Enel Colombia responde a investigación de la SIC y anuncia que ejercerá su derecho de defensa

La investigación administrativa iniciada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sobre las ofertas de precios presentadas por Enel Colombia, AES y Celsia en la Bolsa de Energía durante determinados periodos comprendidos entre 2022 y 2025 comenzó a generar las primeras reacciones de la empresa Enel, que confirmó haber sido notificada formalmente del proceso y anunció que estudiará en detalle el contenido de la decisión para definir las actuaciones jurídicas que adelantará en ejercicio de su derecho de defensa.

Mediante un comunicado oficial emitido desde Bogotá, la compañía se pronunció sobre el expediente abierto por la autoridad de competencia, el cual involucra específicamente las ofertas de energía realizadas por las centrales hidroeléctricas El Quimbo, Betania y El Guavio, tres de los activos de generación más importantes que opera la empresa dentro del Sistema Interconectado Nacional.

Enel explicó que, tras recibir la notificación de la Superintendencia, sus equipos técnicos y jurídicos iniciaron la revisión exhaustiva del documento expedido por la entidad con el propósito de analizar el alcance de la investigación, identificar los aspectos objeto de evaluación y determinar la estrategia que implementará dentro del procedimiento administrativo.

La empresa precisó que esta actuación hace parte del ejercicio de las garantías procesales previstas en la legislación colombiana y que, por ahora, se encuentra concentrada en el estudio de los fundamentos expuestos por la autoridad.

En su pronunciamiento, la compañía reiteró que las ofertas económicas presentadas por sus plantas de generación en la Bolsa de Energía fueron elaboradas conforme al marco regulatorio vigente y bajo las disposiciones que rigen el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad en Colombia.

En ese sentido, sostuvo que durante el periodo analizado actuó respetando las normas aplicables y los procedimientos establecidos para la actividad de generación eléctrica.

La empresa indicó que el proceso mediante el cual define los precios de oferta de sus centrales incorpora criterios técnicos y regulatorios que buscan garantizar una operación confiable del sistema eléctrico, asegurar condiciones de eficiencia económica y preservar la seguridad operacional de cada una de las plantas.

Según explicó, esas decisiones también consideran las características particulares de funcionamiento de cada complejo hidroeléctrico, así como las condiciones operativas existentes al momento de realizar las ofertas al mercado.

Enel señaló igualmente que, dentro del trámite administrativo, aportará toda la información que considere pertinente para sustentar las decisiones adoptadas durante los periodos que son objeto de revisión por parte de la Superintendencia.

De acuerdo con la empresa, esos elementos permitirán explicar los fundamentos técnicos, regulatorios y operativos que respaldaron las ofertas presentadas en la Bolsa de Energía para las plantas identificadas dentro de la actuación.

La compañía manifestó que suministrará a la autoridad los soportes necesarios con el propósito de demostrar que las actuaciones desarrolladas se ajustaron a la regulación aplicable.

Esa documentación hará parte del expediente administrativo y será utilizada dentro del proceso de defensa que adelantará frente a la investigación.

La apertura de este tipo de actuaciones administrativas no implica, por sí misma, una declaración de responsabilidad. 

Conforme al procedimiento previsto en la legislación colombiana, la investigación constituye una etapa en la que la autoridad recopila, analiza y contrasta pruebas antes de adoptar una decisión definitiva.

Durante ese proceso, las empresas investigadas conservan plenamente sus derechos al debido proceso, a la contradicción de las pruebas y al ejercicio de la defensa.

El caso adquiere especial relevancia debido a que las centrales hidroeléctricas El Quimbo, Betania y El Guavio representan una parte significativa de la capacidad de generación eléctrica del país y participan de manera permanente en el mercado mayorista de energía, donde diariamente los generadores presentan ofertas económicas que determinan parte del despacho del sistema administrado por el Operador del Mercado.

En Colombia, la Bolsa de Energía funciona como un mecanismo mediante el cual los generadores presentan ofertas de precio para la venta de electricidad, proceso que posteriormente es administrado por XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado mayorista.

El funcionamiento de este esquema se encuentra regulado principalmente por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), mientras que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene competencia para investigar eventuales conductas que puedan afectar la libre competencia económica.

Con este pronunciamiento, Enel Colombia fijó oficialmente su posición frente a la actuación iniciada por la SIC, reiterando que defenderá la legalidad de las ofertas realizadas entre 2022 y 2025 y que colaborará con la autoridad aportando la documentación técnica y regulatoria que, a su juicio, demuestra que sus actuaciones se ajustaron a las normas vigentes.

La investigación continuará su curso dentro del procedimiento administrativo, mientras la Superintendencia evalúa las pruebas que integrarán el expediente antes de adoptar una decisión de fondo.

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