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Fenalco advierte riesgo para 700.000 empleos si Gobierno mantiene aumento del 23,7% del salario mínimo

El gremio de los comerciantes alertó que un incremento desproporcionado podría afectar a más de un millón de microempresas y agravar el desempleo y la informalidad en el país.

Jaime Alberto Cabal 6 marzo
Por Agencia Periodismo Investigativo | Lun, 16/02/2026 - 19:03 Créditos: Cuenta X @JaimeA_Cabal / Jaime Alberto Cabal

La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) advirtió que si el Gobierno Nacional mantiene o incluso aumenta el salario mínimo en 23,7%, podrían ponerse en riesgo más de 700.000 empleos formales y dificultarse aún más el acceso a un trabajo digno para 2,1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores informales en el país.

El gremio también expresó su preocupación por más de un millón de micro y pequeñas empresas, que representan el 93% del tejido empresarial colombiano y, según señaló, no estarían en capacidad de asumir un incremento de esa magnitud. “Un aumento excesivo del salario mínimo debilita a las micro y pequeñas empresas, impulsa la informalidad y termina afectando a los mismos trabajadores que se busca proteger”, indicó.

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Fenalco sostuvo que no es posible reabrir la discusión en la Comisión de Concertación Laboral para modificar parámetros o cifras que ya son oficiales, y aseguró que no encontró satisfactoria la justificación del Gobierno para fijar el aumento en 23,7%.

En carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales, el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, confirmó la asistencia a la sesión programada, pero recalcó que el Ejecutivo debe cumplir estrictamente la orden impartida por el Consejo de Estado, que exige que el nuevo decreto de salario mínimo —a expedirse en un plazo de ocho días— se ajuste plenamente a lo dispuesto en la Ley 278 de 1996.

Según el vocero de los comerciantes, el alto tribunal fue claro al señalar que el decreto suspendido no explicó de manera concreta y verificable cómo factores como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y otras variables incidieron en el porcentaje fijado. “Aunque las cifras fueron mencionadas, no fueron ponderadas ni se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso específico de cada variable en la determinación final”, precisó.

La decisión judicial estableció que el nuevo decreto debe basarse exclusivamente en los factores contemplados por la ley, utilizar cifras provenientes de fuentes oficiales, no repetir el contenido del acto suspendido y ser expedido dentro del plazo establecido por el Gobierno Nacional.

Fenalco advirtió además que los efectos de un incremento desproporcionado ya comienzan a sentirse. Al comparar la inflación anual de enero de 2025 con la de enero de 2026, se evidencian aumentos significativos en sectores como transporte (25%), comida fuera del hogar (39%) y salud (20%), incrementos que, según el gremio, afectan con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos.

De mantenerse un ajuste que no tenga en cuenta la productividad ni la inflación real, el gremio reiteró que podrían perderse más de 700.000 empleos formales en un país que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), ya registra 2,1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores en la informalidad.

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