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Indignación en Quinchía: alcalde anuncia sanciones para quienes den comida o agua a perros callejeros
La medida ha generado rechazo por posibles choques con normas de protección animal y recientes directrices oficiales.
La decisión anunciada por el alcalde de Quinchía, Risaralda, Jader Bañol, de solicitar la imposición de comparendos a las personas que suministren comida o agua a perros en condición de calle ha generado una fuerte controversia en el municipio.
La medida ha provocado una ola de rechazo entre organizaciones defensoras de los animales, ciudadanos y sectores jurídicos, que advierten una posible contradicción con la legislación colombiana de protección animal y con recientes directrices emitidas por la Procuraduría General de la Nación.
El mandatario justificó la iniciativa señalando que busca enfrentar problemas de convivencia y salubridad asociados a un grupo de cinco perros conocido por la comunidad como “la banda del Serrucho”. Según explicó, la presencia permanente de estos animales en espacios públicos ha generado quejas de algunos habitantes.
Por ello, la administración municipal pretende desincentivar que las personas les suministren alimento o agua, como parte de una estrategia para controlar la situación.
El anuncio cobra mayor relevancia en medio de las altas temperaturas que afectan a varias regiones del país. En Quinchía, comerciantes y residentes venían instalando recipientes con agua para que perros y otros animales pudieran hidratarse durante las jornadas de mayor calor, una práctica que ahora podría ser sancionada si prospera la iniciativa.
La reacción de distintos sectores no se hizo esperar. Defensores del bienestar animal sostienen que impedir o castigar actos humanitarios hacia animales abandonados desconoce el deber constitucional y legal del Estado de garantizar su protección.
Organizaciones animalistas consideran que la problemática de los perros en condición de calle no se resuelve restringiendo la alimentación, sino mediante programas integrales que incluyan esterilización, vacunación, identificación, atención veterinaria, adopción responsable y educación ciudadana.
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El debate también se trasladó al ámbito jurídico. Expertos recuerdan que Colombia cuenta con un marco normativo que reconoce a los animales como seres sintientes. La Ley 1774 de 2016 establece su protección frente al sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por los seres humanos, mientras que la Ley 84 de 1989 fija deberes de cuidado hacia los animales.
A este contexto se suma la reciente Directiva 012 de 2026 de la Procuraduría General de la Nación, que ordena a autoridades territoriales adoptar medidas efectivas para garantizar el bienestar animal.
El organismo advirtió que la omisión en el cumplimiento de estas obligaciones podría derivar en investigaciones disciplinarias. Entre las acciones exigidas se encuentran el fortalecimiento de programas de esterilización, la implementación de estrategias de Captura, Esterilización y Retorno (CER), la creación de centros de bienestar animal y la formulación de planes municipales para atender la población animal abandonada.
La controversia continúa abierta mientras distintos sectores analizan el alcance legal y social de la medida propuesta en Quinchía.
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