Panamá impone impuesto del 15% a empresas fantasma para salir de la lista negra fiscal de la UE

Panamá dio un paso importante en su estrategia para fortalecer la transparencia fiscal y mejorar su imagen ante la comunidad internacional. El país aprobó una reforma que obligará a las empresas sin actividad económica real en territorio panameño a pagar un impuesto del 15%, una medida dirigida especialmente a las denominadas empresas fantasma utilizadas para administrar ingresos generados en el exterior.

La iniciativa fue aprobada por la Asamblea Nacional y posteriormente sancionada por el presidente de Panamá, Raúl Mulino, quien celebró la decisión del Legislativo y destacó la importancia de la reforma para el futuro económico y financiero del país.

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Durante la última década, Panamá ha enfrentado un fuerte escrutinio internacional debido a su condición de centro financiero offshore. La situación se intensificó tras la divulgación de los Papeles de Panamá, investigación que expuso el uso de sociedades constituidas en el país para ocultar activos y reducir obligaciones tributarias en otras jurisdicciones.

Con la nueva legislación, las autoridades buscan fortalecer los requisitos de sustancia económica para las empresas registradas en el país. A partir de ahora, las compañías deberán demostrar que cuentan con oficinas, personal y operaciones comerciales reales en Panamá si desean conservar la exención tributaria sobre los ingresos obtenidos en el extranjero.

La reforma mantiene beneficios para aquellas empresas que generan rentas fuera del país, pero que acrediten una presencia económica significativa dentro del territorio panameño. En contraste, las sociedades que no puedan demostrar actividad real estarán sujetas al nuevo gravamen del 15%.

Uno de los principales objetivos de la medida es facilitar la salida de Panamá de la lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal elaborada por la Unión Europea, en la que permanece desde 2020. De hecho, las autoridades panameñas han reconocido que este fue uno de los principales incentivos para impulsar la reforma.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, calificó la iniciativa como el elemento más importante dentro de la estrategia para lograr la exclusión del país de la denominada lista negra fiscal europea.

Pese al endurecimiento de las reglas, expertos consideran que la industria offshore panameña seguirá siendo competitiva. Según Mauricio Marín, la reforma incrementará los costos operativos de las estructuras corporativas, pero también podría generar nuevas oportunidades de empleo y mayores demandas de servicios profesionales y legales.

El especialista señaló que otras jurisdicciones reconocidas por sus servicios financieros internacionales, como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, han implementado requisitos similares de sustancia económica sin afectar significativamente la actividad de sus industrias offshore.

Actualmente, Panamá es el único país latinoamericano incluido en la lista de jurisdicciones no cooperativas de la Unión Europea, un grupo integrado por diez territorios y países señalados por deficiencias en materia de transparencia y cooperación fiscal.

Con esta reforma, el gobierno panameño espera fortalecer la credibilidad de su sistema financiero, mejorar su relación con organismos internacionales y avanzar en su objetivo de abandonar una clasificación que ha afectado su reputación en los mercados globales durante los últimos años.

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