciativa también se encuentra vinculada con la estrategia de fortalecimiento energético del Gobierno nacional y con los proyectos de abastecimiento impulsados por Ecopetrol.

El gasoducto Antonio Ricaurte fue inaugurado en 2007 como una infraestructura de integración energética entre Colombia y Venezuela. Su trazado tiene aproximadamente 225 kilómetros de longitud, de los cuales 88 se encuentran en territorio colombiano y 137 en Venezuela. La conexión comunica la zona de Ballena, en La Guajira, con el área del lago de Maracaibo, en territorio venezolano.

En su etapa inicial, el proyecto fue concebido para transportar gas natural producido en Colombia hacia Venezuela. Posteriormente, el esquema de intercambio contemplaba invertir la dirección del flujo para permitir el ingreso de gas venezolano al sistema colombiano, mediante acuerdos comerciales entre las empresas estatales de ambos países.

La infraestructura fue desarrollada por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y permitió el intercambio energético durante sus primeros años de funcionamiento. Sin embargo, las operaciones fueron suspendidas y el sistema permaneció fuera de servicio, mientras continuaban pendientes las condiciones necesarias para comenzar el suministro desde Venezuela hacia Colombia.

La recuperación contempla la reposición de aproximadamente cinco kilómetros de tubería faltante en territorio colombiano, así como la revisión de las instalaciones de transporte y de las estaciones de compresión. Estas intervenciones forman parte de las actividades necesarias para establecer las condiciones de funcionamiento del sistema después del prolongado periodo de inactividad.

El Ministerio de Minas y Energía informó el 11 de marzo de 2026 que había establecido una hoja de ruta con representantes de PDVSA para avanzar en la reposición de la tubería. En las reuniones participaron funcionarios de esa cartera, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Durante esos encuentros se acordó que PDVSA asumiría la reposición del tramo faltante del gasoducto en Colombia. El Gobierno informó entonces que el material necesario para ejecutar los trabajos se encontraba en territorio venezolano, cerca del paso fronterizo de Paraguachón, en La Guajira.

Las autoridades también abordaron las condiciones de la licencia ambiental correspondiente al proyecto. Según informó el Ministerio de Minas y Energía, la intervención debía desarrollarse sobre el trazado original de la infraestructura y bajo las condiciones técnicas y ambientales aplicables.

El proceso de rehabilitación incluye la revisión de las condiciones de seguridad y funcionamiento de la infraestructura existente, así como de los equipos necesarios para transportar el gas desde la frontera hasta los puntos de conexión con el sistema colombiano.

Ecopetrol informó que el proyecto permitiría incorporar el gas procedente de Venezuela al Sistema Nacional de Transporte, desde donde podría distribuirse hacia diferentes regiones del país para atender la demanda residencial, comercial, industrial y de generación térmica.

La empresa también contempla la recuperación de esta infraestructura dentro de sus alternativas para ampliar las fuentes de suministro. En una presentación corporativa divulgada durante el primer trimestre de 2026, Ecopetrol incluyó el abastecimiento desde Venezuela entre sus opciones de importación, con volúmenes contemplados de entre 50 y 150 gigas de unidades térmicas británicas diarias (GBTUD).

La primera fase anunciada por el Gobierno contempla un volumen de 50 millones de pies cúbicos diarios. La cantidad representa una fracción de la capacidad nominal del gasoducto y permitiría iniciar las entregas de manera gradual, una vez terminadas las intervenciones y obtenidas las autorizaciones correspondientes.

El Gobierno proyecta comenzar las obras durante el último trimestre de 2026 y contempla la entrada en operación hacia mediados de 2027. Estas fechas corresponden a la programación anunciada por la Vicepresidencia y están sujetas al desarrollo de los trabajos de rehabilitación y a las autorizaciones regulatorias.

Uno de los requisitos para la ejecución del proyecto es la autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar las sanciones económicas aplicables a determinadas operaciones internacionales.

La autorización resulta necesaria por la participación de PDVSA, empresa estatal venezolana sometida a restricciones estadounidenses. Ecopetrol ha informado que cualquier operación de suministro de gas relacionada con esa compañía debe ajustarse a las licencias y disposiciones expedidas por las autoridades competentes.

En noviembre de 2023, Ecopetrol comunicó que mantenía un contrato con PDVSA suscrito en 2007 para la compraventa y el transporte de gas natural a través del gasoducto Antonio Ricaurte. La empresa señaló entonces que había solicitado desde noviembre de 2022 una autorización a la OFAC para adelantar negociaciones relacionadas con hidrocarburos venezolanos.

Posteriormente, en una respuesta oficial remitida a la Cámara de Representantes durante 2025, Ecopetrol precisó que existían dos instrumentos contractuales relacionados con el proyecto: un contrato de suministro internacional de gas con PDVSA Gas S. A. y otro de transporte con PDVSA Gas Sucursal Colombia.

El documento estableció que el contrato de suministro fue suscrito el 21 de diciembre de 2007 y que la fecha de finalización de las entregas estaba prevista para el 31 de diciembre de 2027. También indicó que el acuerdo se encontraba en un periodo de estabilización de equipos, modalidad en la que las partes no tenían obligación de entregar ni recibir gas.

En esa misma comunicación, Ecopetrol señaló que el gasoducto era propiedad de PDVSA Gas y que los estudios técnicos y económicos necesarios para su recuperación correspondían a información administrada por la empresa venezolana.

La petrolera colombiana también informó que personal técnico de Cenit realizó en febrero de 2024 una visita de campo a la zona de influencia del gasoducto, con el propósito de obtener información preliminar sobre las condiciones del derecho de vía y las instalaciones ubicadas a lo largo del trazado.

La recuperación de la conexión binacional se incorpora a los proyectos destinados a ampliar las fuentes de abastecimiento de gas natural en Colombia.

El país dispone de producción nacional y de infraestructura para importar gas natural licuado (GNL), que llega principalmente por vía marítima y requiere procesos de regasificación antes de su incorporación a las redes de transporte.

Ecopetrol señaló que la importación por gasoducto permitiría evitar los procesos de licuefacción, transporte marítimo y regasificación asociados al GNL. La compañía considera que esta alternativa podría facilitar el acceso a gas natural en condiciones de precio más competitivas para los hogares y las empresas.

Sin embargo, la empresa no presentó una estimación definitiva del precio al que se comercializaría el gas venezolano ni del ahorro que podría representar para los consumidores colombianos. Tampoco se ha divulgado un valor final de inversión para recuperar la totalidad de la infraestructura.

El proyecto se desarrolla en un escenario de mayor participación de las importaciones dentro del abastecimiento colombiano. La incorporación de gas venezolano se plantea como una fuente adicional a la producción nacional y a las compras internacionales de GNL.

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