El pasado 25 de agosto, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregó al Ministerio de Salud 880 establecimientos de comercio de Drogas La Rebaja. El objetivo es convertir a la cadena de droguerías en agente farmacéutico del Gobierno para distribuir medicamentos a nivel nacional. Una iniciativa que desde ya proyecta que la cura podría ser peor que la enfermedad.
La decisión llega después de una cuestionada gestión empresarial del Estado que en los últimos dos años no solo registró millonarias pérdidas con cargo al patrimonio público, sino que también perdió mercado y competitividad frente a otros actores, asunto que pone en entredicho la viabilidad de la medida.
El Grupo Empresarial Drogas La Rebaja, fundado por el Cartel de Cali en 1983, operó bajo su dominio directo durante más de una década. En 1995 creó la cooperativa Coopservir con el fin de mimetizar y vender el negocio a supuestos trabajadores.
No obstante, como lo demostró la justicia, el control se mantuvo a través de Jaime Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez, quien consolidó ventas por más de un billón de pesos a finales de los años noventa, hasta convertir a la compañía en una de las más grandes del país con Laboratorios Kressfor como eje de la producción de medicamentos.
Estos resultados se produjeron incluso en medio de la guerra entre los Rodríguez Orejuela y Pablo Escobar, que dejó cerca de 80 atentados con explosivos contra locales de La Rebaja en varias ciudades.
Primeras decisiones
Con el paso del tiempo, la empresa fue objeto de señalamientos internacionales. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a sociedades vinculadas en la lista OFAC, lo que generó restricciones operativas y afectó su reputación.
Parte de esas designaciones fueron levantadas en 2014, aunque persistieron cuestionamientos sobre su origen patrimonial que derivaron en procesos judiciales.
Entre ellos estuvo la negociación entre la cadena y Copservir, declarada ilegal, lo que llevó en 2005 a la intervención estatal al considerarse una venta ficticia. Ese año se ordenó su paso a la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
La DNE fue liquidada en 2014 tras convertirse en un feudo de congresistas, testaferros de narcotraficantes y directores involucrados en corrupción, entre ellos Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, ambos condenados por la justicia.
En septiembre de 2014 se dio paso a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que asumió la administración de bienes incautados al narcotráfico, incluyendo Drogas La Rebaja.
La gestión fue nuevamente cuestionada por el manejo de los 880 establecimientos, con cerca de 30.000 trabajadores y pérdidas económicas y de mercado.
En 2022, tras más de cuatro años de estudio, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó en segunda instancia el proceso de extinción de dominio a la cadena, dejando el activo en manos del Estado.
La decisión confirmó el fallo de 2016 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá. La contraparte fue Copservir Ltda., cooperativa de los trabajadores de La Rebaja.
El negocio en 2023, 2024 y 2025
En 2023, La Rebaja registró ingresos ordinarios por 1,4 billones de pesos, pero cerró con una pérdida neta de $10.211 millones. El patrimonio se ubicó en $210.391 millones.
Un año después, en 2024, bajo la intervención de Supersolidaria, la cooperativa acumuló pérdidas por $64.000 millones.
Durante el primer trimestre de 2025, enero-marzo, la pérdida fue de $9.208 millones, lo que refleja un deterioro patrimonial progresivo que no ha sido mitigado por las medidas de vigilancia y reestructuración.
Primer y último anuncio oficial
La decisión de retomar la operación estatal había sido anticipada por el presidente Gustavo Petro en junio de 2023.
En Paz del Río (Boyacá), el mandatario destacó la relevancia de Drogas La Rebaja y su potencial como entidad estatal. Señaló: “Drogas La Rebaja debe ser una institución pública. Ya se extinguió el dominio, es del Estado, pero al servicio de la población más necesitada del país, y cubre todo el territorio”.
Petro propuso que la cadena pasara al Ministerio de Salud como parte de la reforma del sistema sanitario. Sugirió convertir cada punto de venta en un centro de atención primaria, además de implementar estrategias para ofrecer medicamentos a precios más bajos mediante acuerdos incluso internacionales.
El 25 de agosto de 2025 se cumplió la orden. La transferencia fue definitiva, gratuita y con destinación social, tras un proceso iniciado en mayo de 2024, cuando las acciones pasaron al Ministerio de Salud junto con los establecimientos.
“Estamos haciendo la entrega definitiva de Drogas La Rebaja, junto con locales comerciales destinados al fortalecimiento del sistema de salud. Para nosotros, como Sociedad de Activos Especiales, es un gran apoyo a una prioridad del Gobierno del Cambio: garantizar la salud de los colombianos”, afirmó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.
Por su parte, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, destacó: “Después de un trabajo riguroso hemos completado la entrega oficial de Drogas La Rebaja: la marca, los activos, los registros mercantiles y los establecimientos. Este es un paso clave para que, a través de las EPS, estas farmacias se conviertan en agentes farmacéuticos al servicio de todos los colombianos”.
El Ministerio asumió la gestión administrativa, jurídica, financiera y logística de la cadena, con el reto de convertirla en un actor estratégico en la distribución de medicamentos en zonas urbanas y apartadas.
El mercado
A los problemas financieros y administrativos se suma la pérdida de participación de La Rebaja frente a competidores nacionales e internacionales.
Cruz Verde, creada en Chile en 1984 y hoy controlada por la mexicana Femsa, domina el mercado colombiano. En 2024 reportó ingresos de 5,5 billones de pesos, superó las 1.000 tiendas y planea llegar a 1.200, con una participación cercana al 40 %.
Farmatodo, de origen venezolano, opera bajo un modelo de autoservicio 24/7. En 2024 obtuvo ingresos de 1,57 billones de pesos y cuenta con más de 115 tiendas, con planes de expansión en ciudades intermedias. Su cuota es cercana al 6 %.
Colsubsidio, con más de 500 puntos en 17 departamentos, combina droguerías con dispensación de medicamentos para EPS y alcanza una participación de 8,5 % en el mercado.
En este escenario, La Rebaja, ahora bajo la administración del Ministerio de Salud, conserva cerca de 880 locales y una cuota de 11,6 % en 2023. Su ventaja es la cobertura territorial y la fidelidad de consumidores, aunque arrastra rezagos financieros frente a sus rivales.
El Gobierno tuvo dos opciones: vender o asumir la operación. Eligió la segunda. El desenlace mostrará si la decisión resulta viable o si el Estado repite los errores de gestión acumulados desde que, hace más de 40 años, el negocio pasó de manos del Cartel de Cali al patrimonio público.
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