Álvaro Leyva arremete contra la JEP: la acusa de inventar normas y cuestiona su legitimidad

El excanciller Álvaro Leyva Durán acusó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de haber incorporado procedimientos que, según él, no estaban contemplados en el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno colombiano y las antiguas Farc.

En una carta pública, el exministro de Relaciones Exteriores cuestionó las atribuciones jurídicas del tribunal, denunció presuntas irregularidades en su funcionamiento y aseguró que la institución actual no corresponde a la concebida durante las negociaciones que culminaron en 2016.

“La JEP de hoy no fue la acordada oficialmente. Se trata de un engendro impropio auto reglado carente de las atribuciones jurídicas que se atribuye”, manifestó Leyva en el documento fechado el 4 de noviembre, con el que ratificó las declaraciones que había entregado el pasado 20 de octubre a la revista Semana.

El exfuncionario, quien participó durante años en iniciativas relacionadas con la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado colombiano, sostuvo que el funcionamiento de la justicia transicional se ha apartado de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado.

Para respaldar su posición, hizo referencia al documento S/2017/272 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que considera determinante para establecer los alcances originales del sistema de justicia pactado.

“La verdadera JEP está reglada en un documento único con valor universal: el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas”, señaló Leyva, quien acompañó su comunicación con un enlace al archivo oficial del organismo internacional.

El documento citado por el excanciller corresponde a una comunicación presentada ante el Consejo de Seguridad en abril de 2017, relacionada con el Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.

Leyva sostiene que su contenido constituye un referente jurídico internacional que no puede ser alterado por decisiones adoptadas unilateralmente por las instituciones encargadas de ejecutar lo pactado.

En su carta, el antiguo jefe de la diplomacia colombiana afirmó que los compromisos internacionales derivados del proceso de paz conservan su fuerza jurídica y cuestionó que la JEP haya desarrollado mecanismos que, a su juicio, no estaban incluidos en los acuerdos originales.

“Fíjense bien en lo que aparece al abrirse”, escribió antes de asegurar que ningún documento del Consejo de Seguridad puede ser modificado por una autoridad que carezca de competencia para hacerlo.

El excanciller también fundamentó sus señalamientos en el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949, disposición del derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados no internacionales. Según su planteamiento, el acuerdo de paz y los compromisos asumidos por Colombia tienen efectos jurídicos que deben ser observados durante su implementación.

En ese sentido, sostuvo que el documento presentado ante Naciones Unidas tuvo origen en acuerdos especiales y en una declaración unilateral del Estado colombiano, a los que atribuyó efectos jurídicos internacionales.

Leyva afirmó que esos instrumentos tienen un alcance superior al de las disposiciones internas que, según su interpretación, han sido incorporadas posteriormente por la Jurisdicción Especial para la Paz.

También invocó pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia, aunque en la carta divulgada no identificó una sentencia concreta que respaldara su cuestionamiento a los procedimientos actuales del tribunal.

Uno de los principales reparos del exministro está relacionado con la denominada “movilidad vertical”, mecanismo al que hizo referencia tanto en su entrevista de octubre como en la comunicación publicada este miércoles.

Leyva cuestionó que determinadas actuaciones puedan trasladarse entre órganos de la jurisdicción y sostuvo que esa dinámica compromete, en su opinión, las garantías de los comparecientes. En sus declaraciones anteriores había calificado la figura como una creación ajena a los compromisos originales del proceso de paz.

El exfuncionario también dirigió sus críticas contra la denominada “verdad previa”, expresión con la que identificó otro de los procedimientos que considera incompatibles con el diseño inicial de la justicia transicional.

En su comunicación, Leyva agrupó ambos cuestionamientos y añadió señalamientos contra integrantes de la jurisdicción a quienes atribuyó una presunta intervención en actuaciones que, según su criterio, comprometen la independencia de las decisiones judiciales.

“Aquello inventado por la JEP usurpadora como la denominada Movilidad Vertical y la llama Verdad Previa, igual que la presencia de alto personal suyo que es juez y parte, invalida su actuación”, expresó en el documento.

Las afirmaciones constituyen señalamientos del excanciller y no una declaración judicial de invalidez de las actuaciones de la JEP. La carta tampoco identifica expedientes específicos ni decisiones judiciales que hayan anulado los mecanismos cuestionados.

Las críticas del excanciller se producen después de una entrevista concedida a Semana el 20 de octubre, en la que cuestionó la actuación del tribunal frente a las víctimas del conflicto armado y los procedimientos aplicados a quienes comparecen ante esa jurisdicción.

Durante esa conversación, Leyva aseguró que la institución no estaba cumpliendo adecuadamente sus funciones de reparación y denunció la existencia de disposiciones que, según él, no tenían respaldo en el acuerdo original.

También sostuvo que los cuestionamientos formulados contra la JEP por diferentes sectores resultaban insuficientes frente a las situaciones que describió.

La controversia involucra a una institución creada como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, establecido en el Acuerdo Final firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Gobierno colombiano y las Farc.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue incorporada al ordenamiento constitucional mediante el Acto Legislativo 01 del 4 de abril de 2017, aprobado por el Congreso de la República.

Esta reforma estableció su naturaleza, estructura y competencias para conocer conductas cometidas antes del 1 de diciembre de 2016, relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado, dentro de los supuestos establecidos por la Constitución.

Posteriormente, el Congreso expidió la Ley 1922 de 2018, que adoptó las reglas de procedimiento de la jurisdicción, y la Ley Estatutaria 1957 de 2019, que reguló su administración de justicia. Estas disposiciones forman parte del marco normativo nacional que rige el funcionamiento de la JEP y aparecen publicadas en los registros oficiales de la institución.

La documentación de Naciones Unidas mencionada por Leyva contiene el texto del Acuerdo Final, acompañado de una comunicación del entonces presidente Juan Manuel Santos y remitido al Consejo de Seguridad por el secretario general António Guterres. El documento S/2017/272 fue distribuido oficialmente el 21 de abril de 2017.

En su carta del 29 de marzo de ese año, Guterres informó que había recibido, por intermedio de la representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas, María Emma Mejía, un original firmado del acuerdo y una comunicación presidencial. El secretario general transmitió ambos documentos para conocimiento de los integrantes del Consejo de Seguridad.

El antecedente internacional también fue objeto de un pronunciamiento de la Cancillería colombiana el 20 de octubre de 2023, durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando se informó sobre una comunicación presidencial dirigida a Naciones Unidas para reiterar los compromisos adquiridos por Colombia con la implementación del Acuerdo Final.

En aquella oportunidad, el Gobierno manifestó su intención de mantener el cumplimiento de los compromisos consignados en el documento S/2017/272 y se refirió expresamente a las competencias, el derecho a la verdad, las amnistías y las garantías aplicables a quienes comparecen ante la justicia transicional.

La comunicación de 2023 también abordó la necesidad de respetar las disposiciones que dieron origen a la JEP, asunto que Leyva volvió a mencionar en su pronunciamiento de este miércoles.

El excanciller, quien ejerció como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Gustavo Petro, mantuvo así sus reparos frente a la estructura y las actuaciones de la jurisdicción, esta vez mediante un documento público dirigido a los ciudadanos y difundido con referencias a las cuentas institucionales de la JEP y la Cancillería.

En el último apartado de su carta, Leyva manifestó su disposición a sostener una discusión pública sobre los fundamentos jurídicos de sus señalamientos, tanto en Colombia como ante organismos internacionales.

“Dispuesto estoy a hacer el debate. Acá o en las propias Naciones Unidas, Nueva York”, afirmó.

El exministro concluyó su comunicación señalando que en la sede de Naciones Unidas todavía existen interlocutores con autoridad para escuchar sus planteamientos.

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