Denuncian presunta exigencia de $60 millones para autorizar pagos en obras del Metro de Bogotá

Una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación señala a dos directivos de la empresa China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHECC), vinculada a la construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá, por la presunta exigencia de 60 millones de pesos en efectivo a un subcontratista para autorizar el pago de obras ejecutadas.

El recurso fue presentado el 28 de julio por el abogado Julián Quintana, en representación de la Unión Temporal Metrobuild. Según el documento, los señalados serían Wang Chuang, identificado como gerente general de proyectos, y un directivo de apellido Yang, quien se desempeñaría como gerente comercial.

De acuerdo con la denuncia, la exigencia se habría producido el 8 de abril de 2026, cuando representantes del subcontratista acudieron a consultar por la demora en la aprobación de un pago correspondiente a un corte de obra valorado entre 1.000 y 1.200 millones de pesos. En ese contexto, se les habría indicado que debían entregar el dinero para obtener la firma requerida.

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El documento también sostiene que el 18 de abril se habría realizado la entrega del dinero en efectivo en una oficina, situación que, según los denunciantes, quedó registrada en un video y en audios que ya hacen parte del material aportado a las autoridades.

Adicionalmente, la Unión Temporal Metrobuild aseguró que existen cerca de 2.500 millones de pesos retenidos por parte de la empresa contratista, correspondientes a diferentes conceptos contractuales, y solicitó que estos hechos también sean investigados.

Tras conocerse el caso, la Empresa Metro de Bogotá informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y rechazó cualquier conducta que pueda constituir corrupción. La entidad indicó que los hechos denunciados corresponderían a relaciones entre privados y no comprometerían los recursos públicos ni el avance del proyecto.

La Fiscalía deberá establecer la veracidad de las acusaciones, analizar las pruebas entregadas y determinar si los hechos configuran delitos como concusión, extorsión u otras conductas penales.

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