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Los testimonios de las mujeres que pusieron en evidencia al capturado urólogo Alberto Posada
Declaraciones de cómo abusó de su posición de médico.
Las denuncias de decenas de mujeres contra el urólogo Alberto Posada han reactivado un proceso judicial en Medellín que, según las autoridades, acumula antecedentes de casi tres décadas y expone fallas en los mecanismos de control sobre el ejercicio médico en el país.
De acuerdo con información conocida, cerca de 50 mujeres han presentado denuncias por presuntos abusos sexuales ocurridos durante consultas médicas, lo que llevó a la Fiscalía a designar un fiscal especializado para investigar el caso.
Los relatos coinciden en un mismo patrón: procedimientos que no guardaban relación con el motivo clínico de la consulta, preguntas de contenido íntimo y prácticas que, según las denunciantes, derivaron en vulneraciones a su integridad.
Marcela Sierra, una de las mujeres que decidió hacer pública su experiencia, relató que acudió a consulta confiando en la reputación del especialista. Sin embargo, lo que ocurrió —según su testimonio— dejó secuelas personales prolongadas.
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Durante la atención, el médico habría realizado maniobras ajenas al tratamiento por cálculos renales. “De un momento a otro empezó a hacerme un tacto vaginal. Yo decía: ‘¿Qué tiene que ver esto con cálculos en los riñones?’”, narró.
A partir de ese momento, el procedimiento tomó un giro que calificó como irregular: “Me decía que cerrara los ojos, que si eso me excitaba, que moviera mi pelvis, que cuál era la posición que más me gustaba”.
Sierra aseguró que el episodio se extendió por varios minutos, en los que intentó resistirse, hasta que el médico concluyó la consulta sugiriendo una nueva cita para un examen “más profundo”.
En su caso, las consecuencias no se limitaron al momento de la consulta. “Fue el que me terminó generando un daño profundo en mi autoestima y en mis relaciones”, afirmó.
Otro testimonio, el de Natalia Aristizábal, ubica hechos similares a mediados de 2005. Según relató, acudió por problemas renales y el médico introdujo explicaciones sobre el aparato reproductivo femenino para justificar procedimientos que no consideró pertinentes.
“Yo fui confiando en él. Él me sacó un libro y empezó a explicar que el aparato reproductivo femenino tenía que ver también con los riñones”, recordó.
Durante la consulta, pese a manifestar incomodidad, el procedimiento continuó. Incluso, señaló que desde el consultorio le transmitieron que “no pasaba nada”, a través de la secretaria.
Ambas versiones coinciden en la dificultad para identificar de inmediato el abuso, debido a la relación de confianza que implica la consulta médica y, en algunos casos, vínculos previos entre el profesional y las familias de las pacientes.
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Las denuncias actuales no corresponden a hechos aislados. Según los antecedentes conocidos, los primeros señalamientos contra Posada datan de finales de los años noventa.
La única sanción impuesta por el Tribunal de Ética Médica de Antioquia fue una suspensión de seis meses, considerada la máxima medida posible en ese momento. No obstante, esa sanción no se ejecutó.
Años después, en 2017, se reportó que el médico continuaba ejerciendo pese a estar inhabilitado, lo que evidenció vacíos en la vigilancia institucional.
Otros procesos posteriores tampoco derivaron en sanciones de fondo. Un caso denunciado en 2006 se conoció públicamente en 2008 y fue cerrado en 2011 sin consecuencias disciplinarias.
Este historial, sumado a la ausencia de nuevas denuncias formales durante varios años, permitió que el especialista siguiera atendiendo pacientes en consultorios privados de la ciudad.
El caso tomó un nuevo impulso en 2026, cuando múltiples mujeres comenzaron a relatar experiencias similares. Inicialmente se habló de más de 20 denuncias, cifra que posteriormente aumentó hasta cerca de 50.
Las denunciantes describen prácticas como tocamientos indebidos, preguntas de carácter sexual y procedimientos injustificados dentro de consultas médicas.
Ante la magnitud de los testimonios, la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y designó un fiscal especializado, mientras entidades locales activaron rutas de atención para las víctimas.
Para varias de las mujeres, hacer públicos sus relatos implicó enfrentar años de silencio. Algunas explican que la decisión estuvo motivada por la posibilidad de evitar que otras pacientes pasaran por situaciones similares.
“Lo más duro fue darme cuenta de que alguien cercano estaba a punto de pedir cita con él”, relató una de las denunciantes, al explicar por qué decidió contar su experiencia.
Los testimonios también reflejan cómo el contexto médico —marcado por la autoridad del profesional— dificultó cuestionar lo ocurrido en el momento de los hechos.
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