Gobierno radicará el 20 de julio proyecto de ley para prohibir el fracking en Colombia

El Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de julio presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia, como parte de su estrategia para proteger el medio ambiente y avanzar en la transición energética.

La iniciativa será radicada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente durante la instalación del nuevo periodo legislativo 2026-2030. Según el Ejecutivo, el proyecto se sustenta en evidencia científica que advierte sobre riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta práctica.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, señaló que la propuesta tiene como objetivo proteger el agua, los ecosistemas y la vida, y afirmó que el Gobierno impulsará acciones para evitar que el fracking se desarrolle en el país.

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El anuncio se realizó en el municipio de Becerril, en el departamento del Cesar, durante la entrega de proyectos de energía solar en esa localidad y en Curumaní. Estas iniciativas incluyen la instalación de 2.494 paneles solares que beneficiarán a más de 4.300 habitantes, como parte de la estrategia de transición energética.

De acuerdo con el Ministerio, los proyectos cuentan con una inversión de 36.000 millones de pesos y permitirán generar cerca de 1.870 megavatios hora al año, además de reducir emisiones de dióxido de carbono.

Las autoridades destacaron que estas acciones hacen parte del programa de Comunidades Energéticas, orientado a ampliar el acceso a energías limpias en zonas vulnerables y no interconectadas, así como a fortalecer la participación de las comunidades en el sistema energético.

El Gobierno indicó que actualmente existen cientos de comunidades energéticas en el país, beneficiando a miles de personas, en una estrategia que busca consolidar un modelo de desarrollo sostenible y reducir brechas en el acceso a la energía.

La radicación del proyecto marcará el inicio del debate legislativo sobre el futuro del fracking en Colombia, un tema que ha generado posiciones divididas en los últimos años entre sectores políticos, económicos y ambientales.

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