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JEP expulsa al general (r) Mauricio Santoyo por falta de compromiso con la verdad
Incumplió de manera "grave e injustificada" el régimen de condicionalidad.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una decisión radical frente al proceso del general (r) Mauricio Santoyo. Tras años de audiencias y advertencias, el tribunal declaró que el alto oficial incumplió su obligación de aportar verdad plena, exhaustiva y detallada, lo que derivó en su expulsión inmediata del sistema de justicia transicional.
La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas concluyó que Santoyo mantuvo una actitud reticente y no brindó información relevante sobre los crímenes en los que se le vincula. Como consecuencia directa, el general (r) pierde todos los tratamientos jurídicos especiales, incluyendo la libertad condicional de la que gozaba o la posibilidad de penas restaurativas.
Su expediente regresará ahora a la justicia ordinaria, donde deberá responder por los delitos de desaparición forzada, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
De la cúspide del poder a la extradición
Mauricio Santoyo fue una de las figuras más influyentes de la Policía Nacional. Su ascenso fue meteórico: en los años 90 dirigió el Gaula en Medellín, época en la que comenzó a ser investigado por presuntas interceptaciones ilegales. Entre 2002 - 2005, alcanzó el punto máximo de su carrera al ser nombrado Secretario de Seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cargo desde el cual ejercía un control estratégico sobre la protección presidencial.
En el año 2012, se convirtió en el primer general colombiano extraditado a los Estados Unidos, donde se declaró culpable de colaborar con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), facilitando operaciones de narcotráfico y alertando a paramilitares sobre operativos de la fuerza pública.
El general (r) regresó a Colombia en 2019 tras cumplir una condena de más de seis años en EE.UU. Fue en febrero de 2020 cuando la JEP aceptó inicialmente su sometimiento por los casos de desaparición forzada de los activistas Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero (miembros de Asfaddes).
Sin embargo, desde su ingreso, las víctimas y los magistrados señalaron que sus aportes eran "insuficientes". Santoyo fue duramente cuestionado por negar ante la JEP los mismos hechos que había admitido ante la justicia estadounidense, alegando que aquella confesión en el exterior fue una "estrategia de defensa".
Para la JEP, esta contradicción y su negativa a esclarecer la red de vínculos entre el Estado y el paramilitarismo constituyen un fraude al sistema de paz.
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