Quejas y desabastecimiento: las cifras que evidencian la crisis de Nueva EPS en Colombia

El deterioro en la atención de los usuarios de Nueva EPS quedó reflejado en un aumento sin precedentes de quejas, demoras en servicios médicos y desabastecimiento de medicamentos durante 2025. De acuerdo con cifras oficiales de la Superintendencia Nacional de Salud, las reclamaciones contra esta entidad pasaron de 358.326 en 2024 a 518.196 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 45% en un solo año.

En promedio, el sistema de salud registró más de 5.600 quejas diarias durante el año pasado, siendo las principales causas la falta de entrega oportuna de medicamentos, retrasos en asignación de citas con especialistas, aplazamiento de procedimientos diagnósticos y dificultades para autorizar tratamientos de alto costo. Nueva EPS concentró una proporción significativa de estos reclamos tras la intervención administrativa del Gobierno.

La situación es especialmente crítica para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo. Organizaciones como Pacientes de Alto Costo reportan que, a nivel nacional, solo el 40% de los afiliados a Nueva EPS recibe actualmente los medicamentos formulados, una caída drástica frente a niveles superiores al 90% registrados en años anteriores. En algunas regiones del Caribe y el suroccidente del país, el acceso a fármacos esenciales es descrito como intermitente o inexistente.

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A esta problemática se suma la limitada capacidad instalada para la realización de exámenes especializados. En varias ciudades intermedias no se cuenta con equipos suficientes para diagnósticos como resonancias o estudios oncológicos avanzados, lo que obliga a trasladar a los pacientes a otras capitales, incrementando los tiempos de espera y los costos logísticos del sistema.

Pese al aumento sostenido de quejas y alertas emitidas por asociaciones médicas y de pacientes, persisten cuestionamientos sobre la respuesta de los entes de control. Dirigentes de organizaciones civiles han señalado la ausencia de investigaciones de fondo y el incumplimiento de compromisos asumidos por la intervención de la EPS para normalizar la entrega de medicamentos y la atención prioritaria.

Mientras tanto, los indicadores muestran que la crisis ya trasciende lo administrativo. Expertos en salud pública advierten que las barreras de acceso, sumadas a la falta de tratamientos oportunos, están generando un riesgo sistemático para la vida y la integridad de miles de usuarios, lo que configura una vulneración al derecho fundamental a la salud en amplias zonas del país.

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